| 8/21/2013 6:00:00 PM

La Constituyente del 91

El 4 de julio de 1991 las instituciones económicas del país conquistaron una amplia franja de independencia y autonomía.

Ninguna antología, cronología o inventario sobre las fechas convertidas en hitos del cambio de la economía colombiana puede prescindir del 4 de julio de 1991. Ese día los tres integrantes de la presidencia colegida de la Asamblea Nacional Constituyente, Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe proclamaron de viva voz la adopción de una nueva Constitución Política que ha resultado clave en la toma de decisiones sensibles sobre políticas monetaria y fiscal, por ejemplo, y en la evolución de los derechos económicos de los ciudadanos.

Aquel 4 de julio concluyeron 150 días de frenesí y ni los imponderables, ni los intentos de contrarreforma, que aún medran alrededor de su espíritu, han logrado dar al traste con la principal obra política del siglo XX.

Sobre ellos hay innumerables recuerdos. Faltando unos minutos para cerrar definitivamente las deliberaciones, pidió la palabra el constituyente Alberto Zalamea y, con la solemnidad y seriedad que le eran características, presentó la siguiente proposición: “Adóptase como Constitución de la República de Colombia, la expedida en el año de 1886”. Fue el único Constituyente que no firmó el texto de la nueva Carta Fundamental.

La promulgación de la Carta se hizo en el Capitolio Nacional, con el Presidente de la República, magistrados, altos mandos militares y policiales, cuerpo diplomático, obispos y pastores, representantes del sector social y comunitario, medios de comunicación, todo el notablato nacional. Los constituyentes firmaron el primer ejemplar de la gran obra de una manera simulada: habían mandado caligrafiar en letra especial la primera edición, pero el trabajo no llegó a tiempo y estamparon las rúbricas en papeles en blanco.

La Asamblea había conferido al doctor Carlos Lleras de la Fuente, asistido por varios compañeros constituyentes, la labor de revisar todo el trabajo, localizar adecuadamente los mandatos, volver coherentes las distintas materias, cuidar que estuviese bien definida la filosofía del nuevo Estatuto y hacer correcciones de estilo. Solo que para guardar bien el articulado y protegerlo de cualquier intento malsano de modificaciones inapropiadas o extemporáneas, se hizo uso de un computador sofisticado para la época. El trabajo se encriptó y guardó bajo clave. Hubo explicable esmero en la vigilancia. Tanto, que cuando se fue a buscar el articulado, no apareció. Por fortuna se habían conservado los borradores.

Pero estos imponderables fueron mínimos comparados con las presiones de narcotraficantes y de algunos actores armados quisieron ejercer. El constituyente Augusto Ramírez Cardona, elegido por el M-19, y quizá el único que no participó en deliberación alguna, se prestó para una patraña. Grabó un video en el que supuestamente los narcotraficantes enviaban con él un soborno para que se prohibiera la extradición. El señor Joe Toff, jefe de la DEA, declaró que todo había sido un montaje.

La Asamblea no cayó en tentaciones tales como la de otorgarse poderes omnímodos o ampliar el término de sus deliberaciones. Por eso fue particularmente difícil interpretar y hacer cumplir una suerte de clamor nacional para revocar al Congreso recién elegido. El expresidente Alfonso López Michelsen acompañó a los constituyentes a la Casa de Nariño para consultarle al presidente César Gaviria una eventual decisión sobre el tema. López propuso con éxito que todos los constituyentes se declararan impedidos para aspirar a las cámaras legislativas inmediatamente después de la revocatoria.

En materia económica fueron muchos los hechos trascendentales que trajo consigo la nueva Carta. La consagración de la autonomía del Banco de la República fue una decisión sustancial.

Para dinamizar el control fiscal sobre el manejo de los recursos públicos, hubo consenso sobre la eliminación del control previo en la Contraloría. La llegada a la escena institucional de entidades nuevas como la Auditoría y la Contaduría Generales anunció una nueva época en el ordenamiento, vigilancia y manejo de los recursos públicos.

Se tomaron decisiones sobre el funcionamiento del Congreso Nacional. La moción de censura fue presentada en sociedad. Se atribuyó al Consejo de Estado la facultad de disponer la pérdida de investidura de congresistas. Desaparecieron los auxilios parlamentarios. 

Se creó la Tutela como instrumento para garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales; también las acciones populares y colectivas con capacidad para hacer valer derechos económicos de personas y comunidades. Se estableció una garantía a los derechos laborales y se ordenó la expedición del Estatuto del Trabajo, compromiso que hasta ahora no se ha cumplido.

A partir de la reforma de 1936, impulsada por Alfonso López Pumarejo, la Constituyente definió que “la propiedad es una función social que implica obligaciones”, y agregó que tiene funciones ambientales. De la actividad empresarial se dejó sentado que también tiene funciones sociales. Se determinó que el Estado tiene la dirección de la economía y se consagró el principio del intervencionismo en situaciones que lo ameriten. Quedó establecido que el “interés común prima sobre el interés particular”.

Si bien se reconoció la propiedad privada y la libertad de empresa, muchos asociaron la nueva Constitución con los fundamentos del neoliberalismo, tan en boga durante la época en que sesionó la Constituyente.

Muchas otras determinaciones se tomaron para elaborar una obra seria, progresista, democrática, moderna, garantista y a tono con las corrientes humanistas de la sociedad mundial. Hay quienes la critican y otros se han dedicado a modificarla por medio de Actos Legislativos, en lugar de legislar sobre tantos aspectos necesarios que se mantienen inéditos. Pero pocos discuten que la institucionalidad económica del país ganó en independencia y autonomía. (Lea en Dinero.com el artículo La Constitución de 1991, escrito por Horacio Serpa).
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