| 11/9/2017 12:01:00 AM

Empresarios se enfrentan a la incertidumbre del proceso de paz

Aunque el Gobierno ha desestimado los riesgos, los empresarios han manifestado inquietudes en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, hay tensión en el sector empresarial.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la columna vertebral de los acuerdos con las Farc. La encargada de definir la situación jurídica de los principales responsables en el conflicto que reciban penas alternativas y para ello deben confesar la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

Sin embargo, la coyuntura se está complicando cada vez más. Si bien ya fue aprobado el Acto Legislativo No. 1 de 2017, en la actualidad en el Congreso se tramita, vía fast track, la Ley Estatutaria para reglamentar la JEP.

Hoy este trámite tiene serias dificultades. Por una parte, por los tiempos, pues el mecanismo de fast track vence el 30 de noviembre y, si no se logra sacar adelante, hacerlo por la vía ordinaria representaría un proceso mucho más lento y dilatado y en medio del debate electoral. A esto hay que sumarle que la Ley Estatutaria tendrá un estudio posterior de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

Por otro lado, tras el retiro de Cambio Radical de la coalición de gobierno, las mayorías en el Congreso son precarias y el ambiente se nota tenso y enrarecido, a pesar del anuncio de aumentar las jornadas para la discusión en el parlamento.

Pero no son las únicas dificultades. Al cierre de esta edición, la Corte Constitucional estaba alistando su proceso de votación de la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero sobre el Acto Legislativo No. 1, que –aunque pide que se declare exequible– tendría modificaciones sustanciales, en especial en lo que respecta a la participación en política y ocupar cargos públicos antes de pasar por la JEP. Este es hoy el mayor punto de tensión en el país entre los opositores del acuerdo y quienes lo apoyan. Cumplir las sanciones, adelantar sus campañas y desempeñar puestos en el sector público son “materialmente irreconciliables”, pues, –según un análisis de Semana– la pena y la participación política al mismo tiempo llevarían a escenarios inconstitucionales, como que la sanción impuesta se vuelva un elemento apenas figurativo.

Recomendado: Hay algo oculto en proyecto sobre monopolio de armas: Consejo Gremial

Los empresarios se han convertido en jugadores clave en la discusión de la Ley Estatutaria.

¿Por qué? Para algunos de ellos no hay certeza en cuanto a si un delito cometido por causa del conflicto tiene las mismas características de una relación directa y determinante; y tampoco cuál será el papel de los terceros en esta discusión y por cuenta de quién debe correr la carga de la prueba. Además, hay dudas en procesos de compulsas de copias por parte de la Fiscalía y en lo referente a las sanciones en actos violentos en marchas y protestas sociales. Estas situaciones han generado la inquietud de que la JEP se pueda convertir en una eventual cacería de brujas contra empresarios que tuvieron que pagar vacunas y extorsiones para poder operar en zonas de conflicto en el país y que, por cuenta de ello, puedan terminar vinculados en procesos.

También los empresarios están atentos a las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI). El exministro y presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, en una reciente columna titulada la Tormenta perfecta, habla de la responsabilidad de terceros de cara a la CPI. "Tampoco le parecen adecuadas a la Fiscal Bensouda las definiciones relativas a la responsabilidad penal de terceros: o sea, de quienes de modo indirecto, y en condición de cómplices, participaron en el conflicto. Lo precisa de esta manera: “Si una empresa privada financia a un grupo armado involucrado en la comisión de los crímenes es irrelevante si el apoyo económico estaba específicamente dirigido a la comisión de los crímenes o apuntaba a la supervivencia del grupo”. Pésimo mensaje para los empresarios que hayan “comprado” protección de grupos ilegales”, escribió Botero.

El propio presidente Juan Manuel Santos ha tratado de bajarle el tono al debate y a las preocupaciones del sector privado y ha advertido que la justicia transicional no se trata de una cacería de brujas. “Es para cerrar el conflicto. No es para dejarlo abierto, no es para mantener vivas las heridas, ni la sed de venganza. Yo soy el más interesado en que esto se cierre lo más pronto posible”, dijo en la entrega que hizo el Consejo Privado de Competitividad (CPC) del Informe de Competitividad el pasado 2 de noviembre.

Foto: Juan Manuel Santos Presidente de Colombia / “A quién se le ha ocurrido semejante estupidez”, dijo Santos al comentar lo que califica como una noticia falsa: que a través de la JEP van a meter a todos los empresarios a la cárcel. 

Aún hay preocupaciones por parte de empresarios –porque, si bien el Gobierno puede incluir esos cambios en los proyectos, en el Congreso podrían tomar otro rumbo–, también es cierto que el sector empresarial no se ha marginado de la polarización política en el país.

Como advierte un empresario, el plebiscito de octubre del año pasado, que se definió por un porcentaje pequeño a favor del No, dejó una fractura profunda en la sociedad. “Estamos en que la paz con las Farc es la guerra figurada en la sociedad civil colombiana”, dice.

Puede interesarle: Avanzan beneficios para quien cree empresa en zona de conflicto

Uno de los ejemplos de esta situación se está dando precisamente de cara al trámite del proceso de paz. Dos grupos de empresarios –incluso algunos en ambos lados– están liderando las discusiones frente al Gobierno y al Congreso. Por una parte, el Consejo Gremial Nacional (CGN), que recoge 21 gremios del país (Acolfa, Acopi, Acoplásticos, Andi, Analdex, Andesco, Asobancaria, Asocolflores, Asofondos, Asofiduciarias, Asocaña, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fedepalma, Fasecolda, Fedegan, Fenalco y la SAC). Por otra, un grupo que surgió el año pasado, que se denomina Consejo de Empresarios por la Paz Sostenible, nacido a instancias del Consejo Privado de Competitividad, y en el que participan empresarios individuales y gremios como la Andi –que lo preside–, la SAC, Confecámaras, la Asociación Colombiana de Petróleo, la de Minería y Camacol, muchos de ellos también con asiento en el CGN.

Foto: Jorge H. Botero, Presidente de Fasecolda y exministro de Comercio / El exministro Botero ha advertido en algunas columnas la preocupación jurídica y constitucional de la JEP.

En la reglamentación de la JEP, si bien en aspectos clave de cara al sector empresarial prácticamente coinciden en todos; se distancian en otros, fundamentales en la discusión, como la participación en política de las Farc antes de pasar por la JEP.

Tan cerca…

Las preocupaciones en el sector empresarial pasan por distintos frentes y se han concentrado especialmente en los terceros que deben ir a la JEP, la carga de la prueba en cabeza del Estado, la compulsa de copias de la Fiscalía y la extinción de responsabilidad y sanción penal por delitos relacionados con la protesta social.

“Yo no creo, amigos empresarios, que la JEP sea el monstruo que algunos dicen. Confío en que aplicará a quienes determinantemente patrocinaron crímenes atroces o a los particulares que por conveniencia acudan a ella”, dijo Antonio Celia, presidente del Consejo Directivo del CPC, en la entrega del Informe de Competitividad.

Foto: Antonio Celia, Presidente del Consejo Directivo del CPC / Celia cree que la JEP no es el monstruo que algunos dicen y que se aplicará a quienes determinantemente participaron en crímenes atroces.

“En cuanto a la protesta social, sí que hay que tener particular cuidado en sus reglamentaciones. Si bien es cierto que estas, justificadas y pacíficas, hacen parte de los mecanismos de una democracia, no pueden ser la forma permanente de relacionarse en una sociedad y debe, cuando se realice, esperar siempre el bien común. Demasiado nos han costado a todos los paros y bastante tenemos con los excesos de las consultas previas, y peor aún con las consultas populares. (…) La libertad necesita orden y cumplimiento y el Estado debe ser el garante”, agregó Celia durante el evento.

Puede interesarle: Bienes de las Farc pasarán a manos de la SAE

Pero estas advertencias no eran nuevas. Apenas unos días antes del pronunciamiento de Celia, el CGN lanzó una serie de alertas sobre las preocupaciones de los empresarios frente a la discusión de la Ley Estatutaria de la JEP en el Congreso.

El pasado 24 de octubre, en un documento, el CGN advirtió su preocupación por la falta de claridad y precisión en relación con la definición de la competencia de la JEP. “La JEP quedaría de facto dotada para definir con todos los grados de libertad su propia competencia, incluso, subordinando la Justicia Penal Ordinaria a las determinaciones de esta jurisdicción temporal. La JEP que se reglamenta en esta ley estatutaria debe ser excepcional, transitoria y restrictiva”, señala el documento.

Frente a la vinculación de terceros a la JEP, el CGN agrega que “esto implicaría una vulneración del principio de juez natural que exige la definición previa del juez competente a la comisión de los hechos, al tiempo que le es contrario a los compromisos internacionales de Colombia en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y a la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

También resultan inadmisibles para el CGN los beneficios que contempla el proyecto de ley, orientados a extinguir la responsabilidad y sanción penal de las personas que hayan cometido delitos relacionados con las asonadas, los disturbios y la protesta pacífica: “esas concesiones no guardan relación con el grupo guerrillero ni con el conflicto armado y pretenden beneficiar judicialmente a los movimientos sociales afines a las Farc, con lo cual se desbordan los objetivos planteados de la justicia transicional”.

Recomendado: Siete emprendedores que le aportan a la paz y se la juegan toda en el posconflicto

El concepto de la justicia prospectiva que fue introducido “no tiene precedentes en el sistema judicial colombiano y genera una enorme inseguridad jurídica”.

El CGN también se pronunció en relación con la participación política de las Farc y aseguró que “este proyecto de ley debe garantizar que se cumpla, en primer lugar, con la sanción y reparación a las víctimas para luego sí facilitar el ejercicio de los derechos políticos en los órganos de representación popular. Hacer lo contrario desnaturalizaría la función judicial de la JEP y premiaría a quienes hayan cometido graves delitos contra el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.

Tras conocerse esta comunicación, el presidente Santos pidió a Guillermo Rivera, ministro del Interior, atender las inquietudes del CGN. Según Santiago Castro, presidente del CGN y de Asobancaria, se han dado algunos avances, por ejemplo en la vinculación de terceros a la JEP. “La ponencia recoge buena parte de nuestras preocupaciones, aunque seguimos afirmando que la JEP es principalmente para combatientes y de manera excepcional para terceros responsables”, dice Castro.

Foto: Bruce Mac Master Presidente de la Andi y del Consejo de Empresarios por la Paz y Santiago Castro Presidente de Asobancaria y del CGN / Mac Master dejó en manos de la Corte Constitucional el debate de la participación en política de los exguerrilleros de las Farc antes de pasar por la JEP. / Según Castro, vocero del CGN, para ejercer sus derechos políticos los exmiembros de las Farc deben pasar primero por la JEP.

En ese sentido, Hernán Penagos, representante a la Cámara ponente del proyecto, señala que los empresarios han insistido sobre dos frentes: el primero, que en el tema de las compulsas de copias fuera la Fiscalía la que depurara lo que iba a la JEP. Y, el segundo, que quedara claro que solo podrían ir a la JEP eventualmente aquellos que cometieran delitos graves y que su participación sea activa y determinante.

Frente a la justicia prospectiva, Castro señala que el Gobierno entendió que era muy riesgoso y se retiró de la ponencia.

… Pero tan lejos

Sin embargo, el punto más álgido ha sido en torno a la participación en política de las Farc. Castro advirtió que el ministro del Interior los escuchó, pero su opinión es contraria a la del Gobierno. “Para ejercer sus derechos políticos (las Farc) deben acudir a la JEP. Nos respalda el contenido de la carta de la Fiscal de la CPI y otras vocerías de sectores de la sociedad, que consideran que esto sería un muy mal precedente”, señala Castro.

Puede interesarle: "Sabemos que las Farc tienen dinero": Asobancaria

Fue allí donde estalló otro hecho derivado del pronunciamiento del CGN. Carlos Lozada, dirigente de las Farc, mandó un trino explosivo: “Si las Farc, antes de hacer política deben pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”.

La respuesta no se hizo esperar: “cuando uno ve reflejados cuáles son los verdaderos propósitos de las Farc, plasmados en el tuit de Lozada, de llevarnos a la JEP, ahí es cuando decimos que están fundadas las preocupaciones”, dijo Castro a Dinero.

El domingo 29 de octubre, en el diario El Tiempo, Yamid Amat hizo dos entrevistas sobre la posición de los empresarios de cara a la JEP. Una a Castro, presidente del CGN, y otra a Bruce Mac Master, presidente de la Andi y del Consejo de Empresarios por la Paz.

En ellas, Castro ratifica las preocupaciones planteadas por el CGN y Mac Master confirma algunas otras. Por ejemplo, para el presidente de la Andi es necesario asegurar que no haya una cacería de brujas, ni un espíritu revanchista, ni que personas que fueron víctimas del conflicto sean consideradas victimarios. “Sería equivocado interpretar que la gente extorsionada o coaccionada durante años –como sucedió en el campo colombiano–, la empresa colombiana, fueran consideradas victimarias o financiadores de las Farc, cuando realmente fueron víctimas de ellas”, dijo en la entrevista.

Mac Master agregó en esa entrevista que se mantiene el principio esencial del derecho, según el cual la carga de la prueba de alguien que eventualmente sea vinculado a un proceso esté en cabeza del Estado. Y dijo que las solicitudes hechas al ministro del Interior fueron incluidas dentro de la ponencia.

Sin embargo, persiste una diferencia: mientras para Castro, como vocero del CGN, es inaceptable que los exmiembros de las Farc puedan ser candidatos, cuando ni siquiera han pasado por la JEP; Mac Master dejó el tema en manos de la Corte Constitucional, a quien instó para que se pronuncie lo antes posible.

¿Fisuras o problemas de tono?

La composición del CGN, como la del Consejo de Empresarios por la Paz es muy variopinta: hay gente que apoya al Gobierno y otros alineados con la oposición que encabeza el expresidente Uribe.

Como reconoció Celia en el evento de competitividad, no todos los miembros del Consejo de Empresarios por la Paz votaron Sí en el plebiscito. Por su parte, fuentes del CGN advierten que al interior hay opiniones distintas, pero que cuando hay pronunciamientos oficiales y públicos se hacen de manera unánime.

Lea también: Licencias ambientales se dinamizan con el acuerdo de paz

Las tensiones surgieron el año pasado, cuando se creó el Consejo de Empresarios por la Paz Sostenible para hacer seguimiento a los acuerdos de La Habana. Se invitaron algunos empresarios y gremios a formar parte de él y llegó Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, y quien en ese momento era la cabeza del CGN. Al interior del CGN hubo diferencias entre algunos de los dirigentes, pues aunque se alcanzó a presentar una propuesta para ingresar al Consejo de Empresarios por la Paz, unos consideraron que se estaba cediendo su poder de representación y hubo oposición interna en contra de la propuesta, ya que se consideraba que debilitaría la institucionalidad gremial.

Uno de los principales asesores del Consejo de Empresarios por la Paz fue Frank Pearl, exnegociador y hoy precandidato a la Presidencia. Esta situación fue un argumento adicional a la decisión de la CGN de no participar en el Consejo, pues –como explican algunos– si había críticas al proceso no se iba a elegir de vocero a quien había participado en la negociación.

Muchas de las iniciativas del Gobierno pasaban por el Consejo de Empresarios para sus comentarios. El CGN hizo el reclamo para que se reconociera su institucionalidad y solicitó que también se le tuviera en cuenta para los comentarios. Y así lo hizo el Gobierno.

Durante varios meses, la situación se mantuvo así, y tanto el CGN como el Consejo de Empresarios por la Paz decidieron manejar con prudencia las discusiones de los proyectos, entre ellos, por ejemplo, la Ley de Tierras, donde no debía quedar duda de la propiedad privada adquirida con transparencia y bajo las normas legales.

Siguieron las reuniones con el Gobierno a instancias de algunos ministros –como Interior y Justicia– y hubo otras con el Fiscal General. Además, la interlocución con los congresistas empezó a ser más fluida, pero también la tensión empezó a subir y el CGN decidió hacer pública su posición. Según fuentes gremiales, fue por unanimidad. “Se tramita por correo electrónico y se aprueba. Si no se hace y pasa un tiempo determinado, se da como silencio positivo. Si al menos un gremio hubiera hecho reparos, el pronunciamiento no hubiera salido a la luz pública”.

¿Hay división en el estamento empresarial? En lo concerniente a las preocupaciones de los empresarios frente a posibles vinculaciones en la JEP, las coincidencias son casi en todo. La diferencia tiene que ver con la participación en política de la Farc y en el tono con el que se han pronunciado. “No hay elementos para decir que hay una divergencia. Pero el tono es diferente”, dice un vocero gremial.

Este año se vence el periodo de Santiago Castro como presidente del CGN y la elección del próximo presidente podría interpretarse como un mensaje de esta organización gremial de lo que vendrá en un año electoral.

Recomendado: Mininterior acoge algunas propuestas del Consejo Gremial para la JEP

Lo que en el fondo ocurre es que hay diferencias de enfoque, pero coinciden –unos y otros– en que la implementación del acuerdo debe avanzar. Mac Master, en la entrevista de El Tiempo, señala que “independientemente de las posiciones políticas la responsabilidad de todos los colombianos en este instante es coadyuvar para que la implementación de la JEP salga lo mejor posible”.

Castro, por su parte, advierte que “el Consejo Gremial Nacional no le apuesta a que la Ley Estatutaria se caiga. Le apuesta a que salga bien. No hacemos estas observaciones para ponerle un palo en la rueda sino para enriquecer el debate y asegurar que tenga el máximo blindaje posible”.

Pero, más allá de las diferencias, tal vez el mejor resumen de la situación la hizo un dirigente empresarial: “Ya estamos más allá de la mitad del río y es muy complicado devolverse. Se podrán hacer ajustes, pero ciertamente no se trata de tirar todo al piso y arrancar de nuevo. Tiene un valor importante haber logrado el desmantelamiento de las Farc, hay que preservar un proceso de reinserción de ellos a la vida civil y política del país y en general se podría decir que están comprometidos con el proceso y eso tiene valor. Hacer trizas el proceso no tiene sentido, las amnistías e indultos ya concedidas son irreversibles, porque generan derechos adquiridos en quienes los recibieron. Que se caiga esa estantería sería muy grave”.

El lío

Al cierre de esta edición, la Corte Constitucional se aprestaba para definir la constitucionalidad del Acto Legislativo No. 1. Según Semana, de los 7 magistrados dos están impedidos y para que haya sentencia se requiere mínimo de cinco votos. La votación está programada para el jueves 9 de noviembre. Sin embargo, si no se alcanzan los cinco votos, la Corte tendría que acudir a conjueces. Esto alargaría la discusión al menos dos semanas más y en el Congreso se está a la expectativa del fallo para sacar adelante la Ley Estatutaria y el 30 de noviembre se vence el plazo del fast track.

Foto: El Congreso está en una carrera contrarreloj en el trámite de la Ley Estatutaria porque el fast track vence el 30 de noviembre.

Es lo que algunos analistas han llamado la trampa institucional, porque podría darse que el Congreso esté resolviendo antes de que la Corte Constitucional dicte su fallo. El proceso de la JEP es complejo, porque tiene que pasar por el Congreso tres veces en ocasiones distintas y tres veces por la Corte Constitucional antes de funcionar: en el Acto Legislativo que la crea, en la Ley Estatutaria en trámite y tiene que haber una Ley Procesal que deben redactar los magistrados de la JEP y el Gobierno llevarla al Congreso para que la apruebe. Y cada acto del Congreso debe ir a la Corte Constitucional.Los más optimistas ponen a la JEP a entrar a funcionar en marzo o abril del próximo año y en 2020 las primeras sentencias. Ya el exministro Jorge Humberto Botero había advertido en una columna titulada la Tormenta perfecta la situación: “A menos que la Corte decida literalmente ya, el Gobierno no tendría más remedio que afanar la expedición de la Ley Estatutaria, a sabiendas de que poco después la Corte podría demolerla o modificarla en aspectos sustanciales”.

Agrega Botero en su columna otra situación y es el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) . Una de las situaciones es que la posibilidad de que las determinaciones de los jueces ordinarios puedan ser revocadas por la JEP “ha conducido a la parálisis del aparato judicial. Este es factor que aumenta el riesgo de que la CPI nos caiga encima”.

Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry considera que la lógica del Tratado de Roma es que si el Estado no es capaz de juzgar los crímenes de lesa humanidad, los juzga la comunidad internacional. “El llamado de atención de la Fiscal de la CPI está en que tal como están diseñando la JEP podría haber impunidad y si hay impunidad entran ellos, pero siempre de manera sustituta, una vez se compruebe que el Estado no los puede juzgar. Yo diría que estamos lejos de que nos caiga, porque nos está avisando y advirtiendo sobre lo que no está claro”, dice.

Puede interesarle: Excombatientes de las Farc tendrán cuentas en el Banco Agrario

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 530

PORTADA

Empresarios se enfrentan a la incertidumbre del proceso de paz

Aunque el Gobierno ha desestimado los riesgos, los empresarios han manifestado inquietudes en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, hay tensión en el sector empresarial.