| 10/12/2017 12:01:00 AM

El caso de Luz Mary Guerrero es la punta del iceberg en el caso Servientrega

El caso de Luz Mary Guerrero es apenas el inicio de una cruzada de las autoridades por develar los entramados de la corrupción corporativa. Vienen otras investigaciones y la lupa estará puesta sobre más empresas.

En abril del año pasado se destapó uno de los escándalos más sonados en el mundo empresarial y tributario, y también una de las mayores filtraciones financieras de la historia. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló más de 11,5 millones de documentos relacionados con cerca de 14.000 clientes del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, en lo que se conoció como el caso de los Papeles de Panamá (Panama Papers).

Cientos de empresas y personas en todo el planeta –entre ellas el presidente de Rusia, Vladimir Putin; Mauricio Macri, presidente de Argentina; el futbolista Lionel Messi y muchas otras personalidades– quedaron expuestas por posible evasión de impuestos y otras conductas irregulares.

En el capítulo Colombia de esta novela, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) empezó el proceso de verificación de la información y luego trasladó sus hallazgos a la Fiscalía General de la Nación para que investigara conductas que pudieran implicar delitos.

Lea también: Representantes legales del Grupo Servientrega van a la cárcel por lavado de activos

Esta estrategia incluía una novedad sutil, pero con carga de profundidad; la decisión de la autoridad tributaria y de la Fiscalía no era encausar las investigaciones sobre la premisa de siempre: buscar quiénes estaban utilizando estos sofisticados entramados empresariales para lavar dinero del narcotráfico o del terrorismo.

Obviamente eso siempre estará en el radar, pero ahora lo que las autoridades buscan son posibles conductas punibles asociadas a lo que hasta hace muy poco tiempo era visto como una simple infracción: evadir impuestos, engañar socios o incumplir cualquier tipo de obligación empresarial.

Tal como lo dice el economista Juan Ricardo Ortega en su columna de esta edición, “los principales evasores de impuestos son personas reconocidas, valiosas y admiradas en sus círculos sociales. Decirles evasores es un agravio y ladrones, algo imperdonable. Genuinamente creen que le han dado mucho más al país de lo que el país les ha dado a ellos. Ellos duermen tranquilos”.

Así, la decisión de estas dos entidades significa que han encontrado una nueva cantera de malas prácticas que ahora se van a pagar con la cárcel; ese es el giro radical en esta historia.

Por eso la Dian y la Fiscalía empezaron a trabajar mancomunadamente con la colaboración de las autoridades de Panamá. El pasado 4 de octubre, el ente acusador anunció los primeros resultados de las investigaciones y ordenó la captura de la reconocida empresaria Luz Mary Guerrero, fundadora de la poderosa cadena logística Servientrega y representante legal de Efectivo S.A. (Efecty), uno de los más importantes jugadores del mercado de giros en el país. Se ordenó también la captura de Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia; Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal de Efectivo y Circulante (empresa en liquidación).

Además, la Fiscalía anunció que citará a audiencia de formulación de imputación contra Pedro Julio Zambrano Pinzón, Juan Víctor Rozo Moreno y Ángela Rocío Rincón Marroquín, quienes se desempeñaban como representantes legales, contador y revisor fiscal de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S.; Claudia Patricia Aristizábal Botero, Luis Alejandro Orrego Peláez y José León Gutiérrez Carmona, quienes ejercían cargos como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.; Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A.; María Lucelly Ortiz Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexánder Serna Ramírez quienes ejercían como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S.; Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas, representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S.

Visite: Colombianos tendrían escondidos $30 billones en Panamá: Dian

Estos son los primeros siete casos de los Panama Papers en Colombia, pero en los próximos días se conocerán las decisiones de la Fiscalía en torno a otras siete firmas.

Sin duda, la figura de Luz Mary Guerrero es icónica, por tratarse de una de las historias de emprendimiento más conocidas en el país y también por las disputas que ella ha tenido al interior de su familia, con sus hermanos, por Servientrega (ver recuadro).

De acuerdo con información de la Fiscalía, el valor transado motivo de investigación, en los casos de Efecty y Circulante, es de aproximadamente US$4,5 millones, pero en total –con los 14 casos investigados– la cifra se acerca a US$11 millones.

Según Andrés Jiménez, fiscal delegado para las finanzas criminales, este es el primer proceso de judicialización del caso Mossack Fonseca en el mundo.

Todo indica que la Fiscalía ha encontrado una nueva veta para realizar investigaciones. Cabe resaltar que los delitos imputados a estas personas son falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento privado.

Este memorial de agravios debe poner a pensar a todos los empresarios sobre las implicaciones judiciales de muchas conductas que hasta no hace mucho eran simples infracciones.

Tandem exitoso

Una de las claves en esta situación es que la Fiscalía y la Dian han logrado construir una pareja ideal en materia de investigación en el caso de delitos asociados a las prácticas empresariales, pues es claro que no estamos frente a las imputaciones tradicionales. Así que se necesita mucho conocimiento para incursionar en este nuevo tipo de investigaciones.

En primer lugar, el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, como pocos, sabe de temas de mercados de valores y litigios corporativos. Fue superintendente bancario, codirector del Banco de la República y asesor de grandes grupos económicos del país en materia jurídica, tributaria y empresarial. Contrario a lo que ocurre con muchos fiscales cuando enfrentan el balance de una empresa y les cuesta trabajo entender un indicador básico de utilidad como el Ebitda, Martínez se mueve como pez en el agua en estos temas. Esa experticia marca la diferencia con sus antecesores, quienes, por ejemplo, a la hora de enfrentar investigaciones como las de Interbolsa, tuvieron que capacitarse primero en mercado de valores para entender, por ejemplo, cómo se hacía una operación repo con acciones.

Recomendado: Servientrega busca ingresar a los mercados de Brasil y Guatemala

El Fiscal, además, ha fortalecido la estructura de su delegatura para finanzas criminales con un total de 100 expertos en contaduría, auditoría y contabilidad forense. Así que, cuando se trata de desenredar entremados empresariales o de mercados de capitales, los expertos de las Fiscalía no son inferiores a nadie.

A todo esto hay que sumar la determinación del director de la Dian, Santiago Rojas, quien ahora cuenta con mayores herramientas, gracias a la reforma tributaria y a los intercambios de información financiera y tributaria con muchos otros países.

Esta suma de factores es lo que explica que, en el caso de Panama Papers, se haya empezado a mostrar resultados. Ese enfoque de investigación sobre conductas criminales al interior del sector privado deja varias lecciones para los empresarios: la primera, que la capacidad de esconder activos en el exterior es cada vez más reducida, pues el intercambio de información entre los países es más fluido y por eso las autoridades están yendo tras los que utilizan estos entramados para delinquir.

La segunda, que Colombia empieza a ponerse al nivel de otros países en las investigaciones en torno a temas corporativos, financieros, contables y tributarios y la sofisticación que ellos traen. Y, el tercero, no menor, un mensaje para abogados, contadores y tributaristas: esas profesiones liberales no pueden ser usadas para ayudar a evadir la ley, sino para cumplirla.

Impuestos y normalización

Para Colombia el escándalo y la imputación de cargos en el caso de los Panama Papers se da en un momento clave para el esquema tributario y el intercambio de información entre países, por tres razones: primero, porque la evasión de impuestos, omitiendo activos o incluyendo activos inexistentes, se considera desde este año un delito; segundo, porque el país está avanzando en un proceso de normalización y, tercero, porque hay un boom de intercambio de información financiera y tributaria con muchos países, inclusive paraísos fiscales.

Vamos por partes. Este año el país tiene abierta una ventana de oportunidad para que muchos contribuyentes normalicen su situación tributaria, declarando activos omitidos o suprimiendo pasivos ficticios de sus declaraciones. Aunque el plazo venció en mayo pasado, todavía hay una opción para que antes del 31 de diciembre próximo los contribuyentes se pongan al día y reporten, pagando intereses de mora.

Según la Dian, hasta los primeros días de octubre, cerca de 15.000 contribuyentes habían normalizado unos $21 billones. En agosto pasado, la cifra iba aproximadamente en 8.600 normalizados por $11,8 billones en activos.

Este proceso busca que los colombianos con propiedades en el exterior sinceren su situación patrimonial, pues muchos de ellos han preferido tradicionalmente no registrar lo que tienen afuera o inflar sus deudas para reducir el volumen de impuestos a pagar.

Aunque el volumen de activos normalizados es el doble del que había hace apenas dos meses, no todos están convencidos de la normalización. Unos están a la espera de una nueva reforma que podría incorporar otra amnistía. Aunque las normalizaciones eran frecuentes y recurrentes, en este caso ya la Corte Constitucional advirtió que no puede darse una ventaja para los incumplidos frente a aquellos que han honrado sus obligaciones, dejando descartada esa posibilidad. Otros prefieren tener los activos afuera sin normalizar e incluso piensan o ya han renunciado a la nacionalidad por temas tributarios. Y hay otros que todavía no creen en el intercambio de información.

Le puede interesar: La disputa entre dos hermanos mantiene en vilo a Servientrega

Más allá del valor estimado de lo que puedan tener los colombianos afuera, que para algunos –como el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega– se acercaría a los US$100.000 millones, quienes normalicen sus activos sanearán los temas tributarios y cambiarios, y no tiene implicación penal respecto de los errores y omisiones de declaraciones anteriores.

Para quienes no lo hagan el asunto se podría complicar aún más y aquí es donde la llave Fiscalía-Dian vuelve a jugar un rol clave.

Es necesario revisar de nuevo la historia: el año pasado, apenas estalló el escándalo de los Panama Papers, la Dian hizo una auditoría a la firma Mossack Fonseca, en su sede del norte de Bogotá. Allí encontró, como advierte un funcionario de impuestos, “un maremagnum” de información, de los computadores y los expedientes.

Inicialmente, en los Panama Papers aparecieron vinculados cerca de 1.400 colombianos. Sin embargo, una vez la Dian empezó a profundizar en su investigación, la cifra aumentó en cerca de 2.000. Para facilitar el proceso, las autoridades empezaron a realizar un ejercicio de nodos y redes en torno a las sociedades y los flujos de dinero entre ellos y quienes tenían mayores movimientos. Eso redujo el número en cerca de 400 donde se concentraba ese maremagnum de información y se priorizaron 120 que habían hecho giros significativos al exterior.

Ya hacia agosto y septiembre de 2016, la Fiscalía y la Dian empezaron a compartir información y las señales –en algunos casos– no eran tan transparentes, ya que se podría estar gestando una maniobra clara de refacturación; es decir, vender facturas falsas de prestación de servicios a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior. Al final del proceso había en la mira 14 entidades que fueron las que la Fiscalía puso en la lupa para su investigación.

Esta historia pone en evidencia que el canal de comunicación entre las dos autoridades (Fiscalía y Dian) es hoy mucho más efectivo.

Es en este contexto que hay que entender la aparición de un nuevo delito incluido en la más reciente reforma tributaria. Se trata de la tipología “omisión de activos o la inclusión de activos inexistentes”, por un valor superior a los 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Recomendado: Papeles de Panamá ¿El fin del secreto bancario?

El caso de Guerrero y los otros involucrados no configura esta situación, por cuanto los hechos por los cuales fueron imputados por la Fiscalía ocurrieron en el periodo de 2010 a 2016, antes de que entrara a regir la reforma tributaria.

Pero hacia adelante el escenario puede cambiar, no solo por la omisión de activos. “La normalización dice que salvaguarda el tema tributario y cambiario, pero no lo penal. Es decir, una persona pudo normalizar, pero si hizo utilización de documentos falsos ideológicamente o no puede dar explicaciones sobre el origen de los recursos que fueron objeto de la normalización o cometió alguna irregularidad en el proceso puede tener problemas penales”, dice un experto tributario.

¿Qué puede pasar si no normalizó y se abre una investigación y se encuentran inconsistencias? o, mejor, ¿qué pasa si la Dian hace traslado a la Fiscalía para una investigación penal de aquellos a quienes se les encuentre que ocultaron activos o inventaron pasivos para reducir su pago de impuestos? Que los señalados tendrán que dar explicaciones ante un juez de la República por omisión de activos y todos los demás delitos derivados de esa práctica, como los ya imputados a los del caso Panama Papers.

También es claro que, además, deberán seguir respondiendo fiscalmente con sanciones administrativas tributarias que pueden llegar a ser de hasta 200% del impuesto a cargo dejado de pagar.

Es más, seguir en el anonimato ocultando activos en el exterior parece no ser una opción porque el riesgo de que alguien sea descubierto es cada vez mayor. En 2010, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), que supone que cualquier entidad financiera que tenga clientes de ese país debe reportar sus cuentas y activos a la Secretaría del Tesoro. Esta fue la etapa inicial para que Estados Unidos iniciara un proceso de intercambio de información con otros países, entre ellos Colombia. Además, nuestro país en el marco del Foro Global de Transparencia va a recibir información de más de un centenar de jurisdicciones. Ya en septiembre Estados Unidos y otras 35 entregaron a la Dian información de activos de colombianos en el exterior con corte a 2016. El año entrante otros treinta países harán lo propio.

“El mundo entero se cansó de la evasión: no queremos que se oculten los capitales por temas de lavado de activos y de terrorismo”, dice un analista tributario.

Según Jiménez, fiscal delegado de finanzas criminales, ya están conversando con múltiples países para el intercambio de información. “El mito de que Panamá no cooperaba, por lo menos en materia judicial, finalizó. Y este (Panama Papers) fue uno de los temas. Y esto tiene repercusiones en muchos otros países que ya se están viendo y despierta el interés de otras jurisdicciones con intereses similares y que ahora preguntan por los procesos”, agrega. En otros casos, la Fiscalía panameña ha facilitado también la información a la colombiana, como por ejemplo en la investigación de Odebrecht, al descubrir la sociedad del exviceministro de Transporte Gabriel García y de otros beneficiarios de sociedades en ese país.

Tal vez uno de los temas más importantes en el caso de Guerrero y los otros involucrados son los mensajes para los empresarios y los asesores tributarios y legales con relación a la capacidad de las autoridades. El primero es el fortalecimiento institucional: hace unos años, develar complejas estructuras societarias, encontrar en los balances distorsiones contables y descubrir cómo funcionaron algunos de los más mediáticos e icónicos entramados corporativos –como el caso Interbolsa–, llevaba meses o incluso años solo para ser entendidos. Hoy ya están en la carpeta temas como el de libranzas –con Estraval o Elite– o las investigaciones alrededor de los contratos de la Refinería de Cartagena o las movidas de Odebrecht. Definitivamente, las autoridades cuentan con mejores herramientas, mayor intercambio de información y personal más capacitado para hacer ese seguimiento.

Y, por último, uno de los delitos que enumeró la Fiscalía es el de falsedad ideológica en documento privado. Utilizar facturas ficticias, alterar la contabilidad y llevar a error a las autoridades no solo podría ser una acusación para los empresarios, sino también para quienes desde la asesoría contable y legal impulsan este tipo de estrategias.

El caso de Luz Mary Guerrero hace parte de esa nueva mirada que están teniendo hoy las autoridades sobre el comportamiento de las empresas y sus implicaciones. Todo indica que este debe ser un tema para reflexionar en el sector privado. Tal vez quien decida mantener prácticas poco ortodoxas en materia financiera, contable o tributaria va a estar jugando con fuego.

El entramado

La red que configuró Mossack Fonseca como ‘servicio’ para sus clientes es muy entreverada. Había sociedades extranjeras fachadas, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios. Las sociedades colombianas pagaban las facturas falsas.

Mossack Fonseca Panamá le ofrecía a sus clientes siete sociedades en el exterior, una en Panamá, otra en Costa Rica, dos en Inglaterra y tres en España para esas operaciones, y si bien estaban radicadas en esos países, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.

Recomendado: Servientrega busca ingresar a los mercados de Brasil y Guatemala

“Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre 2,5% y 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada. Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack”, dice la Fiscalía en su comunicado.Como advierte Andrés Jiménez, fiscal delegado para finanzas criminales, la sociedad colombiana pagaba un servicio y llamaba a su banco en el país para hacer un giro al exterior y pagar un servicio, con todos los soportes.

“Al final del año tenemos unos estados financieros con unos costos ficticios y unos señores diciendo que de conformidad con los decretos y leyes, es verdad lo que está ahí. Hay correos que muestran que era mentira”. ¿Qué delitos se están cometiendo? Hay falsedad en documento por cuenta de los contratos y las facturas falsas, además por la misma contabilidad.

En el caso de Luz Mary Guerrero y de Efecty y Circulante, los recursos que se desviaron solo iban para un socio de la compañía, eso es administración desleal. En el caso de lavado de activos, Jiménez aclara que no se está acusando a las empresas. “Las compañías acá son víctimas. No es lo mismo el socio que la sociedad. Tanto así que el delito de administración desleal tiene como víctima a la sociedad, entre otros”, dice. Otro delito es fraude procesal y se evidencia cuando se lleva a incurrir o mantener en error a una autoridad, a sabiendas de que la información es falsa.

Líos de familia

Desde finales de 2008, Carlos Julio y Purificación Guerrero iniciaron un pleito jurídico contra Luz Mary y Jesús –fundadores de Servientrega– por el incumplimiento de un supuesto acuerdo de democratización accionaria, que buscaba para ellos una participación societaria en Servientrega. La acción se fundamentaba porque Concepción Guerrero –patriarca de la familia– tendría 20% de Servientrega y sus filiales, y su aporte habría sido una casa y unos dineros. Además, también se relacionó como parte de esta participación la fusión de la firma Ultraservicios –propiedad de los hermanos Carlos Julio y Purificación– con Servientrega.

Durante los años del proceso, tanto Concepción como Purificación fallecieron y Carlos Julio desistió de la demanda contra Jesús, pero mantuvo su querella contra Luz Mary. En abril de este año se conoció el fallo de primera instancia que favoreció a Luz Mary, pero hace apenas unas semanas, la magistrada Julia María Botero del Tribunal Superior de Bogotá, declaró la nulidad de esa sentencia y el proceso volvió a sus orígenes. Además de este conflicto societario, Carlos Julio instauró una demanda penal contra Luz Mary por la presunta comisión del delito de falso testimonio, ya que ella asegura que no hubo ningún compromiso y él tiene un borrador de una escritura pública que no se legalizó, con la firma de ella reconociendo el acuerdo. Jesús, como lo manifestó recientemente, cortó relaciones con Luz Mary y los lazos familiares se rompieron.

Le podría interesar: UPS, el gigante mundial de logística y mensajería, le apuesta duro a Colombia

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 527

PORTADA

Ranking de las marcas más poderosas en las redes sociales 2017

Las redes sociales se han convertido en un medio de interacción de las empresas con sus audiencias. Invamer y Dinero entregan los resultados de cómo las gestionan 100 de las principales marcas del país.