| 5/14/2015 5:00:00 AM

Impacto profundo

Con la llegada del primer pago del impuesto a la riqueza, las empresas y las personas naturales empezaron a sentir el peso de la carga tributaria este año. Las quejas aumentan. ¿Se les fue la mano al Congreso y al Gobierno con los nuevos impuestos?

Hay un tema de conversación por estos días en los pasillos de las empresas y los ambientes sociales: los impuestos. El asunto se ha puesto de moda por cuenta de que, tanto las compañías como las personas naturales están haciendo la declaración y pago de la primera cuota del impuesto a la riqueza.

Pero si todo el mundo se queja siempre por el pago de impuestos, ¿por qué se habría de remarcar la tendencia en esta oportunidad? Porque esta vez las quejas son justificadas y todos están sintiendo el golpe de la nueva carga tributaria en sus informes financieros.

Las empresas, al cierre del primer trimestre, tuvieron que hacer la provisión para el pago del impuesto y cuando miraron los balances empezó la quejadera; o, como lo diría el propio presidente Santos, la chilladera.

Ecopetrol, la empresa más grande del país, tendrá que pagar sólo por impuesto a la riqueza, alrededor de $400.000 millones. En general, la carga tributaria de este año se le va a subir a la primera empresa del país en cerca de 13 puntos. “En el balance del primer trimestre eso nos dio durísimo”, señala una fuente de la firma.

Pero ese no parece ser un problema exclusivo de Ecopetrol. El tema ya está en la agenda de los empresarios. Santiago Piedrahita, presidente del Grupo Orbis, explica que, sin lugar a dudas, la empresa marcha bien aunque ya están quedando en evidencia muchos reparos.

“Estoy muy contento operacionalmente hablando, hasta Ebitda (Earns before interest, taxes, depreciation, amortization). De ahí para abajo viene el impacto del regalo de diciembre: la reforma tributaria. Cuando hicimos el análisis que la Andi nos pidió sobre cuál era la tasa efectiva del Grupo, nos dio 66% de tasa impositiva real, antes de la reforma, ahora con la reforma estamos casi en 70%”.

Piedrahita resalta que la reforma incluyó el impuesto a la riqueza que no estaba en sus proyecciones iniciales. “Así el de patrimonio (riqueza) existiera, nosotros no lo contemplábamos para este año”, dice.

José Alberto Vélez, presidente Grupo Argos, es contundente y advierte: “Me preocupa mucho que la reforma tributaria fue para un pequeño grupo, tanto de personas naturales como jurídicas, que tienen una característica común: están en la formalidad. No sé porqué no se diseñan mecanismos para poder formalizar a los que hoy no lo son”.

Asegura que su tasa de tributación pasó de 55% a 65%. “Nosotros tenemos tasas de tributación por encima de cualquier país de América Latina. Yo no sé dónde va a ser posible acomodar la nueva reforma. No sé cuál será el planteamiento, pero hay que hacer algo. Me parece que el IVA aguanta un poco más, estamos en tasas del 16%, mientras Chile y Perú tienen tasas de 18%”.

Ratificó que la estructura del IVA da para revisar e incorporar nuevos productos a los que se les debe cobrar ese impuesto. Claramente, no los de la canasta familiar. “El asfalto en Colombia no paga IVA y el concreto sí. Y son materiales que se usan para lo mismo: calles y vías. No pido que se lo quiten al concreto, pero sí que se lo pongan al asfalto. Uno de los problemas que hay con el IVA es que está lleno de exenciones. Entonces, ponga un IVA parejo para todos, y punto. Ese es un impuesto redistributivo”, concluye.

De otra parte, Eduardo Pacheco, presidente del Grupo Colpatria, explica que “la reforma tributaria está llevando a su grupo a 60% en la tasa de tributación. Los que ya estamos aquí no nos podemos ir. Pero a esas tasas el país no va a atraer la inversión nacional y extranjera para ayudar a solucionar el problema de la pobreza”.

Sectores como el de energía están muy preocupados porque los proyectos de generación que se están realizando y los que se van a realizar, sin empezar a generar un solo kilovatio, ya tienen que pagar impuesto al patrimonio.

Además, empresas que desde el gobierno anterior tienen contratos de estabilidad jurídica, en privado advierten su inconformismo por el cambio en las reglas del juego.

Según un análisis del tributarista Santiago Pardo, quien cita cifras del Banco Mundial, en 2014 Colombia quedó con una tasa de tributación de 75% de la utilidad, solo superada por Bolivia y Argentina. De acuerdo con el análisis de Pardo, los impuestos en Colombia ya están golpeando profundamente la estructura de costos de las empresas, generando sesgos hacia el endeudamiento y, en consecuencia, afectando la competitividad.

Por ejemplo, un empresario colombiano que decida invertir en bienes de capital, financiando la adquisición con recursos de los accionistas, con la estructura tributaria actual paga una carga tributaria sobre los bienes adquiridos a una tasa de 23,5%, con un valor presente neto (respecto de la próxima década) de 20,1% sobre el costo del bien. Esto es así por cuenta de: IVA, impuesto a la riqueza, presuntiva en renta y 4x1.000. Para un industrial que opere en Estados Unidos, el gravamen para su inversión en bienes de capital es cero.

En el caso de un inversionista colombiano, el incentivo es endeudar a las empresas, pues así la tasa de tributación, dado que la compra de bienes de capital se haga con crédito (lo que reduce el patrimonio), baja a 9,2% (10% en valor presente en el mismo escenario de 10 años). En ningún caso la tasa de tributación se acerca a cero.

¿Más impuestos disfrazados?

El impacto se está haciendo más evidente por cuenta de lo que algunos analistas, como el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, llaman un nuevo impuesto a la riqueza disfrazado.

Lo que originó la crítica de Anif fue la decisión de la Unidad de Gestión Fiscal y Parafiscales (Ugpp) de notificar a un grupo importante de rentistas de capital que no podrían seguir figurando en el sistema de seguridad social como beneficiarios, sino que deberían hacer aportes como contribuyentes. Se aclara que dentro del concepto de rentistas de capital caben los que tienen inmuebles arrendados, los que venden ganado o cosechas y los que usufructúan de toda clase de bienes.

Para Clavijo, por obra y gracia de estas medidas, un rentista de capital estaría pasando de una tasa de tributación entre 25% y 39% a una entre 37% y 51%.

Al respecto, dentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo se trató de incluir un artículo que establecía la obligatoriedad de hacer aportes al Sistema General de Seguridad Social por rentas de capital.

Este planteamiento fue rechazado con vehemencia por el Consejo Gremial Nacional, porque: “en la práctica se cotizaría a la seguridad social por ingresos no necesariamente relacionados con actividades ligadas al trabajo”.

Al final, el Gobierno optó por retirar el artículo. Sin embargo, pese a que ya no forma parte de la hoja de ruta de los próximos cuatro años, la Ugpp tiene las facultades legales para seguir haciendo exigencias a los rentistas de capital. Sin duda, esta será la gran controversia en los próximos meses, porque al parecer no hay consenso ni siquiera al interior del Gobierno sobre las definiciones que se están utilizando para hacer dichas exigencias.

Vale la pena destacar que, en la medida en que lleguen más aportes a Colpensiones, entidad desfinanciada desde 2003, el Gobierno tendrá que transferir menos recursos del presupuesto nacional. Este escenario aplica del mismo modo en el caso de los aportes a salud.

Por donde se mire, la gente está sintiendo cada vez más que la carga tributaria en el país es excesiva. Siempre se ha considerado que Colombia necesita de un mayor recaudo tributario para financiar las enormes erogaciones que implican luchar contra la pobreza y superar los retrasos en infraestructura y competitividad. Sin embargo, hay síntomas que empiezan a preocupar, pues ni la carga tributaria puede seguir recayendo sobre unos pocos, ni el gasto del Gobierno seguir elevandose sin contemplación: esa es una mezcla peligrosísima para el futuro económico de Colombia. Veamos estos diagnósticos.

Hay un primer signo preocupante que muestra que el Gobierno está sufriendo por la fuerza de gravedad del gasto.

Prueba de ello es, según la Asociación Nacional de Empresarios, la creación de “nuevas condiciones tributarias en el Plan Nacional de Desarrollo”. El Consejo Gremial expresó sus reservas en torno a un artículo que estableció una contribución especial de hasta 0,2% de los ingresos brutos para que los vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte financien dicha entidad. Cabe señalar que en la actualidad dicha tasa es de 0,1%.

Al respecto, los empresarios manifestaron que doblar esta contribución los intranquiliza por tres razones. Primero, porque al castigar a las empresas que ejercen legalmente su operación en el país se generan incentivos para el crecimiento del transporte informal. Segundo, porque el nuevo esquema de financiación de la entidad no se alinea con los objetivos de reducción de costo país y mejora de la competitividad expresados en el Plan Nacional de Desarrollo. Tercero, porque la nueva tarifa haría que una empresa vigilada por la Superintendencia de Puertos y Transporte realice una contribución que en promedio es 1.140% superior a la que realizaría a la Superintendencia de Sociedades.

Frente a estos reparos empresariales, Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), indicó que “en los casos reclamados, se reglamentaron impuestos ya existentes, o como en el caso de la contribución de la Superintendencia de Puertos y Transportes, se obedeció a un mandato de la Corte Constitucional”.

Dinero contrastó esta idea y encontró que hace menos de un mes la Corte emitió un comunicado que dejaba sin piso la contribución de 0,1% establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014; el cual amplió un aporte que solo aplicaba para los operadores portuarios, extendiéndolo para empresas de transporte aéreo, concesionarios de infraestructura de carreteras y empresas de transporte de carga.

En este caso, el alto tribunal indicó que, mientras el Gobierno no reglamente, los concesionarios de vías, las sociedades de transporte aéreo y de transporte de carga por carretera, quedarían eximidos de realizar estos aportes. Además, indicó que a futuro se podría seguir aplicando el cobro sobre los ingresos brutos, pero con una fórmula de reparto diferente. El camino elegido por el Gobierno para establecer una fórmula de reparto diferente fue nivelar por arriba, subiéndole el techo a la tarifa hasta 0,2% para, a partir de ahí, definir cobros diferenciales.

El Gobierno también incorporó otras medidas (ver recuadro página anterior). Primero, autorizó el cobro de tasas en favor de algunos municipios por acceso a áreas de alta congestión, por infraestructura construida para evitar congestión urbana y por contaminación. El argumento en contra era que podría generar impacto en las tarifas del transporte.

También creó una tasa por el estudio que realizaría el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Esta decisión impactaría el precio de los medicamentos y los insumos para la salud.

La preocupación que queda en el aire es hasta dónde el Gobierno ya siente pasos de animal grande en los temas fiscales, una preocupación que tiene enormes fundamentos.

Lo fiscal se complicó

Las señales de alerta ya están encendidas. La fulminante caída del precio del petróleo y nuevos indicadores de la actividad económica hicieron que los analistas pasaran de esperar, en el tercer trimestre de 2014, un crecimiento de la economía colombiana de 4,5%, a moderarse al inicio del año y pasar a proyecciones inferiores a 3,5% en las últimas encuestas. Otros analistas como Merrill Lynch son más pesimistas y no ven un crecimiento más allá de 2%.

No solo los analistas del mercado están preocupados. La más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor, de Fedesarrollo, reveló que la confianza de los consumidores está en su nivel más bajo desde junio de 2009. Hecho explicado porque se deterioraron las expectativas para los próximos meses y hay dudas sobre las condiciones económicas actuales.

Incluso el Banco de la República ya redujo su pronóstico para 2015 y lo pasó de 3,6% a 3,2%. Sin embargo, cabe destacar que esta caída en la actividad económica terminaría favoreciendo el logro de los objetivos de inflación del Emisor, que el pasado mes de abril llegó a 4,64%, la cifra más alta desde mayo de 2009, y por encima del rango máximo de la meta de inflación, que se encuentra en 4%. Por ello, analistas como Andrés Pardo, de Corficolombiana, esperan que el dato de inflación de abril sea el más alto del año y los próximos meses se caractericen por un menor crecimiento en los precios.

El balance local también inquieta a organismos multilaterales. En el informe de perspectivas económicas mundiales publicado en abril pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que la economía colombiana crecería a 3,4% en 2015, frente al 4,5% que esperaba en octubre de 2014. Al parecer, según esta organización, el país volvería a crecer a tasas de 4% en 2017.

Pese al desalentador panorama, el Ministro de Hacienda y el Director de la Dian presentan dos noticias positivas. Una de ellas es que el país seguiría teniendo mejores resultados frente al resto de la región, pues según el FMI, Latinoamérica y el Caribe crecería este año 0,5%. Otra es que los ingresos tributarios todavía no resienten la caída de la actividad económica y por eso se podrían mantener los compromisos de gasto del Gobierno (ver artículo página 44).

Sin embargo, es necesario analizar hasta dónde la excesiva presión tributaria podría convertirse en un nuevo factor de desaceleración, pues con compañías que ven afectadas sus utilidades, las posibilidades de inversión podrían reducirse y eso es un sesgo en contra del crecimiento.

El gravamen excesivo a las empresas tarde o temprano lleva a que estas se descapitalicen, como ya se observa, distorsionando así los incentivos de inversión y profundizando, aún más, la desaceleración de la economía. Detrás de una caída en la actividad económica habría un menor recaudo de impuestos.

¿Impuestos o recorte?

Se dice que la mejor manera de reactivar el crecimiento económico es con gasto público bien orientado. Finalmente, si los empresarios asumen una tributación mayor, compensando el costo de la caída de los ingresos petroleros, es porque esperan que una adecuada política redistributiva y de inversión mejore las condiciones económicas. Esta circunstancia ideal, al parecer, no se estaría presentando actualmente en Colombia.

Dos ejemplos generan dudas sobre la eficiencia del gasto. El primero de conocimiento público: el Gobierno no tuvo la fuerza política para negociar en el más reciente paro de maestros. En vez de invertir en infraestructura de colegios, capacitación docente o doble jornada, terminó fortaleciendo políticamente a Fecode; al ceder, entre otros puntos, en una nivelación salarial de 12 puntos en los próximos cuatro años, negociación que, según cuentas del Ministerio de Hacienda, costaría $1,7 billones al año.

No menos graves son las dudas sobre el reparto del presupuesto. Prueba de ello es la estructura de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cuyos decretos de constitución fueron expedidos el pasado 21 de abril. La agencia, que nace en tiempos de austeridad fiscal, tiene autorizados 15 asesores de despacho y 7 conductores. Solo para contrastar, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), que ejecuta recursos cercanos a los $350.000 millones, tiene cuatro asesores de despacho y un conductor. Fuentes consultadas por esta Revista prendieron las alertas y señalan que este podría ser un fortín burocrático para la Comisión Sexta del Congreso de la República. Lo que está quedando en evidencia es un gasto burocrático cuyo tamaño debe ser diagnosticado.

Por otra parte, el país, de manera paralela al boom petrolero, creó una infraestructura y burocracia de asistencia social, que ha generado un sentido paternalista de la política económica. Estos niveles de gasto social deben ser reconsiderados, pues su sostenibilidad está en duda.

Como si fuera poco, el Gobierno está aplazando temas que serán cruciales para las finanzas públicas en los próximos años, como, por ejemplo, la impopular y necesaria reforma pensional.

Tal vez los únicos que puedan salvar la patria son los miembros de la Misión Tributaria, quienes antes de terminar el año deberán presentar una serie de recomendaciones.

El diagnóstico ya está dado. El sector real está sintiendo el golpe en sus balances: de ahí las quejas, que están sustentadas no en expectativas sino en la realidad financiera de las compañías.

El segundo aspecto es que todavía no se ve la disciplina fiscal en el Gobierno y es claro, como lo muestran la creación de nueva burocracia y las enormes erogaciones generadas por los paros, que paulatinamente las finanzas públicas están recibiendo mayores presiones. Si se agudiza el escepticismo entre los consumidores, la inflación no detiene su marcha y las empresas desaceleran su inversión, el país podría estar creando su propia tormenta perfecta. Ese es un tema al que hay que hacerle seguimiento, ya que las medidas de ajuste son urgentes.


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Otros “impuestos” del Plan

Fuentes de financiación para los sistemas de transporte. Cobro de tasas en favor de algunos municipios, por acceso a áreas de alta congestión, por infraestructura construida para evitar congestión urbana y por contaminación.

Aumentos en la tarifa de energía para financiar los fondos eléctricos de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer), de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni) y de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).

Tasa por el estudio que realizaría el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.

12% adicional en los registros de instrumentos públicos. 10% financiará el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y 2% para fortalecer el acceso a la justicia formal y alternativa, acciones para la prevención y control del delito e implementación de modelos de justicia territorial y rural.
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