| 3/6/2014 6:40:00 AM

Todos contra todos

Demandas, fallos, denuncias y hasta querellas internacionales agudizan la guerra en el negocio de las telecomunicaciones. En juego un mercado de $21 billones anuales y más de 40 millones de usuarios.

Para las empresas del sector de telecomunicaciones, las instancias judiciales se han convertido en un candente campo de batalla. Las operadoras están empleando ejércitos de abogados para combatir entre ellas y también para confrontar al gobierno. Todos pelean contra todos: DirecTV contra Tigo y Une, Avantel contra Tigo y Movistar, el Mintic enfrentado a Tigo, ETB contra Claro… En el trasfondo se libra la definición de las condiciones en las que ocurrirá la reversión de activos de Claro y Movistar –que obtuvieron las primeras concesiones del servicio de celulares en el país en el año 1994– ordenada por la Corte Constitucional.

Estos conflictos han enrarecido el ambiente en el sector y han estimulado una sensación de incertidumbre y ambigüedad, justo en un momento en que se esperaba exactamente lo contrario. Tras el éxito de las subastas de 4G el año pasado, en Colombia se abren grandes posibilidades a partir de la mayor competencia en el sector. La expectativa era que 4G traería una bocanada de aire fresco y optimismo. De hecho, al introducir esta tecnología, Colombia pasa de tener tres operadores móviles (Claro, Movistar y Tigo) a siete (pues se sumaron Une, DirecTV, Avantel y ETB), sin contar a los virtuales como Uff y Virgin Mobile, que no despliegan redes sino que acceden por las existentes. El negocio viene en aumento. Sin embargo, el escenario central está tomado por los litigios.

Mientras tanto, el sector de telecomunicaciones pasa por un momento trascendental. Las ventas anuales superan los $21 billones y representan cerca de 3,2% del PIB. Es un gran generador de inversión en la economía, pues solo en telefonía móvil se invirtieron más de $29 billones entre 1994 y 2011, según Planeación Nacional, y acumula ya más de 40 millones de clientes. Además es un foco clave de atención en las relaciones económicas internacionales de Colombia.

El tema de las telecomunicaciones es fundamental dentro de las aspiraciones que tiene Colombia de entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), organismo que agrupa a los 34 países más desarrollados del mundo y que exige a sus asociados llevar los estándares más altos en materia de regulación y prácticas administrativas. En abril próximo se conocerá el informe de la Ocde en telecomunicaciones para Colombia y, aunque reconocerá avances en la política del sector, incluirá críticas sobre el arreglo institucional de las telecomunicaciones en Colombia. Por otro lado, se sabe que hay inquietudes sobre este tema en la oficina del representante comercial de Estados Unidos (el United State Trade Representative (USTR), encargado de la administración del TLC con Colombia).

Desde la perspectiva de los usuarios, estos choques hacen parte de un galimatías que sigue dejando en veremos los temas importantes: ¿Cuándo y cómo va mejorar la calidad de un servicio celular en el que las llamadas caídas son el pan de cada día? ¿Quién va a lograr meter a las empresas celulares en cintura para que ofrezcan un servicio de calidad? Estas frustraciones son intensas y han encontrado eco en el terreno político, donde fuerzas tan distintas como las de los senadores Jorge Robledo y Alexander López (ambos del Polo), el conservador Juan Mario Laserna y el liberal Eugenio Prieto han unido banderas. Tanto así que en el Congreso se tramitan tres proyectos sobre este tema.

Atención internacional

El informe de la Ocde advierte que en Colombia no hay una autoridad única en materia de telecomunicaciones que sea realmente independiente y recomienda crear una entidad regulatoria de gran tamaño, que recoja a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

Adicionalmente, el informe pone sobre la mesa la inconveniencia de que el Estado tenga intereses como accionista en operadores y considera que algunas decisiones podrían favorecer, directa o indirectamente, las empresas donde participa. No solo desde el Gobierno, sino desde las entidades municipales y territoriales.

El ministro de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones (MinTic), Diego Molano, en entrevista con Dinero, expresa una visión diferente. “Personalmente, estoy en desacuerdo con que haya un regulador muy grande. En el Estado colombiano las entidades grandes no funcionan. Es mucho mejor tener entidades pequeñas más eficientes, que pulpos a los que se los come la burocracia y la ineficiencia. El mejor ejemplo es la Comisión Nacional de Televisión”, afirma.

Por otra parte, Molano considera que la propiedad que el gobierno tiene en empresas del sector no es un problema ni es una condición extraña en el mundo. “Para el MinTic, para el regulador de telecomunicaciones y para la ANE, por ley nos da igual quién sea el dueño de las empresas. El Ministerio de Hacienda representa la participación que tiene el Gobierno en Movistar, no el ministro de las Tic”, dice Molano. “Además, esto no pasa solo en Colombia, también en Alemania, en Francia, en España, donde hay operadores que tienen participación del Estado”, agrega.

No obstante, el hecho de que esta situación ocurra en varios países del mundo no implica que ella no cause daños al sector. Y el hecho de que no sea el Ministro del ramo quien se siente en la junta de la empresa, sino el Ministro de Hacienda, no dice nada respecto a la posibilidad de que el Gobierno, en su rol como regulador, pueda tomar decisiones que afecten sus intereses como accionista. Si bien, al parecer, el informe de la Ocde se abstiene de casarse con una cifra en cuanto a la pérdida de bienestar por la concentración del mercado en telecomunicaciones (como sí lo hizo en el caso de México), Fedesarrollo ha argumentado que este efecto puede alcanzar 2% del PIB en Colombia, lo que justificaría una reforma integral que fortalezca a los reguladores y proteja la competencia.

En todo caso, el informe de la Ocde señala como un acierto importante de Colombia el hecho de haber incrementado el número de los operadores en el caso de la tecnología 4G, al pasar de tres a siete. “Eso significa que el marco regulatorio es el adecuado para promover la competencia y la inversión”, puntualiza Molano.

En el caso del TLC con Estados Unidos, ya hubo visita a Colombia de representantes del USTR para analizar si las quejas, tanto de Claro (por la participación del Estado en empresas públicas) como de Avantel (por las dificultades que ha tenido para prestar los servicios de 4G) ameritarían pronunciamientos de ese país en el marco del tratado de libre comercio. Molano señala que el USTR ha recibido las quejas y se ha interesado en el caso colombiano, “pero en ningún momento, que yo sepa, ha iniciado un proceso por este tipo de denuncias”. Por lo demás, la condición de tener un Estado que es inversionista en telecomunicaciones no es exclusiva de Colombia, “pues, de hecho, los mismos norteamericanos tienen operadores con participación del Estado”, advierte el ministro.

Sin embargo, hay un tema preocupante. Para algunos expertos, el Gobierno no puede tener un interés financiero en un operador. En el caso de Movistar este interés oficial no se limita a buscar que la empresa tenga buenos resultados, sino que necesita en forma crítica que genere recursos para atender las pensiones de la antigua Telecom, que valen más de $7 billones.

De otra parte, los expertos también temen que si progresa la protesta de un jugador como Avantel, Estados Unidos podría tomar medidas comerciales retaliatorias sobre otros sectores en Colombia que no tienen nada que ver con telecomunicaciones. O, eventualmente, también “tendría la posibilidad de entregar a Avantel un título para demandar al Estado ante la Corte Internacional de Arbitraje por un posible detrimento derivado del incumplimiento en el ejercicio de las funciones del Estado de supervisión de la regulación. Este hecho se conecta de inmediato con las advertencias que ha planteado la Ocde”, afirma otro jurista.

Las tensiones

Los enfrentamientos entre empresas del sector están a la orden del día y agudizan la sensación de inestabilidad. El fallo de la Corte Constitucional tiene varias interpretaciones y no aclaró el panorama para Claro y Movistar. Tigo, por su parte, está enfrentado a Avantel en el tema de 4G, y también al MinTic, por el valor de la prórroga de su contrato de concesión en medio de un proceso de fusión con Une, que aunque fue aprobado por el Concejo de Medellín, ha generado resistencias en la capital antioqueña y también entre sus competidores, como DirecTV y Claro, que se han opuesto al proceso.

Además de la pelea con Tigo, Avantel también mantiene una disputa con Movistar por el acceso a las redes en materia de 4G. Para algunos, Avantel quiere demorar la entrada en operación de los servicios de 4G porque no estaba listo para este proceso. Mientras tanto, Avantel afirma que es víctima de maniobras de Movistar para frenar la competencia. ETB y Claro mantienen sus diferencias por los cargos de conexión, mientras Une ataca a DirecTV por el monopolio en las transmisiones de fútbol en el país (ver recuadro Las Peleas).

Para el ministro Molano, estas disputas legales pueden ser consideradas normales en un sector que está creciendo con gran rapidez, donde los jugadores buscan adaptarse al nuevo terreno.

Sin embargo, otros ven las cosas con más preocupación, pues consideran que existen riesgos importantes de que los conflictos jurídicos lleguen a debilitar las empresas, en parte en el tema financiero y en parte en lo que se refiere a su confianza en los arreglos institucionales. El sector pasa por un momento tenso, en el que tendrá que ajustarse a nuevas exigencias regulatorias y de inversión y a unos consumidores cada vez más exigentes en materia de calidad y servicios.

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El fallo

Hace apenas dos semanas, tras casi seis meses de haber sido anunciado, se conoció el fallo de la Corte Constitucional sobre la reversión de activos que tienen que hacer Claro y Movistar de los contratos con los que se inició la operación celular en Colombia.

El Gobierno ha señalado que el fallo es positivo porque da claridad y seguridad jurídica, pues define que los activos acumulados desde 1998 en adelante quedan en manos de los inversionistas. El ministro Molano subraya que esto reafirma la estabilidad normativa del sector y despeja cualquier duda que pudieran tener los inversionistas en las nuevas concesiones 4G.

Esto no significa que le espere una tarea fácil. Por el contrario, el Ministerio tendrá que establecer cuáles son los activos a revertir y cuál el valor de la compensación económica –situación que facilitó la Corte en su fallo– que tendrían que dar las empresas si quieren conservar los activos acumulados en el periodo 1994-1998, tarea en la que estará acompañado de la Procuraduría y la Contraloría. Sin embargo, hay interpretaciones divergentes a la del Gobierno, con costos económicos muy altos.

Algunos observadores del sector aseguran que a partir del texto del fallo también se puede argumentar que no se trata de los activos adquiridos entre 1994-98, sino en los últimos 20 años.

Por otra parte, la expedición del fallo coincide con la terminación de los contratos de concesión de Claro y Movistar, que finalizarán el 28 de marzo. Quienes creen que el fallo de la Corte es sobre todo el tiempo de la operación, estiman que el Gobierno debe dar una temporalidad para posteriormente colocar ese espectro en un proceso de licitación pública o, incluso, que la red se convierta en un activo público y luego se arriende a los operadores.

Para el Gobierno es claro que la ley 1341 de 2009 le permite a los operadores cambiar de régimen hacia uno de título habilitante que le da derecho al espectro por otros diez años, pero el MinTic tendrá que fijar el precio, hecho que será definido en las próximas semanas. No solamente está en juego la retribución hacia atrás, sino que la valoración no puede dejar de afectar el precio de lo que vendría hacia adelante.

Este es un litigio de marca mayor. Tan solo en la reversión, senadores como Robledo y López hablan de más de $8 billones.

No se descarta que las empresas puedan llamar en garantía a los vendedores originales, en la que participaron los grandes grupos económicos del país, como Santo Domingo y Sarmiento.

La gran pregunta es, ¿quién va a pagar estos costos? Sin lugar a dudas, lo primero que buscarán las empresas será recuperar los costos por la vía de cargos a los usuarios. “¿Quién termina pagando los platos rotos de una mala planeación en términos contractuales? Pues el usuario”, asegura uno de los expertos. El gran reto para el Ministerio será garantizar el desarrollo del sector, pero también el bienestar de los usuarios.

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Aclaración del MinTic sobre el fallo

1-La sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional reconoce la importancia de la inversión privada en Colombia y garantiza el desarrollo de ésta en el Sector de las telecomunicaciones, al aclarar que las inversiones en activos realizadas en Colombia por los operadores después de 1998 son propiedad de ellos y no serán revertidas al Estado. Confirma la Constitucionalidad de la Ley 422 expedida en 1998.

2. Plantea como excepción los contratos de concesión de Claro y Movistar que fueron firmados antes de 1998 con el fin de usar por 20 años el espectro radioeléctrico que permitió el despliegue de los servicios de telefonía móvil celular 2G. Este espectro otorgado en 1994, es solo una parte del espectro que usan estos operadores para la prestación de sus servicios actuales (25 de un total de 85Mhz).

Por lo tanto el Ministerio TIC reitera que según el fallo de la corte la reversión de activos será aplicada sobre los contratos que contengan dicha cláusula y que fueron firmados antes de 1.998.

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Las peleas

Avantel se enfrenta a Tigo y a Movistar porque no le dan acceso al roaming nacional; es decir, no le permiten ingresar a sus redes para prestar el servicio de 4G. Las empresas se defienden argumentando que han hecho esfuerzos operativos para lograrlo, pero que hay retos técnicos relacionados con las plataformas que manejan, que no permiten hacerlo en corto tiempo. La CRC ya los conminó a prestar el servicio.

Tigo contraatacó y denunció ante la Superindustria a Avantel, por abuso del derecho y competencia desleal, mientras que Movistar también denunció a Avantel ante el MinTic por no ejecutar de buena fe las obligaciones de interconexión y roaming.

La fusión de Tigo y Une también tiene detractores. DirecTV se opuso en el proceso de competencia que adelanta la SIC para aprobar la operación, pues consideró que hay concentración en el mercado de televisión en Medellín y en el Valle de Aburrá. También hay preocupación con el espectro, pues la empresa fusionada sobrepasaría los topes. Por esta misma razón, Claro se opuso a esta fusión y considera que Une debe devolver el espectro.

“Efectivamente viola los topes y hay que hacer los ajustes necesarios para que esto no ocurra. Pero hay que hacerlos siempre protegiendo al consumidor, porque no vamos a apagarle el servicio de la noche a la mañana. Habrá una transición. Y tampoco detectamos que haya una ventaja competitiva en el corto plazo. Seguramente se definirá un cronograma para que ellos resuelvan el problema y no violen los límites de la regulación”, asegura el ministro Molano.

El otro frente de batalla está entre el MinTic y Tigo. Para la prórroga de su contrato no se pusieron de acuerdo y actualmente está en un tribunal de arbitramento. En el contrato dice que la prórroga valía 10% de lo que pagó Tigo inicialmente, pero el análisis del Gobierno y de la contraloría va en sentido contrario y aseguran que deben pagar 100%. La diferencia puede superar los US$300 millones.

ETB por concepto de cargos de interconexión ya va en 6 tribunales de arbitramento convocados por Claro, dos de los cuales han fallado a favor de la ETB. La discusión va en $209.000 millones, que según ETB le adeuda Claro.

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Una batalla que viene

Mientras en Colombia, las peleas entre operadores están a la orden del día, en el mundo la gran disputa será entre los operadores de telecomunicaciones y los jugadores de tecnología como Google, Facebook y Whatsapp.

Los operadores están cansados de ver cómo el éxito de estas empresas de internet depende de la disponibilidad de redes para el flujo de contenidos. Estas empresas, que tienen unas valoraciones astronómicas, no les pagan absolutamente nada a los operadores dueños de las redes. Sin embargo, el tráfico que ellas generan sí implica costos para los operadores. Un video de YouTube en alta definición puede consumir tanta capacidad de red como 500 llamadas telefónicas que tomen el mismo tiempo.

La pelea vendrá por el lado de la neutralidad de las redes y los jugadores tendrán que buscar puntos de consenso y acuerdos de largo plazo para resolver el tema. Recientemente, Comcast, uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes del mundo, hizo un acuerdo con el jugador de internet Netflix, en el que este último le va a pagar por el uso de la red. El debate apenas se abre.

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"Sí, hay problemas de calidad"

En medio del éxito de la gestión de Diego Molano, el ministro de las Tecnologías de la Información y, las telecomunicaciones, tambén hay duras críticas. Él contraataca.

Se le critica por un tono muy político que antes no tenía el Ministerio, entregando tablets. ¿Cuál es su opinión?


El Ministerio cambió, dejó de ser una cartera que solo hablaba con los ricos en el país y las grandes empresas y ahora habla con la gente. Lleva soluciones a las escuelas públicas, a los gobernadores, a los alcaldes. Ojalá, de aquí en adelante, todos los Ministros se conectaran con la gente, fueran y vieran en los municipios qué problemas tiene la gente, para ayudarlos. Bienvenida la crítica, pero ese es mi rol. El éxito del Ministerio es que dejamos atrás la enfermedad del Murillo Toro (la sede del Ministerio) donde la gente estaba encerrada y tomaba decisiones sin ver la realidad. Ahora salimos y estamos conectados con la realidad del país.

Pero la calidad del servicio sigue siendo muy deficiente…


Efectivamente. Sí, seguimos teniendo muchos problemas de calidad, hay que reconocer ese tema. La solución pasa por varios factores: por un despliegue rápido de 4G, porque necesitamos nuevas autopistas para el tráfico, pero también porque los alcaldes den los permisos para poner las torres.

¿Y por qué no dan los permisos?

La gente cree en un mito: que las antenas de los celulares producen enfermedades. Eso no es cierto. Es más peligroso un secador de pelo que una antena de celular.

Uno de los grandes pendientes que se le quedó dentro del tintero fue el tema de televisión y el del tercer canal…

No es cierto. Hemos fortalecido la televisión pública, que ha ganado 37 premios internacionales y para el próximo India Catalina tenemos 19 nominaciones. Hemos hecho que la televisión pública se monte en la televisión digital y arrancaremos en abril, hemos fortalecido los canales regionales, les hemos dado más equipos y más recursos para que generen mejores contenidos. ¿Quién transmitió el Tour de Francia, la Vuelta a España, los Juegos Panamericanos? La televisión pública. Además, mire la transformación que hoy tiene el Canal Uno.

¿Y el caso del tercer canal?

Sí avanzamos: acabamos con una entidad que era re-mala, ahora hemos concretado una y estamos limpiando la casa. Ha sido muy difícil arreglarla, porque estaba muy sucia. Y claro, limpiar el espectro para que haya tercer canal no ha sido nada fácil, ni hacer todos los estudios económicos. Hemos tenido que hacer muchos análisis para ver cuál es el mejor esquema.


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