| 10/30/2014 6:00:00 AM

Café amargo

La Misión encargada de evaluar la industria cafetera recomienda un revolcón total. La Federación y las Dignidades se oponen. Aroma de discordia.

Fueron muchos los aportes al desarrollo económico y social que hizo la industria cafetera al país en el siglo pasado. El café era sinónimo de progreso, estabilidad social y motor en la generación de crecimiento económico. A su vez, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia parecía ser un edificio construido sobre una roca que jamás perecería.

En las últimas décadas, el panorama cafetero cambió radicalmente y una serie de eventos, como la terminación del Pacto Mundial del Café en 1989, la caída en la productividad, las enfermedades, la resistencia al proceso de adopción de nuevas tecnologías y el colapso de las vías, entre otros, llevó a que la actividad cafetera, que en la década de los 50 fue hasta 10% del PIB colombiano, pasara a representar un lánguido 0,5%. 

La prolongada crisis hizo que en 2002 se conformara la Misión de Ajuste Institucional de la Caficultura. Esta misión recomendó una serie de reformas para el sector cafetero, de las cuales solo algunas se llevaron a cabo y otras, como separar las funciones de comercialización y de regulación de la Federación Nacional de Cafeteros y el Fondo Nacional del Café, fueron aplazadas. Esta Misión reconocía que no era conveniente huir al debate abierto y democrático sobre las instituciones cafeteras, reconociendo que estas sirvieron para garantizar precios al productor y para proveer servicios. Sin embargo, era necesario replantear la estructura institucional de tal manera que el Fondo Nacional del Café fuera viable.

Además, en 2002 se creía posible un nuevo acuerdo internacional que garantizara el ingreso y evitara fluctuaciones del precio a los productores, mientras los analistas suponían que la tasa de cambio se devaluaría permanentemente –estaba en el orden de los $2.900 por dólar–. Sin embargo, estas proyecciones no se materializaron.

El resultado fue dramático: la crisis del sector se agudizó, pues los ingresos de los cafeteros se fueron al piso.

En los últimos años, la producción enfrentó un fuerte descenso y grandes volatilidades, debido a los intensos inviernos de comienzos de esta década, haciendo que la producción cafetera estuviera muy por debajo del promedio histórico de 12 millones de sacos anuales en los últimos cinco años. Esta situación llevó a que en octubre de 2012 el gobierno nacional creara el Programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC), llamado inicialmente Apoyo al Ingreso del Caficultor (AIC), el cual es un subsidio que el Ejecutivo entrega a los productores, con la intermediación de la Federación, cuando el precio interno del grano baja excesivamente.

Para 2013, el descenso en los precios internos y el Paro Nacional Agropecuario generaron una fuerte presión social y, como resultado, el Estado incrementó aún más su presencia en el sector cafetero y en otras áreas agrícolas, financiando programas que tradicionalmente eran autosostenibles.

Así pues, el AIC pagó, entre octubre de 2012 y marzo de 2013, $60.000 por carga de 125 kilogramos de café pergamino seco (kg. c.p.s) cuando el precio base de compra, calculado por la Federación Nacional de Cafeteros, estuvo por debajo de $700.000.

Desde marzo de 2013, el ahora PIC reconoce un monto mayor –$145.000 por la misma carga– cuando el precio esté por debajo de $700.000, o $165.000 si el precio de referencia está por debajo de $480.000. En ningún caso el precio de carga más el apoyo podrá superar $700.000 por carga.



El gráfico “Precio del café y AIC/PIC” muestra en color rojo el precio de la carga de café a través del tiempo; en gris, el valor final recibido por el caficultor (incluyendo AIC y PIC), y en naranja, la diferencia entre ambos valores o el sobrecosto por carga de café asumido por el Gobierno. Se observa que este programa registró desembolsos significativos principalmente en 2013, cuando el precio promedio estuvo en $466.000, generando pagos por $1,2 billones ese año, valor diez veces superior a los apoyos otorgados anualmente entre 2002 y 2010.

Finalizando 2014, el uso de estos recursos no ha sido necesario, dados los mejores precios internos del café.

La Misión Cafetera

En ese contexto, el presidente Santos creó a comienzos de 2013 La Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura en Colombia, liderada por Juan José Echavarría, e integrada por intelectuales de la talla de Eduardo Lora y Marco Palacios, entre otros, que proyectó una serie de recomendaciones (aún preliminares) y mensajes para que el Gobierno, la Federación Nacional de Cafeteros, empresarios, productores y participantes de la cadena de valor del café, confeccionaran un paquete de reformas para la supervivencia cafetera.

Estas recomendaciones no fueron bien recibidas por el gremio cafetero, encendieron los ánimos y generaron desconfianza con miras a la publicación del informe final que se hará en los próximos días.

¿Cuáles son las propuestas más importantes de la Comisión? En el informe, presentado en la Universidad del Rosario el pasado 22 de octubre, plantean que no existe una solución única para las problemáticas del sector; es decir, que algunos productores se podrían enfocar en la producción de cafés especiales, otros deberían diversificarla, mientras un tercer grupo tendría que elevar la productividad y la rentabilidad de la tierra.

Según la Misión, para lograr una mayor competitividad cafetera es necesario flexibilizar la regulación, fortalecer los comités departamentales y municipales, eliminar el conflicto de intereses entre la regulación del mercado y las exportaciones de café, así como dejar la parafiscalidad que financia actividades privadas de “comercialización”. Lo anterior con un sólido acompañamiento del Estado, generando bienes públicos (carreteras y centros de salud y educación) y comprando las cosechas en zonas que presenten verdaderas “fallas de mercado”. 

Dentro del grupo de recomendaciones se destaca la supresión de funciones regulatorias y de política pública de la Federación. Por ejemplo, la Misión cree que debe ser eliminada la garantía de compra, mecanismo ejercido por la Federación para generar precios de referencia y comprar el café que se produce en las fincas productoras. El análisis de la Misión sugiere, además, la necesidad de acabar con esta práctica en vista de que no debe existir una política pública que, obedeciendo a fines comerciales, cree artificialmente precios y deteriore la competitividad del sector.

Un esquema competitivo y rentable en las regiones es el requisito para erradicar la pobreza y generar empleo en zonas cafeteras, lo que es indispensable en un escenario de posconflicto. En esta línea, un estudio liderado por Carlos Gustavo Cano y César Vallejo, codirectores del Banco de la República, probó cómo la actividad cafetera impacta más el crecimiento económico que la industria minera, al dinamizar la malla productiva de las regiones, dado que este es un sector que demanda una gran cantidad de trabajadores.

La Misión recomendó eliminar el PIC. Todo indica que las condiciones juegan a favor de esta iniciativa, pues, según ha anunciado el Gobierno, se suprimirá en 2015, en vista de que los precios suben, la producción aumenta y hay expectativas de una mayor devaluación del peso.

Sin embargo, los argumentos de la Misión son más contundentes. Para los expertos, el PIC es antitécnico, eleva artificialmente el precio interno del café y no está justificado por una falla de mercado. Además, es una política pública inequitativa, dado que solo los productores registrados en el Sistema de Información Cafetera (Sica) pueden acceder a este beneficio.

Al revisar en detalle la propuesta (ver recuadro), buena parte de la misma se concentra en modificar los alcances y funciones de la Federación de Cafeteros y la institucionalidad en su conjunto. 

La institucionalidad 

En opinión de la Comisión, el de Colombia es el segundo mercado cafetero más intervenido del mundo, entre otras razones por las funciones que realiza la Federación, entidad que recauda y administra ingresos de un impuesto, tiene funciones regulatorias y a su vez compite con privados.

Otra de las propuestas planteadas desde la Misión de Ajuste de 2002 y retomada en la actual, apunta a separar las funciones de comercialización y regulación de la Federación Nacional de Cafeteros y del Fondo Nacional del Café, dado que la primera concentra cerca de una tercera parte de las exportaciones de café, regulando y compitiendo en el mismo mercado.

Esa discusión generó un conflicto institucional en 2010 entre la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport) y la Federación de Cafeteros. El entonces presidente de Asoexport, Jorge Humberto Botero, fue quien alzó la voz de manera más fuerte contra la Federación. Desde entonces ha sido un tema recurrente entre exportadores privados y cafeteros.

Estas prerrogativas y la intervención del Gobierno en actividades cafeteras (excluyendo al sector privado) explican el pobre desempeño de la caficultura nacional. La Misión sugiere que los aspectos normativos de la Federación frenan la iniciativa privada y pueden ser nocivos para la calidad, la producción, la innovación y la competitividad del sector.

Responden los cafeteros


El malestar en la Federación de Cafeteros es grande, por lo que algunas fuentes consultadas han llamado “sutilezas y profundas imprecisiones” del borrador publicado por la misión, liderada por Juan José Echavarría. Según estas fuentes, “se están destacando solo los elementos negativos de los estudios de los 18 expertos; constantemente faltan a la verdad y el documento se olvida por completo del bienestar del caficultor”.

Otras fuentes consultadas por Revista Dinero señalan que el Informe de la Misión Cafetera muestra lo que la Comisión quiere mostrar. “Por ejemplo, se presenta la caída de la producción cafetera desde 1991, sin considerar que los primeros años de la década de los noventa registraron producciones atípicas, muy por encima de las de largo plazo de la industria”.

Sobre la propuesta de eliminar la garantía de compra existen críticas de la Fedecafé y las Dignidades Cafeteras, dado que este es un bien público sectorial que protege a los caficultores, en un mercado en donde existen pocos compradores y muchos vendedores. “El argumento de la Misión es que existen países donde la transferencia de precios al productor es mayor que en Colombia, como Brasil, Vietnam e India (cerca de 90%), mientras que en Colombia es de 79%, presentando datos sacados del sombrero, porque los cálculos de la Federación indican tasas similares a los de los países mencionados”, destacó otra fuente.

Se debe anotar que en el proceso de venta el caficultor tiene la opción de venderle el café a un tercero o a una cooperativa, a su vez estas cooperativas tienen la opción de venderle el café a la Federación o a un tercero. Cabe destacar que 34 cooperativas, en 514 puntos de compra, comercializan el producto con la Federación, entidad que compra en promedio 25% de la cosecha.

Fernando Castro, representante del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, hizo público un documento que enumera 10 imprecisiones que ponen en duda la profundidad del análisis de la Misión. 

Dentro de las ‘ligerezas’ resaltadas por el directivo de la Federación, se enfatiza la política de unificación de la calidad del Café de Colombia que, en palabras de la Comisión, explica que otros países hayan crecido más rápidamente en el mercado de los cafés especiales, opinión que a juicio del experto carece de sustento en el informe. Según él, la Misión critica la pérdida de competitividad del café colombiano, exponiendo como exitosos los aumentos de la producción en Nicaragua, Honduras y Perú. Así, son omitidos los “daños ambientales y la persistencia en las condiciones de vulnerabilidad social de las comunidades productoras”.

Además, Nicaragua, en opinión del experto, no es el mejor modelo a seguir en vista de que perpetúa las condiciones de pobreza de los productores, quienes solo reciben 30% del precio de mercado y el resto va a manos de las empresas exportadoras.

Asimismo, las Dignidades Cafeteras que apoyaron el paro de 2013 expresaron su voz de alarma. Temas ya discutidos como el precio de los insumos y la renovación de los cafetales, que eran parte central del Acuerdo Agropecuario firmado con el Gobierno, no fueron enfatizados en esta versión del documento. Además, la defensa del mecanismo de fijación de precios de la Federación puso a Dignidades y gremio cafetero en la misma orilla.

Finalmente, una propuesta omitida en esta ocasión por la Misión, mencionada en otras oportunidades, es el desarrollo de cultivos mecanizados de café robusta en la altillanura, tema que asusta a muchos productores tradicionales del grano, quienes podrían salir del mercado. 

Sin azúcar, ¡por favor! 

Implementar las reformas requiere procesos de análisis, discusión, negociación y, sobre todo, de ejecución. En el caso de materializar las ideas que finalmente presente la Misión, se requerirá una nueva manera de pensar el negocio en el marco de nuevos roles de las instituciones cafeteras.

El cambio en la mentalidad cafetera implica rechazar los subsidios directos que endulzaron el negocio y volvieron ‘diabéticos’ a los cafeteros, debido a que su competitividad empezó a depender de la ayuda oficial. Además, es necesario impulsar la generación de bienes públicos como carreteras, especialmente de la red terciaria, base de una verdadera revolución que amplíe la frontera agrícola del país y que beneficie a los caficultores más pobres, ese 90% que solo recibe 10% de los recursos del PIC.

Es necesario un ejercicio serio de reflexión por parte de todos los actores (productores, empresarios y políticos), para definir el norte al que apuntará la industria en los próximos años, evitando que estos resultados sean un compendio de iniciativas nunca implementadas, como las sugeridas en 2002. Solo así se garantizará que la industria cafetera sea ese edificio perenne, generador de progreso y eje en la construcción de la paz. En estos temas es urgente ir al grano.

Algunas propuestas del Informe

1| Precio de mercado

Creación de un precio mínimo, el cual coincidiría con los costos variables de producción. Actualmente el precio base de compra interno se calcula a partir del precio internacional (Bolsa de Nueva York), el diferencial, por calidad del mercado para el café colombiano y la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano.

2| Institucionalidad cafetera

Ni la Federación ni el Comité Nacional de Cafeteros deberían ser responsables del diseño y ejecución de política social dirigida a los caficultores. Las actividades de la Federación deben estar sujetas al mismo régimen tributario de cualquier actor privado.

3| Competencia

Se debe abrir espacio para la iniciativa privada en la producción y comercialización en condiciones iguales.

4| Reconversión de caficultores

Es imperativo facilitar la reconversión de algunos pequeños caficultores hacia otras actividades que les permitan alcanzar un mejor nivel de vida.

5| Exportación

Las exportaciones cafeteras deben ser desreguladas. Esto incluye la eliminación del registro de transacciones ante la Federación de Cafeteros.
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