| 7/21/2016 12:00:00 AM

Los vacíos en la enseñanza de la abogacía en Colombia

Colombia es reconocida por tener excelentes abogados. Para que la tendencia continúe en los próximos años es necesario encontrar soluciones a las dificultades que existen en la enseñanza de la abogacía.

La abogacía es una de las carreras más importantes y apetecidas del país. Año tras año, las facultades de Derecho reciben a miles de estudiantes que aspiran a convertirse en reputados abogados. Pero a juzgar por un estudio realizado por la el Ministerio de Justicia y del Derecho, el prestigio de esta carrera no corresponde con la calidad de los planes de estudio. En 2015, luego de realizar cinco foros regionales sobre esta materia, dicha entidad manifestó una seria preocupación en torno a “la calidad promedio de los pregrados en derecho” del país.

Tras esa correría quedaron en evidencia las principales debilidades que afectan a quienes ejercen esa profesión: la disminución de la credibilidad social en los abogados y en su condición ética, la sobreoferta de estos profesionales en el mercado, la desconfianza en la calidad promedio de la educación jurídica y en la calidad promedio técnica y ética de aquellos, la preponderancia de la memoria sobre el razonamiento en la enseñanza y la falta de una mayor formación científica de los educadores del pregrado.

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Pero esta percepción no solo es del Ministerio de Justicia, ya que los problemas en la formación de los abogados saltan a la vista. Según el Ministerio de Educación, en 2015, de los 165 programas de pregrado en Derecho, apenas 31 (19%) contaban con acreditación voluntaria de alta calidad, mientras que los otros 134 (81%) simplemente tenían el registro calificado, que es la licencia que les otorga el Ministerio de Educación cuando cumplen los requisitos de calidad exigidos por la ley.

El aspecto negativo en tal escenario es que la mayoría de los estudiantes están matriculados en los últimos. En efecto, actualmente, de casi 138.000 estudiantes de Derecho, más de 98.300 (71,3%) estudian en los programas con registro calificado y unos 39.600 (28,7%) en los de alta calidad.

Por supuesto, esta disparidad afecta la calidad de los estudiantes que reciben el título de abogado. Al comparar el desempeño en el examen de estado Saber-Pro, el Ministerio de Educación destacada que las cifras indican que un estudiante de derecho de un programa con registro calificado obtiene, en promedio, un rendimiento menor de 8,27% al presentar las pruebas estatales en los aspectos de lectura crítica, inglés y razonamiento cuantitativo. Entre tanto, los de programas de alta calidad logran resultados dentro del promedio o por encima de este.

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Por si esto fuera poco, un vacío legal oscurece aún más el panorama. En 2011, una sentencia del Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 2566 del 2003 que había fijado las condiciones mínimas de calidad para todos los programas de educación superior del país. A raíz de esa determinación legal, hoy en día la resolución que señala las características mínimas de calidad de los programas de pregrado en derecho no está vigente y las universidades no tienen un norte al respecto.

Mientras se subsana ese vacío, mediante una nueva resolución del Ministerio de Educación, consultada con las facultades de jurisprudencia, estas han ido ajustando sus pregrados a las nuevas exigencias del entorno empresarial. Decanos y directivas de las universidades han empezado una exigente labor de actualización de los programas académicos del derecho, uno de los grandes retos que tiene la academia colombiana.

Edgar Cortés, director del doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, piensa que, más allá de modificar los programas de estudio, la clave está en la “permanente actualización de los contenidos de las materias” básicas de derecho privado y de derecho público que conforman el “núcleo duro” de la formación de los abogados.

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La tarea de actualización de los programas no es fácil y tiene varias trabas institucionales. Según Camilo Piedrahita, decano de Derecho de la Universidad Eafit, “también debe tenerse en cuenta que el contenido de los programas de pregrado en derecho está fuertemente reglado por el Ministerio de Educación, razón por la cual a veces es difícil hacer modificaciones que permitan incorporar esos cambios necesarios”.

Educadores de lujo

A pesar de las restricciones institucionales, las universidades más importantes del país han comenzado a hacer importantes cambios en sus programas de derecho. En relación con el pregrado de la Universidad Javeriana, su decano, Julio Andrés Sampedro, señala que el plan de estudios, a pesar de ser relativamente nuevo, ha tenido “una serie de cambios que buscan flexibilizar el núcleo fundamental de las asignaturas para facilitarles a nuestros estudiantes cursar otros programas, tomar materias de énfasis y articular el pregrado con los programas de posgrado que ofrece la misma facultad”.

Silvia Gloria, decana de Derecho de la Universidad del Norte, afirma que, además de otras mejoras, han incorporado a la planta profesoral más doctores de tiempo completo y abogados en ejercicio “con prácticas profesionales exitosas”. Asimismo, modificaron el esquema tradicional de énfasis por áreas del derecho y los reemplazaron por asignaturas en las que los estudiantes escogen roles como servidores públicos, litigantes, jueces o árbitros, asesores empresariales o defensores de derechos humanos.

Pero además de actualizar los pregrados, las universidades deben enfocarse en los programas de posgrado, en donde el abogado puede recibir nuevas herramientas y estar al tanto de las nuevas tendencias del mundo de la abogacía. Juan Carlos Forero, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, asegura que la “preparación de un abogado no debe consolidarse únicamente con el título de pregrado, sino que debe afianzarse con estudios de posgrado, experiencia profesional y diversas actualizaciones que solo con los años, después de graduado, adquirirá”.

En este mismo sentido, Andrés Rengifo, abogado de la Universidad Externado y director de propiedad intelectual y seguridad digital de Microsoft para Latinoamérica, asegura que “el profesional del derecho tiene que asumir una actitud de aprendizaje permanente”, porque el mundo está cambiando vertiginosamente y debe “volverse un gran comunicador” en aras de transmitir de manera sencilla los conocimientos sofisticados que ha alcanzado la realidad jurídica de hoy.

Oferta saturada

En contraste con los 138.000 alumnos de derecho, en Colombia están vigentes 240.000 tarjetas profesionales de abogado. “Eso quiere decir que solo con las presentes cohortes de estudiantes, el país está educando, en algo más de un lustro, el 70% de la oferta total de profesionales en derecho”, advierten funcionarios del Ministerio de Justicia.

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