| 11/10/2016 12:00:00 AM

¿Es hora de intervenir Electricaribe?

La crisis de Electricaribe se ha agudizado por el incumplimiento y atrasos en los pagos para la compra de energía. La situación amenaza con cortes en la Costa. ¿Le llegó la hora al Gobierno de intervenir la empresa o hay otras salidas?

El Gobierno ha insistido en que no dejará que se apague la Costa, “pero si la empresa llega a incumplir con los pagos, la Superintendencia de Servicios Públicos tendría que verse obligada a intervenir, porque empezaría la interrupción del suministro y el Gobierno no puede permitir que eso ocurra”, le dijo a Dinero una fuente del sector.

Aunque el pasado 8 de noviembre, ya entrada la noche, Electricaribe giró a XM el pago de la deuda, es claro que no se puede mantener una situación en la cual una compañía con ese nivel de deudas y sin garantías siga funcionando y recibiendo una energía que puede ser incobrable. Allí empezaría a gestarse un riesgo sistémico, pero no solo del sector eléctrico.

Otros, como el financiero, ven con preocupación la situación de Electricaribe. Aunque el sector eléctrico no está encabezando las preocupaciones de los bancos –como sí lo hacen los sistemas de transporte masivo o algunas EPS–, hay una exposición por cuenta del endeudamiento de la empresa. No obstante, dice una persona cercana al sector financiero, en valor es inferior a la cartera en riesgo que se observa en otros sectores y, buena parte de la misma, se encuentra provisionada de acuerdo a las características de cada compromiso crediticio.

Según las cuentas de Gas Natural Fenosa en Colombia, Electricaribe le debe al sistema financiero $1,6 billones a tres años. La deuda de corto plazo –para este año– es de $150.000 millones.

Sin embargo, los tiempos no están cuadrando y la caja de la empresa se está agotando para cumplir con sus obligaciones, en especial en garantizar el servicio de energía.

Arce, en la citada entrevista con Dinero, advirtió, al preguntársele por una posible intervención, que ya le había dicho a la empresa que el Gobierno se estaba preparando “por si toca intervenir, pero eso en la lógica de ello es ‘me van a expropiar’. Una intervención no es una expropiación, es el resultado de un incumplimiento de una prestación de servicio”, dijo.

Si Electricaribe no se pone al día en sus pagos y no se compromete con inversiones, al Gobierno al parecer no le quedaría más camino que intervenirla. Al momento de hacerlo, las deudas hacia atrás quedarían congeladas y deben buscarse acuerdos con los acreedores. Hacia adelante el Gobierno deberá garantizar la prestación del servicio y buscar una gestión más eficiente desde lo operativo. En buena medida el problema de operación de la compañía es que no tiene garantías. Si el Gobierno toma la administración puede dar las garantías para que Electricaribe siga operando y evitar que el hueco siga creciendo y poniendo en riesgo todo el sistema. Pero hay que tener en cuenta con qué fin se va a intervenir: si es para administrar o para liquidar la compañía.

De darse la intervención, sería sin duda, una de las más grandes en la historia del país: los ingresos operacionales de Electricaribe pasaron de $2 billones en 2007 a $4,2 billones en 2015, mientras su nivel de activos pasó de $5,1 billones en 2013 a $5,6 billones en 2015.

Los plazos se vencen y las decisiones parece que no dan espera. ¿Qué vendrá para la Costa Caribe?.

‘Si no debe intervenirse, los dueños deben invertir más plata’

Susana Correa es una senadora que, por su desarrollo profesional, puede tener una visión diferente. Ella trabajó en la intervención de Emcali y también laboró en Unión Fenosa.

Para esta congresista en Electricaribe se juntan varios temas: rezago en la inversión por parte del operador de red, señales regulatorias que no incentivan la inversión, ausencia de herramientas que prevengan el fraude de energía, mecanismos que faciliten el pago de la deuda, ausencia de un esquema de subsidios a largo plazo y mayor compromiso de los usuarios con el pago. Asegura que el Gobierno debe intervenir la empresa.

¿La intervención para qué? Básicamente porque aleja a la junta directiva y al gerente de la operación de la compañía y pone un agente controlado por la Superservicios, con cláusulas y objetivos claros, porque hay un plan de mejora. Aquí es claro que no siempre un interventor garantiza el éxito. Tiene que ser una persona técnica, conocedora del tema.

¿Qué hará esta persona?  Primero, como el operador no ha hecho inversiones, es necesario hacerlas.

Cuando ellos hicieron el contrato era claro que debían invertir y cuánto, pero no cumplieron. Es difícil con esas pérdidas –cuyo gap es casi de 4%-, pero debe haber herramientas para que lleguen a lo que cubre la energía porque es entonces una pérdida para la empresa. También deben buscar mecanismos que faciliten el pago de la deuda.

¿Qué pasa en una intervención? Que se congelan las acreencias, se arma un comité de acreedores y se renegocian los pagos a un tiempo determinado y la gente va pagando de acuerdo a lo que le va entrando de recursos, porque se priorizan las necesidades para prestar el servicio.

¿No hay riesgo de que, si interviene el Estado, muchos no paguen? Cuando se han intervenido las otras empresas no sucede que la gente deje de pagar. No aumenta la cultura de no pago.

¿Quién debe pagar? ¿El Gobierno debería poner la plata sabiendo que es empresa de un privado? Por lo general no se trata de capitalizar, sino de que el Gobierno pueda prestar recursos, y esos recursos usarlos para lo que realmente se necesita. En algunas intervenciones se considera que hay más garantías, en otras no se ha necesitado. Los ingresos propios se manejan de forma priorizada.¿Se estaría haciendo una expropiación?No creo que una intervención sea una expropiación. Es temporal. El riesgo inminente puede llevar a que la empresa sea intervenida por la Superintendencia. Ahora, me parece muy bueno que ellos desde España estén mirando qué van a proponer (de recursos). Si ellos dicen que la relación de gobierno a gobierno es que entran a ser garantes de que la situación va a mejorar, llevan recursos para invertir, es bienvenido. Pero si lo que quieren es parar la intervención y seguir de la misma forma en que está el servicio, uno piensa que la gente ya no aguanta más. Si realmente los dueños creen que no deben intervenirlas, deben invertir más plata.

Batería baja

El caso de Electricaribe es un círculo vicioso: las quejas por mal servicio se explican por la nula inversión de la empresa. Esta ausencia de recursos se da –a juicio de la compañía– por el fraude y la cultura del no pago y el consecuente bajo recaudo.

Esta situación se refleja en la calidad del servicio y en las pérdidas de energía. En el año 2014 la duración promedio de interrupciones en horas fueron 83,49, en 2015 subieron a 93 y en 2016 ya está por encima de esa cifra.En cuanto a sus pérdidas técnicas y no técnicas están por encima de 21%, cuando en promedio en el país están en 10% y la empresa se ha quejado del bajo recaudo que de 95% que tenía en 2009 –cuando llegó Gas Natural tras la compra de Unión Fenosa– pasó a 84,5% en 2015.

Sin embargo, un reciente informe de la Superservicios revela que durante el mes pasado en el mercado regulado (consumidores residenciales, comerciales e industriales) fue de 95% en 2015 y de 94% en lo que va de 2016. El recaudo en el mercado no regulado fue de 100%, tanto en 2015 como en lo que va corrido de 2016. El promedio de recaudo en los mercados regulados y no regulados, equivalentes a 77% de la facturación total de Electricaribe, es de 97,9%.

En cuanto al recaudo en barrios subnormales (no estratificados), el análisis arroja que, en 2015, la empresa recibió 18,16% de lo facturado y que el recaudo acumulado en 2016 asciende a 9,44%. No obstante, según la Superintendencia, el problema de la cartera morosa en barrios subnormales podría no ser una causa central de la deteriorada situación financiera de Electricaribe. “En verdad, las sumas que no fueron recaudadas en barrios subnormales durante el 2015 equivalieron apenas a 3,09% de la facturación total de ese año”, dice.

Lea también: Electricaribe pagó más de $28.000 millones y evitó temporalmente racionamiento

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