| 8/21/2013 6:00:00 PM

El fin del Upac

En septiembre de 1999 la Corte Constitucional prohibió el pago de intereses sobre intereses en las obligaciones de vivienda. Fue la muerte oficial del Upac, que por más de 20 años financió las viviendas de los colombianos.

La fecha oficial del réquiem por el sistema Upac, que por más de veinte años financió las viviendas de los colombianos, fue el 16 de septiembre de 1999. Ese día la Corte Constitucional, conducida por el magistrado José Gregorio Hernández –ponente de la decisión– dejó sin piso jurídico varias disposiciones del Estatuto Financiero que constituían la espina dorsal del anatocismo, la fórmula impuesta a los deudores de vivienda que los obligaba a pagar intereses sobre intereses.

Leída en los archivos de prensa de la época, la versión de aquella historia adquiere un matiz oficialista. El gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango convenció a un amplio sector de los medios de que el fallo afectaba la forma pero no el fondo del régimen de financiación de vivienda. La Corte, según el relato oficial, se había limitado a decir que el Gobierno no tenía facultades para legislar sobre una materia que era de potestad exclusiva del Congreso de la República.

Aparte de los problemas prácticos que la sentencia le generaba, Pastrana recibía con esta un golpe anímico y sentimental: su padre, Misael Pastrana Borrero, había ideado el sistema el 2 de mayo de 1972, cuando firmó los decretos 677 y 678 que le dieron vida al Sistema de Valor Constante –que creó la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac)– con el propósito de “incentivar el ahorro de los colombianos y encauzarlo hacia la industria de la construcción”.

Leída en los documentos que reposan en los anaqueles de la Corte, la historia tiene sus bemoles. El fallo del 16 de septiembre de 1999 solo fue la estocada última al Upac y tenía como antecedentes otras sentencias que le quitaban su esencia. Una de las más importantes se produjo el 28 de mayo de ese mismo año y juzgó inexequible la fórmula de cálculo que tomaba como referencia la DTF. Eso significaba que la corrección monetaria no podría medirse atada a la tasa de interés del momento.

En aquella primera ocasión, el mismo magistrado Hernández había salvado su voto y la mayoría –siete votos contra dos– había sido conseguida por una ponencia redactada por el magistrado Alfredo Beltrán. El proyecto victorioso tumbaba el artículo 16 de la ley 31 de 1992 que obligaba al Banco de la República a reflejar la tasa de interés vigente para el mercado al momento de fijar el método para calcular el valor de la Upac.

La Corte encontró entonces que la autonomía del Banco quedaba restringida y que la norma contrariaba la Constitución, que ordenaba ya el sistema de financiación de vivienda a largo plazo, pero en ningún caso contemplaba mecanismos de cuotas que se hicieran impagables para los beneficiarios.

Las decisiones del máximo tribunal constitucional estuvieron mediadas por fuertes manifestaciones de los usuarios del sistema que, recibos en mano, buscaban demostrar en las calles que, pese a que habían pagado cuatro o cinco veces el monto original del crédito, habían tenido que entregar sus casas en dación de pago para saldar obligaciones que crecían a un ritmo vertiginoso. Los líderes de las protestas hablaban del suicidio, durante los tres lustros anteriores, de más de 2.000 usuarios desesperados por su situación económica.

El régimen de transición establecido por la Corte en su sentencia de septiembre de 1999 llevó al Gobierno y al Congreso a hacer causa común para expedir un nuevo régimen, el de las unidades de valor real (UVR) que relaciona el poder adquisitivo de los usuarios con el índice de precios al consumidor y no ya a la tasa de interés.

La fórmula no ha sido la panacea. Aún persisten las protestas de usuarios para los que el nuevo modelo no es más que un maquillaje del  anterior. Pero lo cierto es que el sistema actual de financiación de la vivienda parece menos conflictivo que el anterior, que tuvo que ser sometido a 22 reformas desde su concepción, y aun así no logró conciliar los intereses de las viejas corporaciones de ahorro y de los bancos con los de sus clientes.

La tutela sigue siendo el instrumento favorito de los usuarios para defender sus derechos cuando, a su juicio, son violados por operadores del sistema financiero que no habrían acatado el fallo que representó la partitura de réquiem por el Upac.
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