Reunido con un grupo de estrategas en la sala de guerra del cuartel general de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidió en enero de 2012 una evaluación de los riesgos del Plan Espada de Honor, la fase más intensa de la ofensiva contra las Farc que vendría en la segunda mitad del gobierno Santos.
La respuesta de los generales fue esta: la reacción más lógica de la guerrilla sería intensificar sus ataques contra la infraestructura productiva del país, buscando atomizar la acción de las tropas y crear un clima de malestar en la opinión.
Seis meses después, ese escenario se está cumpliendo. En los campos petroleros del Casanare, donde trabajan desde empresas grandes como Ecopetrol, Equión y Terenco, hasta operadores pequeños que hacen exploración y explotación en el piedemonte y la sabana, los jefes de seguridad de los campamentos han reportado dieciocho incidentes este año. Las modalidades incluyen hostigamientos y ataques con petardos a los pozos y a las líneas de flujo y también quema de vehículos.
En el mes de julio arreciaron los ataques con explosivos contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, fue asesinado en Arauca el arquitecto José Ricardo Mora Díaz, gestor social de Sicim –firma contratista del Oleoducto Bicentenario– y secuestradas la ingeniera ambiental Yina Paola Uribe Villamizar y la comunicadora Élida Parra, que hacen trabajo comunitario asociado al mismo proyecto en aquella región.
Allí operan rezagos de los que alguna vez fueron los poderosos frentes 28, 38 y 56 de las Farc y la compañía José David Suárez, del Eln, que en los años 90 generaban tensión y zozobra en Yopal y Aguazul. Hoy intentan reorganizarse para convertirse en retaguardia de estructuras mayores que buscan resistir la ofensiva del Ejército.
Es una nueva fase de la guerra. El Gobierno está ejecutando una concentración masiva de fuerzas en las regiones de Arauca, Casanare y Putumayo, donde se ubica tanto la actividad de la guerrilla como la explotación de hidrocarburos, con el fin de asestar golpes decisivos a las Farc, comparables a la caída de Alfonso Cano.
Por su parte, la guerrilla se la está apostando toda a un objetivo que sería de gran impacto: desestabilizar la producción petrolera al retrasar la construcción del Oleoducto Bicentenario y dilatar el cumplimiento de las metas de producción e ingresos petroleros del país. De lograrlo, le estaría pegando en la vena a una fuente crítica de recursos fiscales del Gobierno y enturbiaría el favorable ambiente internacional que ha logrado desarrollar Colombia como destino de inversión. Sería todo un éxito para la guerrilla si llegara a alcanzar estos objetivos.
Golpe al petróleo
Si bien este escenario de ataques sobre la infraestructura petrolera estaba dentro de los riesgos calculados por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, no se puede negar que los efectos se han sentido y la guerrilla ha logrado crear un clima de tensión. Las pérdidas superan ya los $145.000 millones y la industria petrolera da muestras de nerviosismo. De hecho, el 25 de julio Ecopetrol anunció públicamente que la inseguridad es uno de los factores que tuvo en cuenta para reducir su meta de producción de este año, de 800.000 barriles diarios a 780.000.
Por su parte, las firmas que representan la inversión canadiense comienzan a reportar bajas en la producción. Un ejecutivo de Gran Tierra Energy, firma que opera en Colombia hace tres años y que ganó relevancia en el mercado luego de descubrir y desarrollar el campo Costayaco, en el Putumayo, dijo a Dinero que, aunque no hay razón para el alarmismo, el acecho de la guerrilla podría inhibir las labores de exploración y producción. La empresa se acercaba a los 20.000 barriles diarios al comenzar el año.
La posición de Gran Tierra es asumir una postura conservadora mientras se normaliza la situación y en ningún caso retirar la inversión. Ya en 2008, la transnacional canadiense había soportado un paro petrolero instigado por la guerrilla que provocó el cierre de un ducto operado por Ecopetrol a través del cual fluía su crudo. También se vio afectada por disturbios generados por el desplome de la pirámide DMG intervenida por el Gobierno.
Petrominerales también ha replanteado provisionalmente sus metas de producción y ha tenido que asumir un receso forzado en la exploración de su campo de Vistahermosa, Meta, debido a los asedios y amenazas. Incluso la argentina Pluspetrol, cuya inversión es relativamente pequeña (algo más de US$100 millones), ha limitado, al menos transitoriamente, sus proyectos de exploración, en parte a causa de problemas con la sísmica y demoras en los trámites de licencias ambientales, pero también por inconvenientes de seguridad.
Se está acumulando un atraso frente a las metas de producción de petróleo para este año. De acuerdo con documentos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la producción diferida de petróleo llega actualmente a los 82.000 barriles diarios. Quienes actualizan las cifras en la ANH aseguran que la principal causa es el rezago en los trámites ambientales.
Según la agencia estatal, el área donde se advierte el mayor impacto de la producción diferida es Rubiales, con 36.000 barriles diarios. Le siguen, con 10.000 barriles diarios cada una, Quifa –que concentra quince campos de producción de Pacific Rubiales–, Castilla y Chichimene. Esta última, operada por Ecopetrol, había registrado a comienzos de la década del 2000 un incremento récord de 600% y en 2011 superaba los 150.000 barriles diarios.
Hernando Barrero Chaves, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), explica que estas cifras reflejan un descenso de no menos de 8% en la producción, la cual se acerca hoy a los 930.000 barriles diarios y se aleja cada vez más de la meta del millón de barriles. “Estamos en un delta señalado por dos factores: los ataques terroristas y los problemas sociales que generan bloqueos y son aprovechados por algunos políticos y otros personajes empeñados en hacerle un ambiente muy pesado a la industria que más le aporta actualmente el país”, afirma Barrero.
El ambiente, sin duda, está cargado. Abundan los rumores y las especulaciones sobre el impacto que puede tener esta escalada en la actividad de la guerrilla. Desde los comentarios en los cocteles hasta los trinos del expresidente Uribe, la evolución de los acontecimientos ha sido muy desfavorable para el gobierno.
Sin embargo, el Gobierno rechaza las versiones según las cuales la inversión extranjera en el sector se podría estar alejando.
“Yo no he oído a ninguna empresa hablar de retirarse de Colombia”, dice, remarcando cada una de sus palabras, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas. A su juicio, los inversionistas foráneos entienden que los riesgos planteados en Putumayo y Arauca, dos de los principales centros de producción, son controlables. Cárdenas cree que las petroleras miran las tendencias largas y no las fluctuaciones de corto plazo y entienden que las tendencias en Colombia son positivas en materia de seguridad (ver entrevista).
Hernando Barrero, vocero de Acipet, lo controvierte. Para Barrero, si bien aún no ha habido retiro de la inversión extranjera, una pérdida progresiva de confianza podría provocarlo.
Lo que está en juego
La estrategia del Gobierno no incluye únicamente un despliegue de fuerza militar. Se trata de un planteamiento integral donde el objetivo es fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas.
El Gobierno debe frenar a la guerrilla. El petróleo representa hoy 52% de los ingresos de exportación y aporta 86% de su crecimiento. Durante el primer trimestre, la economía creció 4,7%, mientras el sector petróleo lo hizo a 12,4%. Fue el único sector que alcanzó los dos dígitos.
Y si el aporte del petróleo al Producto Interno Bruto es importante, la contribución a las finanzas del Estado es absolutamente decisiva en este momento. En 2011, Ecopetrol giró al Gobierno utilidades por cerca de $9 billones. Los dividendos entregados por Ecopetrol al Gobierno más los impuestos y las regalías del sector petrolero sumaron cerca de $20 billones el año pasado.
Para 2013, el Plan Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda establece un incremento en los recursos de capital, donde Ecopetrol será clave, gracias a sus excedentes: pasará de aportar $7 billones a $12 billones y un recaudo por impuesto de renta de $6,8 billones. Los cambios en las perspectivas obligarán a revisar esas cifras.
“No alcanzar las metas de producción petrolera traería una caída en los ingresos de las regalías, dividendos e impuestos”, advierte Julio César Vera, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Minas.
Habría un resentimiento en el mercado bursátil, pues Ecopetrol representa 20% del índice de la Bolsa de Valores. La situación podría producir también una caída en el consumo, por un menor efecto riqueza sobre los 400.000 inversionistas de la compañía.
La guerrilla es un monstruo de muchas cabezas. Los ataques sobre la infraestructura petrolera están logrando el efecto buscado de afectar la confianza. Para el gobierno es prioritario lograr sus metas de seguridad en las zonas de producción petrolera y asestar golpes decisivos a la guerrilla para revertir la percepción de fortalecimiento que ha ganado recientemente la subversión. La batalla no se da únicamente en el terreno militar, también en el político y económico, donde las percepciones y las expectativas son tan importantes como la realidad.