| 5/11/2017 12:01:00 AM

Tercer desafío de las 4G: ajustes a la contratación

Hoy se discute en el Congreso la reforma a la Ley 80 que sería el escenario para esta discusión. Sin embargo, al cierre de esta edición, el senador Andrade confirmó a la revista que esta iniciativa no estaba aún incluida.

Cuando estalló el escándalo de Odebrecht, la preocupación inicial fue por uno de los proyectos más grandes: Ruta del Sol tramo II, donde estaba Odebrecht con más de 60%, en el que casi todos los bancos colombianos participaron y tenían $2,4 billones en cartera. Odebrecht es una bomba que estalló en medio del modelo y fue el primer gran reto para el Gobierno: diseñar una fórmula que garantizara a los bancos estos recursos, pero que además los tranquilizara de cara a los cierres financieros que estaban en curso. Ese proyecto no formaba parte de las concesiones de 4G, pues fue uno de los últimos que adjudicó la Administración Uribe II.

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La ANI inició un acuerdo de terminación del contrato, ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y diseñó una fórmula de liquidación que fuera equivalente a una nulidad. Este es un evento clave hacia el futuro porque se establecerá como precedente. La solución hoy está a la espera de dos aprobaciones: la primera, la del tribunal de arbitramento del proyecto, proceso que está acompañado de la Procuraduría General de la Nación. Y la segunda, que la Procuraduría instauró una acción popular –ante el Tribunal Superior de Cundinamarca– para restablecer los derechos colectivos, de trabajadores, proveedores y usuarios. La ANI presentó el plan ante esta entidad que incluye, además de la liquidación del contrato y su nulidad, avanzar en el plan de obra pública de Invías –que cubrirá cerca de 15% del desarrollo del proyecto que se suma al 52% que se había ejecutado–. Para ello se espera la aprobación de la adición presupuestal en el Congreso y trasladar recursos de la ANI a Invías. Pero, además, la ANI tiene que avanzar en el desarrollo de la licitación de la alianza público privada para el 35% restante. Este plan debe ser aprobado por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Aunque los empresarios advierten que ha sido una buena señal por parte del Gobierno, pareciera que no es suficiente y buscan que este modelo quede incorporado en la legislación.

Según fuentes del sector financiero, si un proyecto llega a colapsar y se daña, lo que se puede recuperar en el peor de los mundos es un elemento fundamental dentro de su evaluación de riesgo. “Hay proyectos que en caso de siniestro cuentan con una fórmula y una metodología y claridad jurídica de cuánto puede recuperar la entidad financiera. Pero el problema es que, con el caso de Odebrecht y con las medidas cautelares que sacó la SIC, nos dimos cuenta de que había un vacío jurídico y es cuando el contrato se declara nulo, que es distinto a cuando se siniestra. El problema es que si el contrato es nulo no se puede ejercer el valor de salvamento de ese colateral en el siniestro; ahí hay un vacío jurídico”, explica.

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Lo que se pretende hacer con el proyecto de ley –según la fuente– es que se trate de reglar que para el efecto de la nulidad existan las mismas garantías para las entidades financieras que en el caso de un siniestro, porque de lo contrario el apetito de riesgo sería muchísimo más bajo.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), y Santiago Castro, presidente de Asobancaria, en una comunicación dirigida a los senadores Hernán Andrade y Germán Varón, advirtieron que “es importante que la legislación defina claramente los asuntos relacionados con los efectos derivados de una inhabilidad sobreviniente, de la nulidad de un contrato celebrado bajo el esquema de concesión o APP, así como su liquidación, las eventuales prestaciones recíprocas a que haya lugar y el recibo de actividades ejecutadas”.

Hoy se discute en el Congreso la reforma a la Ley 80 que sería el escenario para esta discusión. Sin embargo, al cierre de esta edición, el senador Andrade confirmó a la revista que esta iniciativa no estaba aún incluida. Luis Andrade, de la ANI, explicó que el Gobierno discute cuál es el mejor escenario: si en el proyecto de ley que se está tramitando o en uno nuevo. Aún sin la discusión, ya hay un debate: a partir de qué momento se aplicaría la norma. Una de las propuestas iniciales es que se haga a partir de 2012 y allí se generó una tensión: antes de 4G, concesiones y obras podrían tener el mismo problema que Ruta del Sol II, y ante esta eventualidad quedarían en un limbo jurídico. Lo mejor, dicen los empresarios, es no fijar fecha de corte.

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