El primer campanazo de alerta al plan de gastos para el año entrante lo dio el representante David Barguil. Afirmó que el presupuesto de inversión para 2012 se estancó respecto al de este año, pues solo crecerá 0,9%, versus una inflación que estará alrededor del 3%.

“Esto quiere decir que la inversión, que recoge las cuatro locomotoras del Gobierno, se viene rezagando respecto al crecimiento de la economía, que se espera entre 4% y 5 % al año”, dice.

Por el contrario, cifras del presupuesto de inversión muestran que incluso hay una sensible reducción en los recursos que aporta la Nación, pues estos se recortan en 2% para 2012.

A juicio de Barguil, el Ministerio de Hacienda no ha aportado tampoco la suficiente información que permita establecer si hay o no coherencia entre la apropiación y el uso de los recursos.

“También es necesario que se revise el presupuesto, dado el reciente cambio del panorama internacional de las economías desarrolladas, ajustando los supuestos”, explica.

Para la senadora Gloria Inés Ramírez, el proyecto de presupuesto presenta un retroceso en educación. Según la congresista, en el presupuesto del año 2011 lo planteado para este sector representaba 3% del Producto Interno Bruto (PIB); mientras para el próximo año baja a 2,9% del PIB, situación que aleja al país de las Metas del Milenio y “viola las sentencias de la Corte Constitucional”.

Pero la discusión apenas comienza y hay que estar muy pendientes de los posibles micos. Por ejemplo, la Federación de Municipios envió una carta a los congresistas en donde solicita que se incluya en el proyecto de presupuesto la posibilidad de que los alcaldes mantengan los recursos no ejecutados en cada vigencia. En otras palabras, los municipios no tendrían la obligación de devolver los dineros que por distintos motivos no ejecutaron. Una especie de premio a la ineficiencia.

Esa ineficiencia también es advertida por Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes. En una columna en el diario El Espectador, Gaviria llamó la atención sobre tres presupuestos multimillonarios a los que él llama la ‘Santísima Trinidad’: el presupuesto tradicional de inversión, que ha sido históricamente coordinado por Planeación Nacional y es anualmente aprobado por el Congreso de la República. El segundo presupuesto, el de regalías, creado recientemente, que será asignado con base en las decisiones colegiadas de gobernadores, alcaldes y funcionarios sin pasar por el Congreso. Y, el tercero, el de Colombia Humanitaria.

A juicio de Gaviria, se corre el riesgo de repetir inversiones en algunos de estos fondos y fomentar la corrupción.

Otros hechos relevantes en el plan de gastos tienen que ver con el presupuesto de Acción Social, que pasa de $3,5 billones a $3,9 billones y que para algunos es la máquina ideal de propaganda política. En total, la Presidencia de la República aumenta su presupuesto de $3,8 billones a $4,3 billones. Esto es, 2,5 veces más lo que recibirá el Ministerio de Agricultura en 2012.

El AIS y las adiciones

Al continuar con el análisis del plan de gastos para el año entrante se detectan algunas particularidades o curiosidades.

Por ejemplo, en uno de los documentos anexos del Presupuesto se mantiene el nombre del controvertido programa Agro Ingreso Seguro (AIS), con aportes por $500.000 millones para el próximo año.

También se autoriza el giro directo de recursos del Ministerio de la Protección a EPS y hospitales y que hoy pasan primero por las manos de los entes territoriales, algo que no gustará mucho a los amigos de la descentralización pero que urgente para agilizar el flujo de recursos.

De igual manera, es posible leer una cuenta de cobro que se le pasa al Inpec, pues su presupuesto cae 33%, de $875.000 millones a $585.000 millones. En el otro lado del río está la Dian, cuyos recursos aumentan 65%, al pasar de $631.000 millones a más de $1 billón. Solo el plan antievasión costará $143.000 millones y otros $232.000 millones irán para inversión.

En sintonía con el boom en infraestructura, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) tendrá uno de los incrementos presupuestales más grandes. Su chequera pasará de $2,7 billones en 2011 a $3,7 billones para el año entrante, un incremento de 37%.

Aunque el Ministerio del Transporte ha descartado cualquier otra adición en la controvertida concesión Bogotá-Girardot, el proyecto de presupuesto asigna recursos por $434.000 millones para esta y otras cuatro concesiones viales que han estado en el ojo del huracán por sus reiterados atrasos, entre ellas, Pereira-La Victoria y Santa Marta-Paraguachón. Otros $109.000 millones irán para el Túnel de la Línea, ojalá se inviertan en la obra.

El presupuesto también incorpora recursos para la implementación del pasaporte electrónico, la VI Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Cartagena en abril 2012 y la nada despreciable cifra de $2,2 billones para la Rama Judicial y $1,8 billones para la Fiscalía.

En resumen, se trata de un presupuesto al que hay prestarle mucha atención, en especial en la fase de discusión en la que se pueden colgar micos y hasta orangutanes. En un primer debate programado hace cerca de 20 días no llegó ningún funcionario del Gobierno al Congreso porque había en la Casa de Nariño un encuentro entre el presidente Santos y la Mesa de Unidad Nacional; en un segundo debate, previsto para la semana anterior, la discusión fue mínima y no se tocaron los temas de fondo. Todo parece indicar que, como siempre, habrá pupitrazo, pues el plazo de aprobación vence en la segunda semana octubre.