Tribunal de Cundinamarca reinició proceso contra Uber

En su decisión la juez a cargo del caso entre el Ministerio de Transporte y Uber no anuló la demanda contra la plataforma, tal como esta lo pedía, pero sí señaló que “el despacho le haya razón al apoderado en cuanto que hubo una indebida notificación de la providencia de fecha nueve de marzo de 2017”.

El abogado de Uber había argumentado ante el Tribunal que la demanda y la medida cautelar debían anularse pues a él le fue notificada solamente la medida cautelar que la juez aprobó durante el proceso y no la demanda interpuesta en su contra. Además, el apoderado la recibió cuando todavía no asumía por completo el caso mientras que a Uber no se le notificó.

Esta vez, la juez ordenó que el proceso se reinicie con las debidas notificaciones tanto a la empresa en Colombia como a su apoderado y que dichas notificaciones tengan la información suficiente y necesaria.

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Luego de esa diligencia, Uber contará con diez días para presentarse ante el tribunal y argumentar por qué no debe aplicarse la medida cautelar que desactivaría su aplicativo en Colombia.

A mediados de marzo el Gobierno ya había tomado más medidas para controlar a Uber. En esa ocasión, excluyó los servicios de la empresa así como los de la similar Cabify de la categoría de servicio especial.

El Ministerio de Transporte oficializó la modificación del capítulo de transporte especial del Decreto 1079 de 2015.

Por medio de este se establecen las condiciones para la creación de las empresas, la afiliación de los vehículos, la prestación del servicio de transporte especial y los mecanismos de control para que todo se cumpla.

Tras dicha modificación queda decretado que ningún vehículo particular, como lo viene realizando la compañía estadounidense en su modalidad Uber X pero también la española Cabify con su segmento Lite, “puede ser utilizado para la prestación del servicio público de transporte especial de pasajeros”.  

Así mismo el Ministerio de Transporte señala que el automotor utilizado para este propósito debe estar afiliado a una empresa debidamente autorizada por ese despacho y cumplir con especiales características definidas en la norma, relacionadas con distintivos como placas, color, etc.

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