| 10/1/2008 12:00:00 AM

Se derrumba la primera pirámide

La Superfinanciera ordenó el desmonte inmediato de la sociedad Grupo Network, que captaba dineros en forma masiva y habitual. DMG sigue investigada.

La Superintendencia Financiera ordenó el martes el desmonte inmediato de la sociedad Grupo Network Inversiones de Bogotá, que captaba dineros en forma masiva y habitual.

También instruyó a esa empresa para que devuelva de inmediato cerca de $40.000 millones a las personas que les habían entregado dineros.

Esta es la primera medida cautelar que se expide con tal fuerza contra una sociedad de esta naturaleza.

El superintendente Financiero anunció que las investigaciones contra la controvertida firma DMG continúan.

 
El objeto social de Grupo G era el de dar asesoría en la promoción, contratación y representación de pequeñas y medianas inversiones, así como desarrollar actividades recreativas, vacacionales, turísticas, deportivas, sociales y culturales.

Por qué caen
La Superintendencia comenzó a actuar una vez que recibió informes de la Procuraduría y de oficinas municipales de impuestos, y de sus propios técnicos, que alertaban sobre operaciones de captación masiva de esa empresa.

En ese momento abrieron una investigación al Grupo G, cuyo informe final se entregó a mediados de junio. En ese momento conjeturaron que “la sociedad podría estar incurriendo en la conducta típica de la captación masiva y habitual, (…) por cuanto consideramos que recibe dineros del público, bajo el mecanismo de adelantar una campaña publicitaria para comercializar 2.500 títulos”, dice la Superintendencia.

Para establecer mejor el asunto, la Superintendencia realizó una visita de inspección en la cual encontró una operación abiertamente irregular.

El gerente de la empresa dijo que el Grupo se dedicaba a realizar ventas multinivel y que les pagaba un retorno de 100% en seis meses a sus aportantes como remuneración por la venta de 2.500 títulos de propiedad de un centro vacacional entre sus conocidos.

La Superintendencia encontró que desde octubre de 2007, un grupo de aportantes entregaba como mínimo $1 millón y suscribía un contrato de unión temporal, por el valor aportado. El aportante se comprometía a hacer una campaña publicitaria para comercializar 2.500 títulos de propiedad del Centro Vacacional Puerta del Meta que tenía un costo aproximado de $35.000 millones y el Grupo les prometía devolver el aporte y una utilidad.

Otro grupo firmaba un contrato de cuentas en participación en el que, con un aporte mínimo de $3 millones, se comprometía a comercializar 2.500 títulos del centro vacacional mencionado. A estos aportantes, seis meses después se les devolvía el aporte y un rendimiento, que salía de las utilidades del negocio de construcción y comercialización del proyecto.

Además, por la labor de referenciación y presentación de clientes a la sociedad, recibían una bonificación de $20.000.00 por cada millón que invirtiera el referido.

Aunque la sociedad adquirió el terreno para el centro vacacional, hasta febrero no había vendido ningún título de propiedad del proyecto. “Los anteriores hechos, permiten inferir que la sociedad Grupo Network Inversiones Ltda. a la fecha de realización de la visita de inspección, no tenía debidamente soportada la existencia del proyecto de inversión denominado “Centro Vacacional Puerta del Meta” y no había realizado labores de comercialización y venta de los títulos de propiedad, elementos que justifican según los contratos suscritos, la consecución de recursos del público”, señala la Superintendencia.

Quedaba claro que las utilidades que se les entregaban a los aportantes no podía provenir, como lo anunciaban, de utilidades del proyecto.

“Puede concluirse que la realidad jurídica y económica demuestra la existencia de un mecanismo de captación de recursos, cuyo único propósito es reconocer una utilidad igual al valor de la suma inicialmente recibida cuyo origen exclusivo, contrario a lo que afirman los contratos, es el desarrollo de la actividad de captación de recursos, que ofrece los flujos necesarios para responder por las sumas en la medida que se van haciendo exigibles”, añade la Súper.


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