| 2/10/2012 2:50:00 PM

Por cada 100 empleados de planta en entes territoriales, hay 107 por servicios

Bogotá, Antioquia y Santander presentan los casos más preocupantes. El Ministerio de Trabajo le dio dos meses a los alcaldes, gobernadores y jefes de entidades diseñar planes para formalizar a los trabajadores.


Según el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, por cada empleado de planta, en las entidades territoriales hay 1.7 por prestación de servicios, por esta razón emitió una nueva circular con instrucciones a alcaldes, gobernadores y jefes de entidades para que antes de dos meses diseñen planes de acción para la formalización de las relaciones laborales. Se excluye el sector salud.

La cifra de trabajadores con orden de prestación de servicios se desprende de un nuevo informe del Departamento Función Pública sobre el reporte de las diferentes entidades del Estado relacionado con los contratos de planta y de prestación de servicios –OPS- , atendiendo las directrices del Gobierno sobre la necesidad de combatir el uso abusivo de la figura en el Estado.

Según el ministro, a pesar de que el reporte de las entidades territoriales aun es bajo, los departamentos han reportado un total de 100.240 empleados de planta y 170.441 personas vinculadas por contratos de prestación de servicios –OPS-. “Esto muestra la gravedad de esta situación”, puntualizó el ministro.

En el informe se identificaron los casos más preocupantes por el alto número de contratos por prestación de servicios: Bogotá (27.629), Antioquia (14.595), Santander (13.167), Nariño (11.017), Norte de Santander (10.996), Valle del Cauca (10.680), Cundinamarca (8.969) y Arauca (7.335).

El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, aseguró que el Gobierno ha entendido que las entidades territoriales afrontan una importante coyuntura por el cambio de gobiernos locales, y por esa razón tomó la decisión de ampliar el plazo para presentar los reportes y los planes de acción para reducir el uso de las OPS. Sin embargo, advirtió que tanto las entidades nacionales como las del orden territorial que no los hicieron, pese a la prórroga de los plazos, serán reportadas ante los organismos de control.

“Toda vez que la información se requiere para la formulación de la política pública en materia de empleo, los responsables que no la adjuntaron dentro del plazo fijado serán reportados a los organismos de control, y siguen con la obligación de presentar los informes de forma inmediata al Departamento de la Función Pública”, advirtió el ministro.

El jefe de la cartera del Trabajo recordó que la Corte Constitucional ha sido clara sobre el carácter excepcional de los contratos de prestación de servicios “es una modalidad de vinculación con el Estado de tipo excepcional, que se justifica constitucionalmente si es concebida como un instrumento para atender funciones ocasionales, que son aquellas que no hacen parte del “giro ordinario”.

En una nueva circular (No.008) sobre este tema, MinTrabajo imparte instrucciones a alcaldes, gobernadores y jefes de entidades descentralizadas para elaborar planes de acción para la formalización de las relaciones laborales. Planes que deben estar diseñados antes de dos meses.

“Esperamos en dos meses tener un primer barrido sobre lo que van a hacer las entidades para dar cumplimiento a la política de formalización de la sentencia de la Corte Constitucional que el Gobierno Nacional comparte y aplica para que las OPS sean una excepción justificada y no la generalidad en la contratación, y así garantizar el trabajo digno y decente”, expresó el ministro.

Así mismo, la circular ordena elaborar procesos de medición de cargas de trabajo para determinar las necesidades para el cumplimiento de las funciones de la entidad.

El ministro explicó que para el sector salud, por sus características particulares, se definirán los respectivos lineamientos que permitirán desarrollar los planes de acción.

La directriz también les informa a los gobernantes y directivos locales que La Escuela de Administración Pública -ESAP- acompañará a las entidades públicas en el análisis de sus plantas de personal para diseñar y poner en práctica planes de acción que acaben con el abuso de las órdenes de prestación de servicios.

El documento reitera que en “ningún caso se deben interrumpir los servicios hoy contratados, mediante la figura de prestación de servicios en los términos señalados, mientras se formulan y se ponen en marcha los planes de acción para la formalización del empleo”.
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