| 1/24/2012 5:00:00 AM

Mundial Sub20: goles de irregularidades

Improvisación en la contratación, compras de productos sin justificación como televisores, materas, duchas eléctricas, chalecos y tableros acrílicos, son algunas de las irregularidades administrativas que se cometieron. Los contratos se firmaron sin planeación, estudios técnicos y cotizaciones. Los sobrecostos, sólo en Bogotá, ascienden a $31.850 millones.

Dinero.com conoció los detalles puntuales que llevaron a la Contraloría de Bogotá a destapar las irregularidades cometidas en la contratación, firma, ejecución de contratos y convenios para la realización del Mundial Sub20, que por primera vez tuvo lugar en Colombia. En un documento Conpes se estimaron inversiones por $144.883 millones, pero se ejecutaron obras por $200.000 millones.

El mal uso de los recursos se dio en la compra de insumos de oficinas, una resma de papel que cuesta en el mercado $7.500, se cobró a $59.000 (cada unidad), se pagó comida por 18 días, cuando sólo se entregó por un día. La Procuraduría se encargará de las investigaciones por faltas disciplinarias y detrimento fiscal.

El pago de $4 millones a un chamán para evitar la lluvia durante la clausura del Mundial Sub20, es el asunto más irrelevante en la cascada de anomalías que se cometieron en las contrataciones administrativas para celebrar la cita deportiva en el país y que llevó al ente de control a presentar un extenso informe que evidencia detrimento patrimonial por $1.900 millones.

La forma como se giraron recursos a diestra y siniestra evidencia infracción de las normas de contratación, ya que se entregó dinero en efectivo a funcionarios y asesores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte  (IDRD), que no estaban autorizados.

La Contraloría alerta por improvisación y la violación a la reglas de la administración pública, ya que desde el 2008, se sabía que Colombia iba a ser la sede del evento FIFA, por lo que se contaba con el tiempo suficiente para su planeación bajo las normas estatales.

Para el evento deportivo, un Conpes estimó que en la capital se requería la inversión de $9.123 millones. Finalmente ésta ascendió a $40.973 millones. Bogotá firmó 13 convenios que incluye consultorías, el evento de clausura, adquisiciones, alquileres, pagos de servicios  varios, entre otros premios de concursos arquitectónicos, licencias, pólizas. En total se suscribieron 13 contratos. Estas cifras no incluyen los recursos invertidos por las entidades del nivel nacional, diferentes a las obras de infraestructura.

De acuerdo con la investigación de la Contraloría, los contratos y bienes comprados no tienen una relación directa con la idea general expuesta como justificación del contrato de la instalación de equipos de sonido, tales como: adquisición de material publicitario; compra de banderines de todos los países; contratación de prestación de servicios de telecomunicaciones para 25 personas durante un mes; la elaboración de un pedestal; papayera; dummi inflable de 8 metros, compra de elementos de oficina: (televisores, computadores, materas, duchas eléctricas, chalecos, tableros acrílicos), compra de Joystck PMU; stand móvil blindado entre otros.

El contrato de prestación de servicios artísticos 1600, firmado  el 22 de junio de 2011 con la Fundación Teatro Nacional, señala la cuantía de $4.400 millones, pero no se acompaña de un estudio técnico de necesidades o requerimientos a contratar de manera detallada, por ítems de actividades a  desarrollar, precios, cantidades, un estudio de mercado.

Se pagaron viajes internacionales sin justificación, hay legalizaciones sin soportes, altos honorarios, la alimentación para la clausura se contrató para un día, pero se pagaron 18. (Lea este miércoles en la segunda entrega del Informe Especial los detalles en este sentido).

“Debo aclarar que El IDRD no realizó una serie de contrataciones como lo señaló la Contraloría de Bogotá, sino que contrató un único espectáculo con un proveedor exclusivo. Para el efecto, la Fundación en desarrollo de las exigencias propias de la magnitud del evento fue quien adelanto la totalidad del evento artístico. En ese sentido el Teatro Nacional era un realizador del espectáculo y no un operador de servicios”, esta fue la respuesta oficial de Ana Camacho, ex directora del IDRD, ante el escándalo.

La Contraloría señala que la entidad en esta etapa de planeación, sin estudios técnicos y económicos, tampoco tuvo en cuenta la aplicación de los principios de austeridad en el gasto, ya que $4.700 millones es un presupuesto desbordado para un evento como la Sub20, evento deportivo privado de la FIFA, cuando los recursos (gran parte de los impuestos de los bogotanos) son escasos frente a las diferentes problemáticas sociales existentes.

La ex directora del IDRD, Ana Camacho, aseguró en un comunicado que no comparte los pronunciamiento desde ningún punto de vista, “ya que no refleja las actuaciones transparentes adelantadas por mi Administración”, pero los documentos de la Contraloría, tras la auditoria realizada reflejan otra cosa.

En el convenio de cooperación 1528 de 2011, se incluyeron de manera general once actividades y un precio global, pero no se desglosan los ítems, cantidades, valores, impuestos.

El supervisor del convenio 1528 de 2011, autorizó al ejecutor del mismo la suma de $800 millones para la contratación de todo el sistema de sonido interno del  Campin. La cotización no tenía logo y ni el NIT de dicha empresa; obra otra cotización de Invermusis GE S.A., que fue emitida a nombre del IDRD y no a nombre del ejecutor del convenio 1528 de 2011, cuando el IDRD no es el contratista directo.

El Instituto de Distrital de Recreación y Deporte giró recursos al ejecutor de este convenio, para lo cual el 15 de octubre debió presentar la respectiva legalización con todos y cada uno de los soportes, pero hasta el 2 diciembre  no se ha reportado información al ente de control.

Además solo existe en el inventario un equipo por valor de $449 millones, quedando pendiente por legalizar ahora un nuevo valor por $350 millones.

Existe un hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal y disciplinaria porque a través de un mail un asesor de la subdirección de deportes del IDRD, concretó el valor del disfraz de la mascota por $3,4 millones. “No es claro porque el IDRD hace una intervención directa en la subcontratación, puesto que el contenido del mail va dirigido por un funcionario IDRD directamente al proveedor, de lo cual se infiere, que se obvia la intervención del ejecutor, como si no fuera necesaria”, precisa la Contraloría de Bogotá.

En el extenso informe también se señalan irregularidades en la adquisición de material publicitario banderitas, camisetas, bubuzelas, pitos, cornetas, gorros, cachuchas, stikers, afiches, branding (rotulos) para vehículos y escenarios móviles, para un total de $29 millones.

Con comprobante de egreso No.1504 del 29 de julio de 2011 le dieron un avance por la suma de $35 millones a un contratista del IDRD por concepto de compra de elementos de oficina, donde incluyeron televisores, computadores, materas, duchas eléctricas, chalecos, tableros acrílicos entre otros,  compras realizadas en Alkosto, Tugó, Panamericana, manejando estos recursos como una caja menor.

A la Comercial Papelera le pagaron $889.900 por la compra de 15 resmas, es decir los organizadores del evento cobraron $59.326 por cada unidad. Dinero.com confirmó con la misma empresa que el costo por unidad es de $7.900 y que una caja de diez resmas tiene un valor de $69.000.

Sobre este aspecto la Comercial Papelera se contactó con Dinero y envío copia de la factura, (verla aquí) en la que se señala la compra de productos de oficina adicionales a las 15 resmas de papel.

En la factura adjunta se detalla no solo la adquisición de las 15 resmas las cuales fueron facturadas a       $163.500 (precio unitario $10.900 - que corresponde a RESMAS TAMAÑO OFICIO y no tamaño carta cuyo costo si es de $ 7.500, que son las referenciadas en el caso, si no que además adquirieron 32 cosedoras, 32 sacaganchos, 32 esferos kilometricos, 32 perforadoras, 32 lápices, 32 block carta, 160 carpetas oficio, 32 cajas ganchos legajadores y 32 cajas clips, para un total en la facturacion de estos productos de $ 889.900 (que es el valor que según la relación de gastos que tiene la Contraloría, se indicó únicamente para el costo de las resmas).

Esta inconsistencia evidencia la falta de organización en la legalización de las facturas por parte de los contratistas, ya que se relacionó solo un producto de los muchos que se compraron.

El 22 de agosto a la empresa Alquileres y Eventos Moldo Ltda le pagaron $1,7 millones por el alquiler de carpa y tapete negro por un día, por valor de $1.712.160 pero el 19 de julio ya se le había pagado por el mismo servicio $500.000.

Estos son algunos ejemplos de la gran cantidad de inconsistencias que detectó la entidad y que hoy tienen bajo el ojo del huracán la realización de eventos deportivos de esta magnitud. Hasta la fecha ni el presidente Juan Manuel Santos, ni alguien de su gabinete ha hablado sobre estos hechos negativos que salpican, lo que en algún momento se consideró “el mejor mundial Sub20 de la historia”.

Camacho defiende su gestión señalando que “la majestuosidad y la imagen positiva lograda por la ceremonia de clausura del Mundial Sub 20, al presentar a la ciudad de Bogotá ante el mundo, como una sede digna de tal evento, no puede opacarse por la visión sesgada de la Contraloría Distrital, más aún si se tiene en cuenta que el Órgano de Control ni siquiera evaluó las respuestas aportadas por el Instituto al informe preliminar, como consta en el Informe final presentado, el cual repite al pie de la letra las aseveraciones inicialmente presentadas, sin efectuar el más mínimo análisis de las pruebas y explicaciones dadas, ignorando abiertamente el derecho al debido proceso del IDRD, lo cual ha sido un común denominador en el proceso fiscalizador que dicha Entidad adelanta ante el Instituto”.

La anterior situación es el reflejo de la falta de planeación contractual, donde hay que recalcar que la aprobación del Mundial SUB-20, no fue un hecho sorpresivo, sino que el país y la administración pública sabía desde el año 2008, tiempo suficiente que permitía dicha planeación.
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