Morelli le 'echa el ojo' a fiducias

La Contralora advierte que las entidades públicas deben examinar si los recursos que están en fiducias u otros mecanismos de carácter contractual y financiero, se están destinando oportunamente a la adquisición de los bienes y servicios para los cuales fueron apropiados.

“En caso contrario, es pertinente advertir que los costos que se generen para mantener y administrar tales recursos sin justificación adecuada, constituirán detrimento patrimonial tanto para los titulares de los mencionados derechos fiduciarios como para los administradores que no adopten las medidas correctivas necesarias de manejo, acorde con la finalidad del fideicomiso”, señaló. 

A través de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, la CGR ha venido realizando seguimiento a la situación de los recursos considerados como públicos colocados en fiducias (excluyendo Sistema de Seguridad Social), cuyo valor ascendió en diciembre de 2011 a $7 billones y medio de pesos.

En el análisis de la CGR, “se encontró que una gran magnitud de los recursos de inversión que permanecieron en estas fiducias en los últimas tres años (2009-2011), mantuvieron saldos similares durante todo el período. Es así como $6,7 billones registraron una volatilidad promedio ponderada de apenas un 29.3% durante el período, lo que significa que buena parte de recursos permaneces inmovilizados. Además, el 30% de los negocios presentaron variaciones inferiores al 5% durante ese lapso”.

Según la Contraloría, la permanencia de estos recursos a través del tiempo debe ser justificada ya que de lo contrario no se estarán cumpliendo los fines sociales para los cuales están destinados dichos recursos ni la finalidad del fideicomiso, de conformidad con la ley”.

La CGR realizó un cálculo del costo de capital de los recursos inmovilizados, con base en la tasa de interés promedio ponderada que se paga por concepto de deuda interna y externa del nivel central, dando como resultado un costo de aproximadamente $500.000 millones anuales, sin incluir el gasto adicional en que deben incurrir los fideicomitentes por la administración permanente de sus recursos.

En la actualidad hay un gran número de recursos públicos fideicomitidos en entidades fiduciarias que no han presentando variación significativa durante los últimos tres años (2009-2001), muchos de los cuales pueden estar apareciendo como recursos ejecutados dentro del presupuesto de las entidades nacionales o territoriales.

Lo anterior, aparte de los costos que representa para el Estado por concepto de costo de oportunidad y el costo generado por concepto de administración de estos recursos, puede llegar a generar detrimento patrimonial en aquellos casos en los que el objeto de la fiducia sea la adquisición de un bien o servicio para la comunidad y no la inversión por sí misma”.

Para la CGR, “esto puede significar que los mencionados recursos no están cumpliendo su objeto social y pueden estar constituyéndose en un mero mecanismo de generación de ingresos para las entidades administradoras”.

La Contraloría profiere la presente función de advertencia, “con la finalidad de prevenir sobre los riesgos derivados de mantener recursos públicos inmovilizados en entidades fiduciarias”, de acuerdo con la Ley 42 de 1993 y según el Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000.