| 6/13/2011 7:25:00 AM

Ley de Víctimas no costaría menos de $30 billones

El país ha dado un paso histórico con la aprobación que permite la reparación a los afectados por la violencia. El reto que se avecina no es solamente un deber moral, sino fiscal para encontrar la fórmula adecuada para hacerlo económicamente viable. Cálculos iniciales hablan de $3 billones anuales.

“La Ley de Víctimas no es un puerto de destino sino la grilla de partida”, con estas palabras el viernes pasado en presencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, el Presidente de la República sancionó la ley que entra en vigencia en 2012 y que abre el camino para que el país reconozca y repare a las víctimas del conflicto armado.

Los ponentes del proyecto aseguran que su costo podría estar alrededor de los $30 billones, el Ministerio de Hacienda firmó un compromiso para que cada año sea incluido en el Presupuesto General de la Nación un rubro que especifique esta partida año por año.

Los gastos inevitables de la Ley serán en tres grandes ítems. El primero la reparación administrativa económica, que debe responder a 700.000 familias, que tienen una reparación tope de 40 salarios mínimos. En esto sólo se destinan $15 billones.

El segundo costo es la restitución de tierras, uno de los más difíciles de cuantificar. “Uno podría imaginar el esfuerzo no solamente del aparato de restitución, con unidades técnicas especiales, sino además hay que sumarle el costo de las indemnizaciones, si el despojado decida no regresar a su parcela, sino permitir indemnización económica por el valor de la tierra, como lo permite la ley”, explicó Roy Barreras, uno de los ponentes del proyecto. Este será un rubro similar a los $15 billones.

El tercero es el tema de la protección a las víctimas reparadas, para evitar que los grupos armados tomen represalias.

Como será con cargo al presupuesto general a la final los nuevos recaudos como parte de la venta de Ecopetrol y los recursos del Fondo de Compensación de las regalías acabará alimentando el fondo que reparación.

Alternativas de financiación
Alejandro Gaviria, decano de economía de la Universidad de los Andes dice que un factor importante a considerar es una enumeración de posibles contingencias adicionales como los $99 billones para infraestructura en la década, el auxilio para la salud, reconstrucción del país por la ola invernal, entre otros. “Es un llamado de atención sobre el escenario fiscal de medianos plazo del país”, resalta.

El Decano dice que no se pude pensar que el como el PIB este año va estar alrededor del 5,5% se considere que los asuntos fiscales y el déficit estén resueltos, porque el crecimiento será transitorio.

Académicos y expertos consultados por Dinero.com han señalo que haciendo cuentas a mano alzada la cifra incluso puede llegar a los $80 billones, en 10 años, multiplicando los $20 billones del Ministerio de Hacienda por los casi 4 millones de víctimas (estimada, porque aún no hay un censo de afectados).

Otra de las alternativas que plantea Juan Fernando Vargas, docente de la Universidad del Rosario, para financiar es actualizar los catastros para cobrar impuestos a la propiedad de la tierra rural.

En el cruce cuentas el pago por reparación podría ser incluso menos que las demandas contra el Estado, debido a que las personas que se acojan a los beneficios de la Ley de Víctimas renuncian a cualquier posibilidad de interponer una querella en el futuro.

Por encima de este costo el país es consciente de que la aprobación de esta ley es un compromiso histórico con las víctimas. De esta forma Colombia es el primer país del mundo en tener en vigencia este sistema.

 

“Es importante no solo pensar como economistas sino como seres humanos, la importancia de la ley desde el punto de vista ético y normativo es esencial, y eso puede ser, sin descuidar los fiscal, más importante que el costo que se genere en el mediano plazo”, dice Vargas.

La Universidad de los Andes está haciendo un estudio para aproximarse a un costo real de esta ley histórica. Los cálculos iniciales estiman que podría estar muy cerca a los $2,5 billones de los que ha hablado el Ministerio de Hacienda.

“Para mi es financiable porque estamos haciendo los cálculos. La ley contempla que los programas se hagan dentro del marco de sostenibilidad fiscal. Si no hiciéramos nada la población desplazada seguirá recibiendo ayudas asistencialistas, que implican costos muy altos, la ley aprobada casi que permite sustituir estos gastos porque las personas se reintegran a la sociedad y a las actividades productivas”, sostiene Ana María Ibáñez, investigadora de la Universidad de los Andes.

Por ahora la conclusión y análisis indican que el costo de esta Ley no será superior a la ayuda asistencialista a población desplazada y pagos por demandas de las víctimas.

El país tiene principalmente los siguientes gastos para los próximos 10 años:

- $99 billones para infraestructura
- $26 billones para la recuperación por la ola invernal
- $30 billones estimados, al nivel más bajo, para financiar Ley de Víctimas

El reto es financiar $155 billones para cumplir con estas prioridades.

Percepción en el exterior
Colombia hoy tiene grado de inversión de dos calificadoras mundiales, esto hace que cada movimiento fiscal que se haga en el país es objeto de monitoreo permanente. Alberto Bernal director de investigaciones de Bulltick Capital Markets, dice que todavía no hay una reacción, ni llamado de atención por parte de los analistas internacionales del monto que va costar esta ley, durante sus diez años de vigencia.

“Para mí ha sido un evento extremadamente extraño la total falta de atención que le ha puesto el mercado internacional al costo fiscal de la Ley de Víctimas y eso se ha visto totalmente demostrado por la completa inactividad de mercado de credit default swaps sobre Colombia, se mantuvo exactamente igual a como estaba, es como si el mercado estuviera asumiendo que la dinámica de crecimiento y fiscal del país son más importantes desde el punto de vista que la Ley. Si esta ley va a estar cobijada por el presupuesto la expectativa es que no va haber un incremento agresivo de la emisión de la deuda”, señala Bernal.

El analista dice que el financiamiento debe ser genuino por parte del Gobierno y debe analizarse de dónde se gasta menos o porque vía se recauda más, teniendo en cuenta que en el segundo semestres se tramitará una Reforma Tributaria.

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