| 4/2/2014 5:50:00 PM

Impulso a la Ley Anticontrabando

Nunca como antes en Colombia la lucha contra el contrabando había tenido una relevancia tan significativa en la que el gobierno y el sector privado toman medidas para acabar con este flagelo.

La Coalición Contra el Contrabando solicitó de manera formal a la Comisión Primera del Senado darle máxima prioridad al debate y aprobación del proyecto de Ley Anticontrabando que cursa en el Congreso.

La razón es que la Ley pretende proveer de herramientas para fortalecer a los organismos de seguridad y a la justicia para ser más efectivos en su labor y define normas tendientes a hacer más eficiente la articulación interinstitucional necesaria para hacer frente a esta actividad criminal.

La Ley Anticontrabando es considerada un paso determinante ya que el contrabando se caracteriza por ser un delito exitoso que se ha incrementado de manera acelerada, ocasionando millonarias pérdidas en temas vitales como la salud y la educación.

Según la DIAN, debido al fenómeno el país deja de recibir $2,94 billones al año, suma considerable si se tiene en cuenta que la construcción de un colegio con capacidad para 5.000 alumnos tiene un costo aproximado de $14.000 millones. La misma comparación se podría hacer con la construcción de una unidad hospitalaria que equivale a $8.100 millones.

A la coalición hacen parte la Cámara de Comercio de Bogotá, British American Tobacco Colombia, Asograsas, Fedearroz, Fenavi, la Asociación Colombiana de Petróleos - ACP, Asocaña y Fenalco, que se formó  con el único fin de apoyar la efectividad en la lucha contra el contrabando que viene adelantando el Gobierno Nacional y las autoridades encargadas.

En la Carta a la Comisión Primera del Senado, los representantes de la coalición manifestaron que han venido trabajando de la mano con la DIAN, la Policía Fiscal Aduanera, INVIMA, ICA, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, Secretarías de Salud, entre otros, con información, acompañamiento y capacitación con el fin de hacer más efectiva la operatividad en los puntos críticos del territorio nacional.

“Como Coalición, apoyamos esta iniciativa legislativa que verdaderamente transformará el país y a través de la cual mejorará los mecanismos para hacer más eficiente el sistema de control que actualmente no da abasto frente al monstruo de la criminalidad que está detrás del contrabando como mecanismo de lavado de activos. Creemos que una mayor eficiencia en el control del ilícito se traducirá en mayores oportunidades de empleo, protección a la salubridad pública, recaudo de impuestos y, en general, mayor desarrollo para el país”.

Concluyen que este proyecto de ley contribuye a visibilizar un flagelo que ha desangrado el país desde tiempo atrás, y “sobre el cual los sectores públicos y privados debemos trabajar de la mano para garantizar que en nuestro país construyamos la cultura de la legalidad por cuya falta adolecemos”.

Algunos ejemplos de estas realidades son:

-Arroz: afectación de 27 mil familias productoras en extensiones de menos 50 hectáreas. Al país ingresan alrededor de 300 mil toneladas de arroz que conducen a una pérdida aproximada de $540 millones de dólares al año. A pesar de que Colombia busca autoabastecerse por las zonas de frontera entra producto ilegal con una diferencia de precio que puede superar el 40%.

-Cigarrillos: en Colombia entre el 14% y el 20% del mercado nacional es de contrabando el cual ha crecido 28% entre 2011 y 2012, lo cual amenaza el empleo de cerca de 25 mil personas que devengan su sustento del cultivo del tabaco. El fenómeno del contrabando se ve favorecido gracias a la Zona de Régimen Especial Aduanero de la Guajira, cuyos productos permean el interior del país de manera ilegal. Una de las marcas de contrabando de cigarrillos, Ibiza, es la décima marca del mercado nacional (si se consideran tanto las marcas legales como las ilegales). Cerca de $100 mil millones en rentas departamentales se han dejado de percibir.

-Sector Avícola: El contrabando de huevos en Colombia se estima en 800,000 unidades diarias que equivale al 75% del consumo de un departamento como Nariño. Uno de los detonantes críticos del fenómeno del contrabando de este sector se da por los problemas fronterizos. Caso similar ocurre con el pollo, en donde los niveles de contrabando llegan a 2,000 diarios con una tendencia al crecimiento.  

-Grasas: Se estima que entre un 20% y 30% del mercado nacional de aceites comestibles es de contrabando, con casos dramáticos en la Costa Atlántica, el Sur Occidente del país y Bogotá en donde la ilegalidad alcanza hasta un 40%. El consumo de aceites comestibles nacionales ha disminuido en más de 53 mil toneladas, afectando más del 12,9% de las ventas y a los productores nacionales que devengan su sustento de esta actividad. Al mismo tiempo, los consumidores pueden verse afectados por el consumo de productos ilegales que no cumplen con normas de salubridad. En la actualidad, más de 100 mil toneladas de aceites comestibles se comercializan ilegalmente.   

-Azúcar: Con la influencia de azúcares de contrabando y re empacados que entran por las fronteras se ha perdido la totalidad del mercado de las zonas de los departamentos de Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Arauca y gran parte de Magdalena, Cesar y Nariño. Los despachos hacia las zonas de frontera con alto impacto del contrabando se han disminuido en casi un 64% en los últimos cinco años. El azúcar de contrabando representa un riesgo para la salubridad pública al no cumplir con las normas sanitarias estipuladas para su consumo. El contrabando en este sector asciende a 50 mil toneladas al año, afectando a 200 mil familias, generando pérdidas del orden de $16 mil millones de pesos al año.

-Gasolina y ACPM: Diariamente se venden de forma ilícita en Colombia cerca de 30.000 barriles de gasolina y ACPM.  62% corresponde a contrabando abierto y 38% a desvío de combustibles.   Esto es justamente el doble del contrabando de combustibles que ingresaban al país hace 15 años.   Con los niveles actuales, el mercado interno de gasolina es abastecido en un 14% de manera ilegal  y el de ACPM en un 9%, lo cual representa anualmente un costo fiscal para el Gobierno nacional y las regiones del orden de $752.000 millones y para los distribuidores mayoristas de combustibles de $90.000 millones.    

Debido a esas cifras para la Coalición es fundamental que este proyecto de ley siga su curso en el Congreso de la República, con lo cual agradecemos toda la atención que en estos días le han dado a esta problemática que afecta a cientos de miles de personas a nivel nacional que ven su empleo y sustento amenazados por la ilegalidad.
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