| 3/27/2017 4:33:00 PM

Fiscal Martínez asesoró tres veces a la concesionaria Ruta del Sol

El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, también se refirió nuevamente al crédito del Banco Agrario a Navelena y señaló que los responsables de dicha transacción son, en efecto, los integrantes de la Junta Directiva principal del banco.

José Roberto Acosta, representante de la Red de Justicia Tributaria, y el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, revelaron las tres cartas de propuestas de asesoría jurídica que el ahora fiscal general le envió en su momento a la Concesionaria Ruta del Sol, bajo tres identidades jurídicas diferentes.

La primera asesoría del fiscal Martínez a la Concesionaria Ruta del Sol, cuya mayoría pertenece a la filial colombiana de Odebrecht, se presentó en el 2010 mediante la firma de abogados Martínez y Martínez Abogados Consultores y de esta resultó el contrato de estabilidad financiera entre el Gobierno y la concesionaria. Este primer contrato tuvo un valor de $30 millones más impuestos y una comisión de éxito de $50 millones.

Ya en el 2012 el fiscal Martínez volvió a asesorar a Ruta del Sol con su firma Martínez Neira Abogados y en esa oportunidad asesoró la viabilidad de entregarle a la concesionaria la adición al contrato de la vía Ocaña-Gamarra en Santander.

El senador calificó nuevamente de ilegal la adición del mismo, pues después de ambas asesorías el fiscal Martínez fue ministro de la Presidencia y participó del Conpes que autorizó dicha adición a la obra de infraestructura, pese a que “debió declararse impedido pues sabía sobre sus negocios y su cercanía con el Grupo Aval”.

Por último, en el 2015, la Ruta del Sol recibió otra asesoría del fiscal Martínez con la firma de abogados Estudio Profesional MNA, para “resolver un requerimiento del Comité de Estabilidad Jurídica” que la concesionaria había firmado con el Gobierno.

Robledo y Acosta también se refirieron nuevamente al crédito del Banco Agrario a Navelena. De acuerdo con el senador, que el dinero del crédito  “se perdió” y la responsabilidad principal de dichos recursos “recae en la junta directiva principal del Banco, incluídos los ministros de Hacienda y Agricultura”.

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Además, el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se habría extralimitado en sus funciones “al darle órdenes al ministro de Agricultura para que le diera ordenes al Banco Agrario” para que no otorgara los $120.000 millones, lo que significó un mal uso de información privilegiada y violación de la reserva bancaria.

Por su parte Acosta advirtió que Navelena ha “dado de baja $80.000 millones en provisiones y es probable que de aquí a junio se den de baja los $120.000 millones de capital, que se sumarían a otros $15.000 millones”. Esto, según Acosta daría lugar a un detrimento patrimonial de cerca de $140.000 millones.

En ese sentido, también destacó que un oficio de la Superintendencia de Sociedades revela que no hay dónde localizar a Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri, Luis Eduardo Da Rocha, ex directivos todos de Odebrecht en Colombia y José Elias Melo, ex presidente Corficolombiana.

Además calificó de falso el anuncio del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el entonces secretario de transparencia contra la junta directiva del Banco Agrario, ya que si bien la denuncia existe, se hizo “a persona indeterminada para no afectar al ministro de Hacienda ni su representante, ni al ministro de Agricultura y su delegado”.

En el proyecto de Navelena, también participó mediante asesorías la familia del fiscal general. En esa oportunidad, fue la firma NMA Ltda la que suscribió el contrato con la concesionaria cuya mayoría también le pertenece a Odebrecht Colombia.

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