El Estado en venta

Vender ya, empezando por las empresas de mayor tamaño, es la recomendación de un grupo de banqueros de inversión al gobierno. No se trata, como quizás imaginarán los más suspicaces, de una sugerencia para engordar los balances de las firmas de asesoría financiera con trabajos de venta de empresas estatales, sino de una cuenta económica sencilla: el retorno de la inversión en educación, salud, alimentación o agua, supera ampliamente el margen financiero que le pueden dar a la Nación las empresas en las que es accionista.

¿Una conclusión molesta? Sin duda para quienes creen que con esto se está entregando el patrimonio público a los particulares. Pero para estas personas que valoran negocios todos los días, la idea de que el Estado deje de ser gerente de fondos ganaderos, bancos o terminales de transporte les parece buena.

Argumentan que la tarea del gobierno debe estar en la prestación de servicios como salud, educación y seguridad y no en la de ser generador de energía, experto en logística, banquero o asegurador.

El Estado debería mantenerse por fuera de las áreas que no sean realmente relevantes para el desarrollo del país. “El gobierno no debe hacer inversiones de portafolio”, dice el ex director de Crédito Público y hoy socio de Nexus, Julio Torres. Esto quiere decir que no debería participar en empresas que quiera madurar y luego vender, como lo haría un particular. Tampoco considera que debería tener participaciones minoritarias en empresas.

La estrategia de venta
“Uno debería vender las cosas fáciles primero. Las que tienen un tamaño material, precios definibles y mercados de inversionistas con apetito por las empresas”, dice con sentido práctico Julio Torres. Empezar por las frutas maduras y bajitas, ilustra, es decir las que tengan el mayor impacto sobre la caja de la Nación.

No obstante, usando este método, de todas maneras, no hay seguridad de que el programa de ventas se cumpla. Si bien parece claro que se venderían el 15% de Ecopetrol y el 99,41% de Hidroboyacá, no hay certeza sobre el éxito en la enajenación del 57,66% de Isagen o del 2,35% de la Electrificadora del Caribe.

¿Y qué pasa si no se venden? En el corto plazo habría un efecto sensible. “Donde Isagen se derrumbe, se puede perder la confianza en materia de la viabilidad fiscal del año 2010 en Colombia”, dice Álvaro Cámaro, Vicepresidente de Riesgos de Interbolsa.

Las privatizaciones son tan importantes en el presupuesto de ingresos, que forzarían al gobierno a buscar un monto grande de recursos para suplir ese faltante. En plata blanca, tendría que aumentar su endeudamiento para financiar su déficit. Como el gobierno ya proyecta conseguir la suma abultada de $26 billones a través de TES, una captación adicional muy posiblemente induciría un aumento de las tasas de interés, una pésima noticia para la recuperación de la producción nacional.

Otras vías
Pero el gobierno no debe obsesionarse con la venta de todas las empresas, dicen los banqueros consultados. Para maximizar el valor de sus activos, en algunos casos es mejor liquidar la operación. Sería el caso de la central de abastos de Bogotá, Corabastos.

Si se vendiera Corabastos como un negocio en macha, el gobierno recibiría cerca de $27.360 millones, pero el lote en el que funciona la plaza mayorista puede valer hoy cerca de $140.000 millones. En ese caso es mejor parar el negocio, liquidarlo y vender el lote. Es un negocio de finca raíz. “Las centrales de abastos destruyen valor. Eso pasa en general con los negocios que funcionan en tierras costosas”, explica Julio Torres.

Algo similar se debería hacer con Cavasa en Cali y Centroabastos en Bucaramanga. En esos casos es mejor liquidar y vender los lotes. Con seguridad el sector privado estaría en capacidad de construir unas nuevas centrales mayoristas que reemplacen las que se liquiden.

Qué hacer con la plata
Pero la venta es solo el primer paso. Hay que tener muy claro qué se hace con los ingresos. Si se gastan en funcionamiento, cada centavo se habrá botado a la basura.

Pero con programas de inversión, la historia sería diferente. La idea de usar el dinero de Ecopetrol para construir infraestructura parece muy sensata. Con esa idea concuerda Andrés O’Byrne, vicepresidente de Banca de Inversión del BBVA. “Esa idea le cambiaría la cara al país. Petrobras lo hace”, añade Julio Torres.

Pero hay más cosas sensatas que se pueden hacer con esos fondos. El mismo economista había propuesto hace un tiempo que se vendiera el 10% de Ecopetrol para pagar la deuda externa nacional. La idea sigue siendo válida hoy y serviría, dice, para ampliar el espacio que tendría en el presupuesto el gasto en seguridad y el gasto social. Además sería casi seguro que Colombia obtuviera su grado de inversión y con eso podrían bajar los intereses en los préstamos a la Nación de ese momento en adelante.

Naturalmente el plan de venta difícilmente podrá ser ejecutado por el gobierno de Álvaro Uribe. Los trámites siempre se toman cuatro o cinco meses, cuando menos.

Con el nuevo presidente habrá decisiones políticas que habrá que revisar. Por ejemplo, si el candidato Sergio Fajardo llegara a la presidencia, vendería el 15% de Ecopetrol para poner los $13 billones que se reciban en educación, pero no tocaría ni una acción de ISA, Isagen o EPM. Eso sin duda retrasaría los planes.

Los pequeños
Con la estrategia de buscar lo más fácil, se quedan decenas de empresas pequeñas sin tocar. Algunas incluso son difíciles de vender porque no tendrían cliente. Otras porque enajenarlas es muy costoso.

Vender la participación en el Fondo Ganadero del Atlántico, por dar un ejemplo, no es un buen negocio. “Vale más la estructuración y los documentos de los abogados que lo que recibe el gobierno por la venta”.

En este sentido, los entrevistados propusieron revisar en el alcance de la ley que regula las privatizaciones (la 226 de 1995) y que privilegia al sector solidario y a los fondos de pensiones porque les da la opción de hacer una oferta antes que los demás, a precios más bajos.

En opinión de los entrevistados, no hay ninguna razón para pensar que las cooperativas o los fondos de pensiones necesiten un tratamiento privilegiado. Por su organización y su tamaño, en especial el de los fondos de pensiones, podrían competir sin necesidad de ventajas contra cualquier otro inversionista estratégico.

El gobierno debería proponer entonces, un proyecto de ley que permita vender empresas pequeñas o participaciones pequeñas en sectores no estratégicos, sin necesidad de hacer el trámite de la Ley 226. Para las empresas grandes se justifica el trámite de conseguirles una exención en el Congreso. No así para las de menor tamaño.

¿Por qué hay que salir lo bueno?
Queda como pregunta permanente, si hay razones para vender negocios buenos y bien administrados como ISA o EPM (ninguna de las dos está en la lista de ventas de la Nación o del Municipio de Medellín).

La justificación la ofrece Julio Torres: el precio y el uso del dinero. “Nadie niega que las administraciones de ISA o de EPM sean una maravilla. Pero cuando el negocio es bueno y los administradores son buenos, el precio de venta debe capturar en valor presente, todas las bondades del desarrollo futuro del negocio”, explica.

Y el resto de la ecuación está en que el retorno a la inversión en educación, infraestructura o salud, que son más altos que los de esas empresas. El debate está abierto. Ahora falta ver si le cuesta al país no invertir ese dinero en educación, salud, infraestructura, tecnología o seguridad.