| 6/3/2014 7:00:00 AM

Altillanura busca salidas a las trabas de su desarrollo

Mientras que los empresarios ven quietos sus proyectos agropecuarios en la altillanura, el Ministro de Agricultura dice que, si bien hay que modificar el concepto de las Unidades Agrícolas Familiares, no hay inseguridad jurídica.

El viernes pasado, el Centro de Estudios de la Orinoquía (CEO) de la Universidad de Los Andes reunió a miembros del sector privado, el gobierno nacional, y la academia, en torno al tema de la altillanura colombiana, que sigue sin encontrar una pronta salida. 

La idea de convertir a esta zona del país en una despensa de alimentos para Colombia e, inclusive, para el mundo, generó muchas expectativas, pero los proyectos están suspendidos por cuenta de falta de reglas claras que se desglosa de las diferentes interpretaciones de la Ley 160 de 1994, la cual establece restricciones al régimen de propiedad privada sobre la tierra, relacionadas con la figura de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF´s).

Justamente, durante el Foro titulado “La tierra en el desarrollo productivo y sostenible de la Orinoquía en un entorno de mercado”, se discutió esta problemática que es la principal causa de la parálisis de los planes para el desarrollo rural de esta región y lo que más les preocupa a los inversionistas.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, manifestó que el concepto de las UAF’s, que opera actualmente, no está hecho para las realidades de la altillanura y que debe ser modificado, pero que esto no significa que exista inseguridad jurídica. 

Por su parte, para los empresarios agrícolas asistentes al foro, la seguridad jurídica sobre la propiedad de las tierras es un factor determinante para la inversión y el desarrollo de la región, y reiteraron que mientras no se resuelvan las incertidumbres actuales de la política de tierras, no habrá más recursos destinados para la región. 

A lo anterior se suma la posición de los llaneros ancestrales frente a este tema. Según los expertos, las comunidades de esta zona del país sienten que el gobierno nacional, en los últimos años, ha vulnerado sus derechos a la posesión y al trabajo de sus tierras, derechos que han ostentado durante generaciones y que ellos están dispuestos a defender.

Pese a este panorama, que no va ni para adelante ni para atrás, ya se está aclarando otro asunto fundamental que generaba inquietud sobre el futuro de la altillanura colombiana: el tema ambiental. 

Más del 40% del territorio del Vichada, departamento que concentra la mayor parte de la altillanura, deberá estar dedicado a la conservación de su ecosistema, el cual está conformado por bosques de galería, sabanas, sabanas arboladas, sabanas inundables, ríos, entre otros elementos que hacen parte del sistema ecológico.

Esta fue otra de las conclusiones que se reveló durante el Foro y que se desprende de tres estudios ambientales sobre el territorio del Vichada, encargados por Riopaila Castilla a la Universidad de Los Andes, bajo la dirección del investigador Germán Andrade; a la Fundación Puerto Rastrojo, en cabeza del biólogo e investigador Patricio Von-Hildebran y al investigador Milton Romero. 

¿Qué significa que el 40% del Vichada deba conservar su ecosistema? La altillanura colombiana comprende los departamentos del Meta (municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán) y el Vichada (municipios de La Primavera, Cumaribo, Santa Rosalía y Puerto Carreño) y tiene una extensión de 13,5 millones de hectáreas, de las cuales se puede cultivar en 3,5 millones de hectáreas. Sin embargo, los estudios ambientales señalan que cerca de 1,4 millones de hectáreas no se pueden tocar.

El resultado de las investigaciones de Riopaila Castilla tiene una importancia de grandes dimensiones, pues constituye un punto de partida que privilegia al medio ambiente por encima de los proyectos que estaban contemplados en esta zona del país.

El caso peruano
El Foro también contó con la participación de invitados internacionales de Perú y Brasil que compartieron los casos exitosos de desarrollo agrícola en sus naciones. 

Richard Webb, expresidente del Banco Central del Perú, explicó que, en contraste con la discusión que se da hoy en Colombia por la titularidad de la tierra, en su país el derecho a la propiedad es referencial y no formal, lo que ha permitido trabajar con las comunidades de manera conjunta, pues se les reconoce la posesión sobre la tierra sin un título de propiedad. 

Otros factores que han permitido el desarrollo rural de Perú están relacionados con la accesibilidad a las regiones, la construcción de vías y el uso de comunicaciones como el celular y la Internet. En el periodo comprendido entre 1994 y 2011, el ingreso de las familias aumentó el 100%; la producción agrícola creció 32%; y la no agropecuaria, 43%.

Webb afirmó que para lograr estos avances fue fundamental el progreso de pequeños pueblos a donde se llevó educación secundaria, donde no existía, y todos los servicios de salud, de comunicaciones y recreativos que requerían sus habitantes. 

Por lo pronto en Colombia, hasta que no se superen todas las barreras jurídicas, seguirán frenados los proyectos que, inclusive, se vienen trabajando desde hace 10 años como es el caso del Proyecto Veracruz en Santa Rosalía y La Primavera en el Vichada, del Grupo Riopaila Castilla y en el que las inversiones superan hoy los $90 mil millones.
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