Ad portas de definirse la primera demanda internacional contra Colombia

En las próximas semanas, el tribunal de arbitramento internacional que analiza la disputa entre la minera Glencore contra Colombia tomará la decisión alrededor de un pleito que surgió hace 3 años por un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General contra Prodeco, filial de Glencore en nuestro país.

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Se trató de un otrosí que firmó la minera en Colombia con Ingeominas para ajustar el valor de las regalías y facilitar el aumento en las inversiones que superarían los US$1.000 millones. El ente de control no avaló el proceso, sancionó a la minera y obligó a la renegociación del contrato.

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Según la Contraloría, como consecuencia de ese otrosí, el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra de pesos equivalente a la de la condena –unos $60.000 millones-, por la explotación de la mina de carbón “Calenturitas”, en el departamento del Cesar.

Sin embargo, para Glencore el principal impacto se dio por no lograr desarrollar sus inversiones ni aumentar la producción de carbón. La demanda se dio alrededor de los acuerdos de protección a la inversión contemplados en los tratados de libre comercio, en este caso con la Unión Europea, ya que la multinacional minera es de origen suizo. Las pretensiones de la empresa contra Colombia podrían superar los $2,4 billones, proceso que se adelanta ante el Ciadi, institución del Banco Mundial.

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No es la única demanda de Glencore contra Colombia, a finales del año pasado presentó una carta de intención de arbitraje y en diciembre se inició un nuevo litigio relacionado con el canal de acceso al puerto de Santa Marta que hasta ahora está comenzando su discusión.

En el día de hoy, la Contraloría General emitió un comunicado en el que advierte la inminencia del fallo en el caso de Glencore y señala que “la institucionalidad del control fiscal se ha visto afectada por nuevos riesgos frente a su ejercicio constitucional y legal y uno de ellos es consecuencia del mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera, como los tratados internacionales de libre comercio”.

Según la Contraloría, esta compañía demandó no solo ante el Tribunal Internacional sino también en la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia (Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca), un fallo de responsabilidad fiscal por el detrimento al patrimonio público, causado por la minera y otros servidores públicos que lesionaron los intereses patrimoniales del Estado colombiano.

“Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Prodeco, por el fallo de responsabilidad fiscal”, dijo la Contraloría en un comunicado.

En la actualidad Colombia tiene 11 procesos en demandas internacionales, por un valor por cerca de $17 billones, sin contar uno de la minera Tobbie Mining por $51 billones, pero que está en el limbo con un vencimiento de seis meses en su trámite y no avanza.

Además, hay otros 10 procesos que iniciaron el trámite por cerca de $10 billones, aunque algunos no tienen determinadas hoy sus pretensiones.