| 2/16/2015 11:20:00 AM

La plata no alcanza para las víctimas del conflicto

Según la Contraloría General de la República las proyecciones han ido rebasadas en materia de atención, asistencia y reparación.

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, reveló ante la Corte Constitucional los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Víctimas -2013 realizada por parte del ente de control, que muestra la necesidad de actualizar la política y el plan de financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras propuesto por el Gobierno, dado que la población por atender y reparar es sustancialmente mayor a la prevista.

La Contraloría dio a conocer una Encuesta en la que se miden los avances de la política de víctimas y se propone redefinir las metas que el gobierno tendría que considerar en materia de atención, asistencia y reparación, pues las proyecciones han ido rebasadas.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta el número de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia ascendió al 11,9% de la población total de Colombia.

“Las metas establecidas en los CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012, están rebasadas”, advirtió el Contralor Edgardo Maya Villazón al intervenir en una Audiencia Pública convocada por la Corte Constitucional en relación con los mecanismos de seguimiento de la política pública de atención a la población víctima de desplazamiento forzado.

Mientras los CONPES reportaban 3,8 millones de víctimas, la Encuesta encontró 5,6 millones, al tiempo que los reportes actuales del sistema del gobierno hablan de 6 millones de personas desplazadas por la violencia y un millón de personas afectadas por otros hechos victimizantes.

La Encuesta indica también que, según los cálculos más conservadores, el despojo de tierras en el país se estima en 7 millones 73 mil hectáreas, lo que significa un incremento de 435 mil hectáreas de despojo en tres años si se compara con la medición que realizó en 2010 la Comisión de Seguimiento a la Política de Desplazamiento.

Al exponer todas estas nuevas cifras, el Contralor Maya Villazón consideró que para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, es necesario que el diagnóstico se ajuste a parámetros de medición más próximos a la realidad.

Sin duda, las proyecciones y expectativas establecidas en un comienzo en ambos CONPES deben ser reorientadas, insistió.

Esto implica, en términos concretos, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 de 2011, lo que subraya la importancia de la eficiente utilización de los recursos asignados, agregó.

Los resultados de la Encuesta se obtuvieron con un alcance nacional, para seis regiones y once principales ciudades receptoras de población desplazada. En total se aplicaron 10.761 encuestas en 417 municipios, en donde se encuentra el 95% de la población víctima del conflicto, de los cuales, 9.101 fueron hogares con personas desplazadas inscritas en el RUV y 1.660 hogares con personas desplazadas No inscritas en el RUV.
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