| 12/4/2015 12:01:00 AM

Corte Constitucional debe considerar impactos económicos de sus fallos: Expertos

El Iman y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles fueron objeto de fallos del alto tribunal que pusieron al gobierno a hacer cuentas y se abrió el debate sobre la importancia de que los magistrados evalúen el impacto económico de sus decisiones.

Este año la Corte Constitucional decidió que el Iman podría afectar el mínimo vital de los trabajadores y permitió que el 25% de los ingresos laborales se puedan descontar del impuesto. Hace pocos días el organismo pasó la lupa por el mecanismo de ahorro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), concluyó que su aprobación fue irregular y desmontó la medida.


De acuerdo con el gobierno las modificaciones al Iman pueden costar unos $335.000 millones anuales en recaudo de impuestos. Por su parte, el senador Ángel Custodio Cabrera cree que más de $1 billón dejará de entrar al Fepc anualmente y aunque eso no es un problema para 2015 podría obligar al gobierno a subsidiar gasolina con el presupuesto público en el futuro. 

Para Anif la Corte creó una ‘anti reforma tributaria’ y entregó beneficios injustificados a asalariados con altos ingresos. Por ejemplo, individuos con entradas mensuales de $75 millones se ahorrarían $22 millones al año. “La Corte Constitucional basa sus decisiones en raciocinios abstractos sin tener en cuenta los efectos económicos y fiscales de sus decisiones”, dijo el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero en un foro en Bogotá en noviembre. Botero recopiló una serie de sentencias que a su juicio han elevado el costo del seguro provisional en Colombia creando un cuello de botella en el mercado de rentas vitalicias para los pensionados. 

Sin embargo, no todas las intervenciones han sido fallidas. De Justicia cree que algunos de los fallos han evitado que el sistema tributario en Colombia sea más regresivo, es decir, que afecte más a los pobres que a los ricos, por ejemplo, protegió a los menos favorecidos al declarar inconstitucional el IVA a los bienes de la canasta familiar. “La intervención de la corte en asuntos económicos es tan legítima como en cualquier otra área de la actividad estatal. El gasto público y la tributación están sujetos a la Constitución y pueden ser objeto de control judicial”, dijo Sergio Chaparro, investigador del centro de estudios.

El año entrante el gobierno tiene la tarea de pasar por el Congreso una reforma tributaria estructural que podría terminar afectando los intereses de diversos grupos y propiciando demandas.  ¿Cómo evitar que el esfuerzo se enrede después? “Lo que hay que hacer es tratar no avanzar en normas que al final uno puede prever que van a terminar mal y que el propio Congreso tome esta experiencia legislativa y judicial para ser más preventivos. Es leer muy bien las sentencias judiciales”, concluyó Cabrera. 
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