| 7/24/2017 4:11:00 PM

Vuelve y juega el BanAgrario: la Contraloría lo investiga por el caso Estraval

El ente de control investiga si el Banco Agrario cayó en un detrimento patrimonial que supera los $19.000 millones al invertir en la extinta firma de libranzas y se suma así a la Procuraduría General, que desde marzo de este año anunció una investigación por la misma razón.

El Banco Agrario había firmado con Estraval contratos de compraventa de cartera, que estaban representados en pagarés de libranza, con el propósito de hacer crecer su cartera y adquirir experiencia en el campo que estaba impulsando al sector crediticio en ese momento y de los $315.000 millones en créditos de libranza que el Banco Agrario tenía en julio del año pasado, el 4% le correspondía a Estraval.

En el contrato de compraventa entre Estraval y el Banco, la entidad financiera del Estado compró créditos de libranza no vencida, originados por varias cooperativas, que sumaban $24.126 millones distribuidos en 5.359 libranzas y según la Contraloría, le delegó a Estraval funciones esenciales, como lo eran la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.

Cuando la firma de libranzas cayó en liquidación, el Banco Agrario solicitó declararse como acreedor y subsidiariamente como afectado para intentar recuperar los $19.666 millones que Estraval le debe.

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Sin embargo, la Contraloría advierte que el liquidador de Estraval no reconoció al Banco Agrario como afectado y además la firma de libranzas cuenta con activos por $41.449 millones que debe destinar primero a cancelar las reclamaciones por valor superior a $549.000 millones “de personas naturales y jurídicas que han sido reconocidas como ‘afectados’, situación que no cobija al Banco Agrario”.

A esto se suma que la Contraloría concluyó que “la entidad bancaria no dio cumplimiento a su Manual de Políticas de Crédito que exigía que el vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y tuviera experiencia mínima de 3 años en la originación de libranzas, ni su trayectoria en la celebración y ejecución a satisfacción de ese tipo de contratos, como tampoco existe soporte alguno que demuestre que el Banco Agrario obtuvo conocimiento de las políticas y procedimientos de crédito de las cooperativas que otorgaban los créditos (originadoras)”.

Y en el mismo sentido, el Banco Agrario habría desconocido las indicaciones de la Superintendencia Financiera sobre la obligación del comprador de “conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de los procesos”.

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Adicionalmente, la auditoría que la Contraloría realizó a los contratos entre el Banco Agrario y Estraval reveló que existieron deficiencias en el proceso de valoración  y estructuración del negocio de compra de cartera de libranza que hizo el Banco, pues no hizo una evaluación integral de los riesgos del negocio. Por ejemplo, la entidad no habría tenido en cuenta los riesgos de contraparte pues Estraval era solo un intermediario que terminó asumiendo responsabilidades y obligaciones dentro de la transacción.

La investigación de la Procuraduría

En julio del año pasado, el Banco Agrario admitió en una entrevista para Dinero que tuvo una relación comercial de compra de cartera originada por libranzas con Estraval (Ver Libranzas en alerta: El factor Estraval), pero sólo cerca de nueve meses después la Procuraduría General anunció la investigación por este caso.

De acuerdo con la Procuraduría, el BanAgrario “no contó con un estudio financiero que valore los aspectos relativos a la incursión del Banco Agrario de Colombia en esta sección de negocio”, el mismo punto que advierte ahora la Contraloría, y tampoco analizó “los beneficios que traería ingresar un producto adicional al crédito directo por libranzas”.

La Procuraduría abrió investigación a cuatro funcionarios del Banco por su relación con la compra irregular de cartera de libranzas en Estraval y advirtió que era posible que la gerencia de ventas y la vicepresidencia de Banca Agropecuaria de la entidad financiera no hubiesen asumido la estructuración del negocio de libranzas, tal como les correspondía.

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