| 11/21/2017 5:07:00 PM

Contraloría denuncia sobrecosto en programa de alimentación escolar de 17 regiones

La Contraloría General de la República (CGR) Colombia denunció este martes el sobrecosto en la adquisición de alimentos para los colegios públicos en 17 regiones del país en donde incluso se autorizó la compra de pechugas de pollo a $40.000 la unidad.

"En el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de las denuncias se siguen robando la plata. Hallazgos fiscales en 17 departamentos. La CGR evidenció que durante 2016 más de 32 millones de raciones se dejaron de entregar por demoras la contratación y en la ejecución de recursos", dijo el contralor, Edgardo Maya Villazón, en la Rendición de Cuentas de su tercer año de gestión.

En Cartagena de Indias, por ejemplo, se compraron 2.800 kilos de canela por $39 millones que nunca llegaron a las escuelas, y dos millones 600.000 panes, a $400 cada uno, que no se entregaron en su totalidad.

"No vamos a dejar que se sigan robando los recursos para la alimentación de los niños y niñas del país", aseguró Maya.

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Según la entidad, el exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, quien hoy está preso por corrupción, contrató de manera directa $23.427 millones (unos US$7,8 millones), en una situación "abiertamente irregular".

Otros dos casos de malos manejos del PAE señalan a los departamentos de Magdalena (norte) y Amazonas (sur).

En Magdalena, bajo la administración de la gobernadora Rosa Cotes Vives, se presentaron irregularidades que generaron un presunto detrimento patrimonial por más de $3.000 millones (un millón de dólares).

Asimismo, en Amazonas, donde la Contraloría encontró "gastos escandalosos", abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el suspendido gobernador Manuel Antonio Carebilla por $297 millones (US$99.203).

Según Maya Villazón, "puede que sea difícil ser optimista cuando todas las semanas aparecen nuevos escándalos, pero podemos estar viviendo el comienzo de una era en la que ya no se tolerará más la corrupción. Lo importante es que la corrupción comienza a ser castigada como nunca antes y esos castigos deben servir como ejemplo".

Se suma al cartel de las frutas

Estas denuncias están acompañadas de otra intervención realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que formuló pliego de cargos contra 5 empresas y 7 personas naturales por una presunta colusión o cartel que buscaba afectar los precios de dos licitaciones para elegir los proveedores de frutas dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) adelantados por Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.

La operación, según los informes del organismo de supervisión y control superaba los $40 mil millones.

“Teniendo en cuenta que Colombia Compra Eficiente no accedió al aumento de precios pretendido por los investigados, los investigados habrían boicoteado o saboteado la licitación con el objetivo de que se declarara desierta y Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá se vieran obligadas a convocar un nuevo proceso con precios más elevados”, asegura el informe de la SIC.

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Los reportes incluso advierten que las compañías investigadas habrían logrado su propósito porque alrededor del 83% de los segmentos a licitar fueron declarados desiertos y, por ende, Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá se vieron obligadas a dar apertura a un nuevo proceso de selección.

Incluso esta decisión llevó a que Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá aumentaran el precio de referencia de las frutas en un 45%. Lo que más sorprendió a los investigadores de la SIC es que en la nueva licitación, a pesar de haberse logrado subir los precios, los investigados habrían violado la libre competencia nuevamente, pues presuntamente, se habrían confabulado para impedir que otros proponentes pudieran participar y para mantener precios altos y repartirse el mercado, agrega el reporte de la SIC.

La Superintendencia de Industria y Comercio incluso advirtió que la acción de los investigados podría haber tenido como consecuencia el desabastecimiento de frutas para los refrigerios escolares en aproximadamente el 83% de las zonas beneficiarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá entre el 15 de marzo y el 8 de junio de 2017.

Las dos denuncias parecen indicar que del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se está colgando la corrupción del sector privado y del sector público, por cuenta de los billonarios contratos que están en juego y a costa de la alimentación de miles de niños colombianos.

Con información de EFE.

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