| 11/6/2008 12:00:00 AM

Colombia desigual y atrasada

Según el informe del Consejo Privado de Competitividad, Colombia avanza en unas cosas pero se queda en otras. Retos y desafíos claves.

El Informe de Competitividad 2008 – 2009 presentado en Bogotá, mostró una profunda disparidad entre las distintas regiones de Colombia, pues por cada $1.000 que gana una persona en Bogotá, en Chocó apenas recibe $180.

 

Según el documento, Colombia ha avanzado en algunos de los principales determinantes de la competitividad como el uso de las TICs y la mayor cobertura en educación. En materia regional, la elevación del ingreso per cápita en el país no ha venido acompañada de una mayor convergencia regional, por lo que es prioritario monitorear los factores de competitividad regional.

Igualmente se destaca que la incertidumbre en el entorno internacional hace más importante aún acelerar las reformas en las variables que impactan la competitividad, tal como está priorizado en la Política Nacional de Competitividad. Hernando José Gómez, Presidente del Consejo Privado de Competitividad, dijo que “la competitividad le permite a Colombia afianzarse en una senda de crecimiento de largo plazo, resistente cuando tenemos viento en contra y capaz de capitalizar los vientos a favor”.

El Informe midió la evolución de las variables que siguen siendo prioritarias para la competitividad de Colombia como lo son la calidad de la infraestructura; formalización; ciencia, tecnología e innovación; tributación; tecnologías de información y comunicaciones y asignación eficiente del ahorro. Así mismo, mostró la evolución de estas variables frente a los países que compiten con Colombia en los mercados internacionales.

Este segundo informe incluyó el análisis de competitividad en tres nuevas variables. En el sector justicia, el Consejo Privado de Competitividad logró identificar grandes retos en materia de tiempos, costos y predictibilidad en la jurisprudencia e hicieron algunas propuestas, entre ellas la introducción del sistema oral para la resolución de controversias en el área civil y comercial. Respecto al sector energía, se identificó la necesidad de trabajar en la racionalización de la demanda y en el impulso a la oferta, así como en la innovación tecnológica para promover su sostenibilidad económica y ambiental internacionalmente.

 

Se incluyó también un capítulo dedicado al sector agropecuario, en el que se identificaron algunos cuellos de botella para el mayor desarrollo del sector como una asignación más eficiente de la tierra agrícola productiva, un mejor balance en sus usos y una mejor infraestructura de riego.

Según el documento, se encontraron avances y se identificaron retos. Por ejemplo, en materia de infraestructura, se encontró que la inversión se incrementó un 16% en el último año, sin embargo, Colombia aún tiene una infraestructura más atrasada que países con menores niveles de desarrollo como Bolivia. Los costos de logística son altos pues representan más del 18% de los costos totales de las exportaciones nacionales. El Informe llama la atención sobre la necesidad de adoptar esquemas para facilitar que recursos privados financien infraestructura y logística como por ejemplo el esquema multifondos incluido en la Reforma Financiera, que permite que se inviertan recursos de los fondos de pensiones en este tipo de proyectos.

La informalidad en Colombia sigue siendo uno de los principales retos para elevar la competitividad del país, pues cerca del 57% de los ocupados y del 59% de las microempresas están en el sector informal, y su productividad promedio es apenas el 14% de una empresa o empleo formal (en otras palabras, siete trabajadores informales producen lo mismo que uno formal).

El informe destaca que además de promover la formalización de los informales es necesario crear un ambiente propicio para los formales, mucho más productivos e innovadores y al respecto se hacen una serie de propuestas como la reducción de los costos atados a la nómina, y un régimen de transición para la microempresa en lo contable, tributario y laboral.

En materia de tecnologías de la información y las telecomunicaciones se ha avanzado sustancialmente en cobertura de la conectividad, pues en agosto de 2008, Colombia contaba con 9,5 usuarios de Internet por cada 100 habitantes, superando la meta establecida para 2010 (9.4/100). Hay 1.8 millones de usuarios, 55% más que en junio de 2007, la mitad de ellos con servicio de banda ancha.

El informe destaca la importancia de que se modernice la regulación de manera que el ahorro se pueda usar de manera más eficiente. Un mecanismo por supuesto es la profundización del mercado de capitales, por ejemplo, en materia de bonos corporativos, éstos apenas alcanzan el 2% del PIB en Colombia, mientras que son el 37% del PIB en Malasia o el 35% en España. En el mismo sentido, enfatizó la importancia de que los fondos de pensiones y cesantías en Colombia avancen hacia un esquema multifondos, en aras de una mejor rentabilidad y perfil de riesgo: en términos de valor presente, un 1% en el retorno anual de una pensión, puede darle un mayor valor de hasta el 20% (en un horizonte de 35 años).

 

Además, el CPC insistió en la necesidad de mejorar los esquemas de seguridad jurídica para la ejecución de préstamos y una mejor facilidad para registrar las garantías crediticias. Adicionalmente, propone la introducción de sistemas de pago con tarjetas débito y crédito especiales para Pymes así como sistemas de factoring y leasing, diseñados para este tipo de empresas.

El Informe indica que una mayor exposición del agro colombiano al comercio internacional debe ser un factor para estimular su crecimiento y productividad, pero para hacerlo se deben resolver los cuellos de botella. En este sentido propone ampliar la oferta de educación técnica y tecnológica para elevar la calidad del capital humano en el sector rural; mejorar la asignación de la tierra pues hoy hay un exceso de tierra dedicada a la ganadería (30 millones de hectáreas) frente a un defecto en suelo dedicado a otros usos como la agricultura (6 millones de hectáreas) o el uso forestal (24 millones de hectáreas).

El Informe encontró que si bien Colombia ha avanzado en materia de ingreso, se han profundizado las diferencias entre regiones. Entre 1990 y 2006 los departamentos que más perdieron ingreso per cápita con relación a Bogotá fueron Casanare y San Andrés, mientras que los que más lo incrementaron fueron Boyacá y Santander. Se encontró también que la informalidad se convierte en una trampa para el crecimiento de las regiones y así lo evidencian ciudades como Cúcuta y Villavicencio, en las que un incremento en la informalidad se asocia con un menor crecimiento económico.

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