Así como el descubrimiento de la cartelización empresarial en Alemania en el mercado de salchichas, en Colombia se han denunciado carteles en productos de consumo básico como en otros tipos de producto. | Foto: Bloomberg

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Carteles empresariales: desde salchichas alemanas hasta azúcar colombiano

Los carteles empresariales y la competencia desleal no son nada nuevo ni en Colombia ni en el mundo, incluso llegan a los mercados de productos básicos como las salchichas en Alemania o el azúcar en Colombia.

4 de diciembre de 2015

Hasta el año pasado, Alemania desmontó el 'cártel de la salchicha', en donde 21 empresas y 33 individuos, llevaban décadas inflando los precios. Así lo ha revelado la investigación de las autoridades de competencia alemanas, que anunciaron una multa conjunta de 338 millones de euros.

Alemania comenzó a investigar y encontró pruebas de acuerdos de incrementos en precios al mismo tiempo entre las compañías del mercado de la salchicha. Así, varios productores acordaron forzar a las tiendas a pagar más por diferentes tipos de productos, incluyendo las famosas variedades de salchichas Frankfurt y Bratwurst.

Pero este es solo uno de los casos de cartelización empresarial que se han descubierto en Europa, detrás de carteles empresariales de productos básicos como la leche, además de productos de consumo masivo como los cosméticos.

Mientras que en otros países como Colombia, los carteles dominan los mercados más allá de los productos básicos, los cuales son más atractivos por la relevancia en las canastas familiares. Es por esto, que productos como el arroz, casi indispensables en países como Colombia, tienden a ser blancos usuales de la cartelización empresarial, pero los carteles en Colombia van un poco más lejos.

En Colombia hay de todo un poco

En Colombia, los carteles no solo se tomaron el mercado de pañales, el papel higiénico, cuadernos, arroz y azúcar, sino hasta productos que son parte de la cadena productiva de las industrias como el caso del cemento.

Uno de los tantos casos que ha denunciado la Superintendencia de Industria y Comercio,  fue a principios de este año y estaba relacionado con las empresas Kimberly, Carvajal y Scribe por intentos en prácticas restrictivas de la libre competencia en el mercado de la papelería.

Dos de las tres empresas a las que se les formuló Pliego de Cargos se acogieron al programa de beneficios por colaboración, es decir, confesaron su participación en el presunto cartel empresarial y entregaron mails, documentos y declaraciones que revelarían su existencia y funcionamiento. Las pruebas que obran en la investigación, evidencian la existencia de un presunto cartel empresarial entre 2001 y 2014 iniciado por Kimberly y Carvajal, al que a partir del 2011 se habría vinculado Scribe.

Pero además de útiles escolares, se han denunciado casos de intentar la obstrucción de importaciones de azúcar, que terminó en sanciones a los ingenios azucareros durante el mes pasado.

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y a doce ingenios azucareros por cartelización empresarial por haber incurrido durante varios años en una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacía Colombia, concretamente Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Las sanciones impuestas por la Superindustria ascienden, en total, a una suma superior a los $320.000 millones. Sin embargo, las multas impuestas a los ingenios no superan el 7% de sus ingresos operaciones anuales ni al 7% de su patrimonio.

Es más razonable para las empresas, intentar influir en los precios de productos de la canasta básica pues son productos con precios relativamente más baratos, pero sobre todo, muchos de estos son incluso fundamentales para la canasta familiar colombiana, como el azúcar y el arroz.

Los carteles en Colombia llegan mucho más allá del azúcar, los cuadernos y el arroz pues  de acuerdo con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en la actualidad hay más de 500 agentes del mercado que están siendo investigados, debido a posibles casos de cartelización en 358 procesos de contratación pública, y que además, son investigaciones que comprometen alrededor de $3,2 billones de pesos.