Cárcel para evasores plantea el gobierno

La reforma tributaria incluye una norma que castiga con cárcel de 4 a 9 años a quienes omitan declarar activos o inflen sus deudas, para reducir el valor del impuesto de renta a pagar.

Así lo establece el artículo 24 del proyecto de reforma tributaria que acaba de radicar el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ante el Congreso de la República.

El artículo establece que “el contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con éstos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 12.966 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo anterior, afecte su impuesto sobre la renta y complementarios, su impuesto sobre la renta para la equidad CREE, o su impuesto a la riqueza y complementario, o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente”.

Se trata de la primera vez en muchos años en que una reforma tributaria incluye una propuesta para castigar con cárcel a una clase de evasores. Esta medida complementa las normas establecidas para obligar a las personas con activos en el exterior a declarar sus bienes y pagar impuestos en Colombia.

El proyecto señala que a partir del próximo año, los contribuyentes tendrán la obligación de presentar una nueva “declaración anual de activos en el exterior”.

Esto obliga a todas las personas a informarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), qué propiedades tienen en otras jurisdicciones. Para los años 2015, 2016 y 2017 se crea el impuesto de normalización tributaria, que tendrá las tasas de 10%, 15% y 20%, respectivamente, para los años mencionados y que se aplicará sobre estos activos declarados.

El paquete completo para obligar a los contribuyentes a declarar sus activos en el exterior implica, una nueva declaración, lo que hace obligatorio el registro ante las autoridades colombianas de todos los activos de nacionales en el exterior; una gavela para que la tasa de normalización (10%) sea la más baja en el primer año y, finalmente, se castiga con cárcel a quienes de manera definitiva no acepten este mecanismo de normalización temporal.