Asofondos denuncia "orangután" pensional en el Plan de Duque

La norma incluida en el Plan de Desarrollo que permitiría el traslado “express” entre regímenes pensionales tiene en alerta máxima a los Fondos Privados de Pensiones quienes han calificado la propuesta como un verdadero “orangután” en materia pensional.

Para el gremio de los fondos de pensiones, el artículo propuesto por algunos congresistas es un “regalo” para un reducido grupo de trabajadores de altos ingresos. Por tanto, el “mico” dispararía el gasto, afectaría el ahorro y no aumentaría cobertura pensional.

Se estima que esta norma beneficiaría tan solo a cerca de 172.000 personas que se trasladarían desde los fondos privados a Colpensiones para recibir los subsidios que ofrece este régimen. Sin embargo, estos traslados le costarían al Estado $50 billones.

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“Esta es la típica iniciativa de Robin Hood al revés, en la que los más pobres y el grueso de colombianos terminarían sacrificados, pagando $50 billones en subsidios para pagar las pensiones de solo 170.000 personas de altos ingresos”, advirtió Santiago Montenegro, presidente de Asofondos tras analizar los efectos que tendría el artículo en cuestión.

Según estimaciones del gremio, el perfil de las personas a quienes principalmente impactaría la propuesta, es a un grupo de trabajadores con ingresos que oscilan entre 4 y 25 salarios mínimos, con estabilidad laboral, 1.300 semanas cotizadas, en promedio, y edades superiores a los 53 años. “En ese grupo se encuentran personas de altos ingresos, es decir, principalmente gente que no necesita que se les subsidien sus pensiones”, explicó Montenegro.

Según estimaciones del mismo gobierno, una persona que cotice y se pensione con un ingreso equivalente a los 25 salarios mínimos recibe un subsidio por parte del gobierno superior a los 700 millones de pesos. Mientras que una persona de 4 salarios minimos recibe subsidios alrededor de 200 millones de pesos con cargo a los recursos del presupuesto. Es decir, los impuestos de todos los colombianos. 

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Este "mico", agregó Montenegro, “va además en contravía de los principios de equidad que inspiran este Plan Nacional de Desarrollo y que deben inspirar las políticas públicas”. Hoy cerca del 80% de los adultos mayores no tienen pensión, y es esta población la que debería recibir subsidios por parte del Estado, no quienes tienen más ingresos. 

Adicionalmente se espera que cerca de 36.000 personas que se trasladen, no alcancen a cumplir los requisitos para pensionarse en Colpensiones, por lo que la norma es una “trampa” para los trabajadores colombianos que tienen menor estabilidad laboral.

En la actualidad, la norma establece que cualquier colombiano afiliado al régimen pensional tiene como último plazo para tomar la decisión final de quedarse en el régimen público o pasarse al régimen privado diez años antes de la edad de jubilación. Es decir, tiene que tomar la decisión antes de cumplir los 47 años si es mujer o los 52 años si es hombre.

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Sin embargo, con el artículo 84 (antes 303) – incluido de manera sorpresiva en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo – la posibilidad de traslado quedaría abierta por un periodo de cuatro meses sin importar cuánto tiempo le falte para pensionarse.  Esto significa, que personas que ya están a punto de pensionarse podrán cambiar de régimen.  El problema es que, según los expertos, a quienes más les convendría este cambio es a las personas con mayor estabilidad laboral y de mayores ingresos. 

El tema es bastante polémico puesto que muchas personas que hoy están en esos rangos de edad argumentan que no pudieron tomar una decisión informada acerca de cuál régimen pensional escoger o que fueron mal asesorados por parte de los fondos de pensiones. 

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¿Qué podría hacerse con estos 50 billones?

Con esos $50 billones, que hoy no cuentan con fuente de financiamiento, podrían sacarse de la pobreza, de manera vitalicia, a 1,7 millones de viejitos que hoy están desprotegidos.

Recordemos que hoy el Programa Colombia Mayor no tiene cobertura universal en Sisbén 1 y 2, y el valor del subsidio es, en promedio 75.000 pesos, lo cual ni siquiera es la línea de pobreza extrema. Estos 50 billones, permitirían cerrar estas brechas y esta deuda social con la población más vulnerable.

El análisis de Asofondos también muestra que de ser aprobado este "mico", se afectaría el ahorro en el país, se dispararía el gasto público (y de forma mal focalizada), y “de hecho, no aumentaría la cobertura pensional, que es uno de los principales objetivos de una buena reforma de protección a la vejez”, aseguró Montenegro.

El dirigente recordó que el ahorro privado que se ha construido en los últimos 25 años, a través de los fondos de pensiones que son propiedad de cerca de 16 millones de trabajadores, ya cuenta con recursos por $244 billones, y que en este régimen es más fácil obtener una pensión; y que en caso de que el trabajador no cumpla con el capital requerido o 1.150 semanas cotizadas, tendrá una devolución de plata siete veces mayor que en la entidad pública, como se observó en 2018.

Muchos expertos consideran que este tema debe ser debatido en el marco de una reforma pensional y no de manera aislada dentro del Plan de Desarrollo dado su gran impacto. 

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