Altos funcionarios públicos deberían declarar sus activos e ingresos

Los altos funcionarios deberían por precepto declarar sus ingresos, activos e intereses, lo cual disminuiría la corrupción, según un nuevo estudio de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados emprendida por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En este primer informe mundial sobre leyes y prácticas de declaración de información financiera, titulado “Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure”, se recomienda un renovado compromiso en materia de declaración de ingresos y activos.

Así mismo, en éste se concluye que los sistemas de declaración de activos son más eficaces si los infractores están directamente expuestos a un riesgo de detección y castigo por las transgresiones que cometan.

“Los ciudadanos quieren que las autoridades actúen honestamente en relación con sus ingresos activos, como garantía de que no saqueen las arcas públicas o acumulen riquezas mal habidas”, señaló Jean Pesme, coordinador de Recuperación de Activos Robados.

Agregó que esto “contribuye a crear un entorno de integridad y de confianza en los funcionarios públicos de alta jerarquía”.

Casos recientes relacionados con sustracción en gran escala de activos han demostrado que un eficaz sistema de declaración de ingresos y activos puede constituir un instrumento de decisiva importancia para que los países detecten y recuperen esos activos.

A su vez, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigencia en 2003 y ha sido objeto de ratificación o adhesión por 159 países, instó a sus estados partes a establecer eficaces sistemas de declaración de información financiera para altos funcionarios públicos, y a considerar la posibilidad de intercambiar la información consiguiente con autoridades competentes de otros Estados.

“Esperamos que este estudio crítico no sólo ayude a los gobiernos a diseñar y aplicar eficaces sistemas de declaración de ingresos y activos, sino que además incite a adoptarlos a responsables de políticas que puedan mostrarse reacios a crear o mejorar sistemas de ese género en sus países”, afirmó Francesa Recanatini, especialista en Sector Público del Banco Mundial.

El estudio se basó en análisis realizados por la iniciativa del Mecanismo de Responsabilidad Pública del Banco Mundial sobre las leyes de declaración vigentes en 88 países y en 11 estudios de casos que se publicarán en un volumen complementario este año.