La propuesta inicial de ACOPI, es que este nuevo impuesto debería reemplazar al Impuesto a la Riqueza, el cual es regresivo y recesivo. | Foto: Cortesía.

Reforma Tributaria

Pequeños empresarios apoyan grabar dividendos

Acopi considera que este impuesto castiga a la riqueza adquirida durante años y no, como debería ser, la que se crea durante el año fiscal.

25 de noviembre de 2014

El pasado 3 de octubre de 2014, el Gobierno Nacional presentó su propuesta de reforma tributaria, con el fin de obtener recursos para los próximos cuatro años. Las necesidades fiscales para el año 2015 asciende a $ 12,5 billones, pero estos recursos pueden ser insuficientes ante el actual comportamiento de los precios del petróleo, y ante otros compromisos asumidos por el Gobierno.

Teniendo en cuenta estas propuestas del Gobierno, desde la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, ACOPI, decidieron respaldar la propuesta del senador Antonio Navarro Wolff, de cobrar un impuesto sobre los dividendos de 10% para bases gravables desde $ 42 millones.

Sin embargo, la propuesta inicial de ACOPI, es que este nuevo impuesto debería reemplazar al Impuesto a la Riqueza, el cual es regresivo y recesivo. Además, este impuesto castiga a la riqueza adquirida durante años y no, como debería ser, la que se crea durante el año fiscal.

Por consiguiente, desestimula la inversión en sectores productivos como la agricultura y la industria, fomentando la importación de mercancías que tanto daño le hacen al país.

“Apoyamos la propuesta del Representante a la Cámara Armando Zabaraín, quien plantea revivir el impuesto a la remisión de utilidades hacia el exterior, con una tarifa de 7%, el cual había sido eliminado en el año 2006. Según estimaciones, con base en datos del Banco de la República, el ingreso a las arcas del Estado por este impuesto ascendería a $ 2,5 billones al año”, señaló el informe.

La Asociación señaló que también comparten la idea de eliminar la deducción del pago de regalías en la declaración del impuesto de renta. “Por cuenta de este concepto jurídico, la nación estaría perdiendo alrededor de $ 1 billón al año”.