| 10/28/2011 1:21:00 PM

Abren investigación contra funcionarios y abogados por caso Mapiripán

La Contraloría inició investigación a las actuaciones de los servidores públicos y los abogados designados para atender demandas en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han implicado condenas por más US$10 millones.

Con el fin de evaluar la existencia de posibles conductas omisivas en la defensa judicial de los intereses patrimoniales del Estado la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra los funcionarios involucrados en el caso, que podría ser uno de los  mayores fraudes en la historia del país.

Las investigaciones darán prioridad en un primer momento a los resultados de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la Ley de justicia y paz, que durante la semana en curso concluyeron que el número de víctimas de la masacre de Mapiripán, en el año de 1997, fue mucho menor al número de víctimas mortales por las cuales fue condenada la Nación Colombiana ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

De la misma manera, se hace necesario evaluar las actuaciones de las entidades encargadas de liderar la Defensa Judicial del Estado Colombiano, frente a casos similares donde se ha condenado a la Nación Colombiana por múltiples víctimas de masacres, torturas, desplazamiento forzado, que sin desconocer su ocurrencia, pudieron ser sobredimensionadas con el fin de promover actuaciones judiciales de reparación económica, generando daño antijurídico al erario.

Corresponderá a las instancias disciplinarias y penales correspondientes, adoptar las medidas correctivas que sancionen las acciones dirigidas a menoscabar el patrimonio público a través de la conformación de falsos expedientes judiciales, que pretenden inducir a falsos razonamientos a los jueces de la causa, y a los profesionales que no desplegaron medidas de defensa idónea para proteger los Altos Intereses Nacionales.

Esta semana nuevos testimonios de ex paramilitares, que mencionaron 10 víctimas en dicha masacre y no 49, como se dijo hasta ahora, hicieron que la magistrada que lleva el caso ordenara suspender el pago de indemnizaciones.

La masacre de Mapiripán es una de las más vergonzosas de las tantas que se han dado en Colombia. Carlos Castaño quería extender su macabro imperio al sur del país. Y para eso, el 12 de julio de 1997 partieron de Urabá dos aviones con unos 80 paramilitares -con armas de fuego largas y cortas, y machetes-, sobrevolaron medio país hasta que aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde operaba la base antinarcóticos de la Policía. Otro grupo de paras se les sumó y todos emprendieron camino hacia Mapiripán.

 
La investigación por la masacre pasó en el 2001 de la justicia militar a la ordinaria. Esta procesó a tres altos oficiales del Ejército: el general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio; el coronel Lino Sánchez, al frente de la Brigada Móvil 2, y Hernán Orozco, comandante del Batallón Joaquín París. Los dos últimos destacamentos estaban instalados en inmediaciones de San José del Guaviare.

El siguiente es el panorama de las sumas que ha cancelado el Estado Colombiano por condenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
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