| 5/1/1997 12:00:00 AM

Clavados

El proyecto de reforma tributaria y otras perlas.

La última semana de abril estuvo marcada por tres noticias en el campo tributario: la decisión gubernamental de cambiar al director de la DIAN, el fallo de la Corte Constitucional que establece que la contribución especial de 1995 no debía haber sido pagada por los contribuyentes y la presentación del proyecto de reforma tributaria a consideración del Congreso.



En relación con el cambio de director de la DIAN, los gremios han solicitado incansablemente al gobierno que designe para esa entidad a alguien que, además de conocer el tema tributario, tenga un compromiso serio con la lucha al contrabando. Ojalá el gobierno no cometa de nuevo el error de nombrar como director a una persona que no conoce el tema, pues se arriesga a que la reforma tributaria se le ahogue en el Congreso y a sufrir un descalabro igual al de la emergencia económica.



En cualquier caso, el nuevo director de la DIAN tendrá que afrontar un reciente e interesante fallo de la Corte Constitucional, que establece que la contribución especial de 1995 no debió ser cancelada por los contribuyentes, al haber sido derogada por la Ley 223 de 1995. El gobierno, que le quiso poner conejo a los contribuyentes al eliminar la deducibilidad de la contribución especial, ahora tendrá que afrontar la devolución total de la misma. En otras palabras, por intentar ganarse un 35% que no le correspondía, el gobierno perdió a la postre un 100%.



Como moraleja se puede decir, que las normas en las que se pretende que con cara gane el gobierno y con sello pierdan los contribuyentes terminan a la larga en el cedazo de la Corte Constitucional, que las analiza bajo una óptica estrictamente jurídica y que, para fortuna del país, emite fallos con total independencia de la rama ejecutiva.



Y esta experiencia frente a los recientes fallos de la Corte Constitucional parece que le ha calado al gobierno, pues la reciente versión del proyecto de Reforma Tributaria, hay que reconocerlo, elimina gran parte de los problemas técnicos y de equidad que presentaban las normas de emergencia económica, al circunscribirse básicamente a los siguientes temas:



1. Tarjeta fiscal



Se dan facultades al gobierno para que mediante la expedición de un reglamento, determine qué tipo de personas y entidades deberán incorporar en su computador o máquina registradora una tarjeta magnética que almacenará información para la DIAN.



2. Ampliación del plazo de revisión de las declaraciones



Se mantiene en 2 años el término para que una declaración tributaria quede en firme, pero en el caso de la corrección de declaraciones, se consagra que el plazo de revisión de dos años se cuenta desde la fecha de la corrección y no desde la fecha de presentación de la declaración inicial, como es actualmente.



Como es apenas obvio, este cambio va a desestimular la corrección voluntaria de declaraciones en detrimento del propio fisco. Dado que las correcciones automáticas de los contribuyentes no pueden ser utilizadas sino para subir el saldo a pagar a cargo del contribuyente, el hecho de que tal conducta signifique una ampliación del término de revisión va a conducir a que ningún contribuyente corrija de manera voluntaria sus declaraciones tributarias.



De otra parte, el proyecto establece que cuando la DIAN demuestre que el contribuyente ha omitido activos o incluido pasivos inexistentes, el término de revisión de la respectiva declaración se aumenta a cinco años.



3. Bienes que no pagan tributos aduaneros



Se establece que los bienes introducidos al territorio nacional sin el pago de los tributos aduaneros correspondientes, no podrán ser tratados como costo o deducción en el impuesto sobre la renta.



Esta norma, que debería estar dirigida a quienes introducen mercancías de contrabando o a quienes las adquieren conociendo su procedencia, al estar redactada de una manera tan amplia, va a afectar a quienes importen legalmente bienes que gozan de exoneración de aranceles y a los adquirentes de buena fe.



4. Garantía para demandar



Se establece que para que los contribuyentes puedan demandar ante los tribunales los actos de la administración tributaria, se debe constituir una garantía bancaria o de compañía de seguros a favor de la DIAN, de un 20% del valor discutido en el caso del impuesto de renta, del 30% en el caso del IVA y del 60% en el caso de retención en la fuente.



Esta norma va en contra del derecho de defensa de los contribuyentes, ya que encarece la posibilidad de controvertir los actos de la DIAN.



5. Plazo para corregir las declaraciones tributarias



Se reduce de dos años a uno el plazo de que disponen los contribuyentes para efectuar correcciones voluntarias a las declaraciones tributarias. Como quiera que las correcciones a las declaraciones solamente pueden presentarse cuando conducen a aumentar el impuesto a cargo del contribuyente, el fisco siempre gana con ellas. Pues bien, con esta propuesta un contribuyente que detecte un año y medio después de presentar su declaración que debió pagar más impuestos, ya no podrá corregir su declaración.



6. Interés de mora



Se propone que por 1997 la tasa de interés de mora que está en el 37%, se eleve al 55%.



7. Responsabilidad solidaria de los accionistas



Se establece que los accionistas de sociedades anónimas que hayan participado directamente o por intermedio de sus parientes en la administración de la sociedad, y aquellos que posean directamente o por intermedio de sus parientes más del 50% del capital de la sociedad, responderán solidaria e ilimitadamente por los impuestos, sanciones e intereses a cargo de la sociedad.



8. Penalización del contrabando



Se establece la pérdida de la libertad hasta por ocho años para quien importe o exporte bienes de prohibida importación o exportación, y para quien importe o exporte de contrabando, bienes en cuantía superior a 100 salarios mínimos mensuales. Esta norma, que ha sido muy bien recibida por los gremios, le permitirá al gobierno, un día después de aprobada la reforma, encarcelar a todos los comerciantes de los Sanandresitos.



Para aquellas personas que faciliten el contrabando, mediante su distribución, transporte, almacenamiento o enajenación, se establece una pena de hasta 24 meses de prisión.



Por último, para quien declare tributos aduaneros en cuantía inferior a la que corresponde, se establece una sanción pecuniaria de 20 veces lo dejado de declarar.



9. Responsabilidad penal en IVA y retención



Incurrirán en el delito de peculado por apropiación los responsables del IVA y los retenedores que no consignen las sumas respectivas dentro del mes siguiente al respectivo mes o bimestre, según corresponda.



10. Eliminación de beneficios tributarios concurrentes



De nuevo el gobierno pretende establecer una norma con carácter retroactivo, según la cual, sobre un mismo hecho económico, no se podrá solicitar en ningún tiempo, más de un beneficio tributario. Para tal efecto, la norma define como beneficios tributarios los ingresos no gravados, las deducciones, las exenciones y los descuentos tributarios.



Como resultado de esta norma, por ejemplo, los asalariados tendrán que escoger uno solo de los siguientes beneficios: la exención del 30% de salario, la exención de la parte del salario que corresponda a gastos de representación (para los empleados del sector público), la deducción de la parte del salario que se destina a préstamos para vivienda, la deducción de la parte del salario que se destina a gastos de salud, el no gravamen de la parte del salario que se destina al ISS o a los fondos de pensiones, la exención para las cesantías o la exención de las indemnizaciones por enfermedad.



11. Retención en la fuente para los contribuyentes del régimen especial



Se establece retención en la fuente para los rendimientos financieros que perciban las fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, al igual que para los percibidos por las cooperativas.



12. Aportes a los fondos de pensiones



Se establece que únicamente gozan de no gravamen en el impuesto de renta los aportes voluntarios y obligatorios de patronos y trabajadores a los fondos de pensiones, en la parte que no exceda el 20% del salario o ingreso tributario del año.



13. Impuesto mínimo de renta



Se establece que el impuesto de renta a cargo de un contribuyente no puede ser inferior al que resulte de la renta presuntiva, afectada únicamente con el descuento por Cert y con el descuento por inversiones en empresas del río Páez. Como resultado de esta norma, las empresas que paguen impuestos en el exterior y que liquiden su impuesto por el sistema de renta presuntiva, no podrán descontar los impuestos pagados en el exterior.



Como puede verse, los grandes afectados con esta propuesta serán los exportadores.



14. Servicios técnicos



Se establece una retención en la fuente del 10% para los servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exterior, por no residentes en el país.



15. Definición de servicios prestados en el país



A pesar de que el Congreso había negado esta iniciativa en 1995, por considerarla inconveniente y antitécnica, el gobierno insiste en definir como servicios prestados en Colombia los servicios prestados en el exterior a contribuyentes con domicilio o residencia en el país. De esta forma, toda la transferencia de tecnología, los servicios profesionales, los arrendamientos de bienes muebles, los seguros y reaseguros, y en general todos los servicios técnicos prestados desde el exterior quedarían gravados con IVA.



Si a lo anterior se agrega que el gobierno establece una retención del 10% para los servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exterior, nos encontramos con que en el futuro los pagos que se realicen al exterior por tales conceptos, que en la actualidad no se someten a retención alguna, tendrán las siguientes retenciones en la fuente: 16% a título de IVA y 10% a título de renta y remesas.



Ante esta norma cabe preguntarse qué va a pasar con los negocios intensivos en gastos incurridos en el exterior, como puede ser el caso de los relacionados con telecomunicaciones o con la exportación y comercialización de productos colombianos en el exterior. ¿Estarán en capacidad estos negocios de asumir como costo adicional, un valor que puede fluctuar entre el 26% y el 48% de los pagos efectuados al exterior?



16. Elevación de la tarifa del Impuesto de Timbre



Se eleva del 0,5% al 1% la tarifa del impuesto de timbre.



17. Ley del río Páez



Se consagra que el descuento por inversiones realizadas en empresas del río Páez será del 40% y no del 100% como es actualmente.



18. Se eliminan las devoluciones automáticas



Se deroga la norma que establecía que a partir de 1998, el gobierno debía devolver de oficio los saldos a favor de los contribuyentes y liquidar intereses de mora a favor de los mismos.



Con la derogatoria de esta norma, el gobierno elimina un mandato del Congreso previsto en la reforma tributaria de 1995, que tenía el sano propósito de que los excesos de retención en la fuente fueran devueltos oportunamente a los contribuyentes, como sucede en muchos países.
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