| 7/1/1997 12:00:00 AM

Confidencias

Habrá cambio de reglas de juego en la ley de privatización de las empresas del Estado. Los ministros de Hacienda y Minas están empeñados en impulsar una reforma constitucional que anule el artículo 60 de la Constitución que le da preferencia y condiciones especiales a las empresas solidarias y de trabajadores para acceder a dichas propiedades. La gota que rebasó la copa fue la polémica generada alrededor de la privatización de Invercolsa en la que Ecopetrol puso en entredicho las condiciones favorables obtenidas por Fernando Londoño Hoyos como ex empleado de la empresa. El otro caso fue la venta de Termocartagena que quedó en manos de un grupo solidario pero al gobierno le dejó un mal sabor. A la reforma le colgarán probablemente el tema de las transferencias a los municipios.
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