| 8/1/2008 12:00:00 AM

TLC en la puerta del horno

La constitucionalidad del tratado allana el camino para su puesta en vigencia. Pero, aún hay que superar la cuesta que implica su aprobación en el Congreso de Estados Unidos.

La cara de satisfacción del ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, era evidente la noche del jueves 24 de julio, cuando se conoció la declaratoria de constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y su protocolo modificatorio. No era para menos. Esta decisión cierra, por lo menos en la parte colombiana, uno de los capítulos más largos y complejos de las negociaciones comerciales que ha realizado el país, y que arrancó el 18 de mayo de 2004.

La decisión despejó las dudas que se cernían sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional hiciera reparos en puntos específicos de la negociación, particularmente los de acceso a medicamentos, seguridad alimentaria, derecho a la salud y telecomunicaciones -entre otros-, que hubieran dado al traste con el proceso, e implicado una renegociación del acuerdo.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que, quienes sientan lesionados sus derechos fundamentales con la implementación del tratado, puedan apelar a la justicia colombiana. La implementación implicará la elaboración de leyes, decretos y normas que permitan ajustar la legislación colombiana a los compromisos adquiridos en el tratado, y podría estar lista antes de que termine este año.

Tirios y troyanos

La decisión de la Corte fue bien recibida entre los sectores que apoyaron el TLC y quienes lo rechazaron, porque pone fin a un largo litigio jurídico. Para el ex magistrado Eduardo Montealegre, "la constitucionalidad fue de todo el tratado y fue simple. La gran trascendencia del fallo es que señala que el tratado es constitucional y no tendrá que ser renegociado".

La Corte tenía tres opciones: pronunciarse sobre la integralidad del acuerdo y su protocolo; establecer condiciones en capítulos o temas específicos o hacer interpretaciones sobre algunos de los puntos contemplados. Estas dos últimas opciones habrían implicado una renegociación del acuerdo, que en últimas sería una especie de 'borrón y cuenta nueva' en los plazos.

Pero, la declaratoria de constitucionalidad no implica que las leyes, decretos y normas que se adopten para implementar el TLC con Estados Unidos no pasen por el filtro judicial y puedan ser objeto de demandas, tutelas, acciones de nulidad o acciones colectivas por parte de quienes sientan vulnerados sus derechos fundamentales.

Al presentar el fallo, el presidente de la Corte, Humberto Sierra Porto, aclaró que "la vigencia del TLC y su protocolo modificatorio no pueden suponer una mengua o eliminación de las competencias y facultades constitucionales de los distintos órganos y autoridades colombianas; sus desarrollos o aplicaciones podrán ser objeto de decisiones judiciales".

Para el abogado José Manuel Álvarez, experto en comercio exterior, ahora hay que esperar las sentencias de la Corte (C-750 del Tratado y su ley aprobatoria y C-751 del protocolo modificatorio y su ley aprobatoria), que podrían estar listas antes de dos meses, porque "estas sentarán las bases generales para la implementación del Tratado, ya que harán una interpretación y serán la carta de navegación. Creo que así se blindará el Estado, por lo menos frente a las pretensiones adicionales que puedan darse en el proceso de implementación".

Marcel Tangarife, de la firma Tangarife & Asociados, considera que la declaratoria de constitucionalidad es una señal política muy importante, que marca un hito jurídico para todos los procesos de negociación de acuerdos internacionales en que está comprometido el Gobierno. "Para mí, es un respaldo a las decisiones de apertura de mercado, porque fija los parámetros constitucionales para los nuevos acuerdos", agrega el experto.

Gobierno, gremios y expertos confían en que la decisión de la Corte Constitucional envíe una señal clara al Congreso de Estados Unidos, para la pronta aprobación del TLC. Sin embargo, habrá que esperar a que las 'luces' que mantienen encendida la campaña electoral por la presidencia estadounidense bajen su intensidad para que el TLC con Colombia deje de estar en un segundo plano.
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