| 3/18/2008 12:00:00 AM

Es el turno de la corte

En cuatro meses el país conocerá si el TLC con Estado Unidos es o no constitucional.

Apartir de este momento, la Corte Constitucional tiene 120 días para analizar los cerca de 40 escritos a favor y en contra del TLC con Estados Unidos y su protocolo modificatorio que fueron presentados ante este organismo por los gremios, algunas instituciones, el gobierno y ciudadanos del común; y el concepto del Procurador General de la Nación que al cierre de esta edición estaba próximo a ser radicado.

Tomar la decisión sobre la exequibilidad o no del TLC no será una tarea fácil. Desde ya se sabe cuales serán los temas que deberán ser examinados por los magistrados a profundidad. La incompatibilidad de las normas de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, el menoscabo del derecho a la salud por las cláusulas firmadas en materia de propiedad intelectual y la no inclusión del derecho a la libertad sindical que garantiza que los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir organizaciones, son algunos de estos.

Soberanía e integración económica
Los largos años de debate público sobre la conveniencia o inconveniencia de firmar un TLC con los Estados Unidos permitieron vislumbrar los principales argumentos de aquellos que siempre se opusieron al acuerdo. Uno de ellos, Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, asegura, en el escrito que presentó a la corte, que el tratado atropella, entre otros, los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 8 que hablan de la prevalencia del interés general, de defender la independencia nacional y concluyen que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo.
 
"¿Habrá alguien informado que crea que el TLC tiene origen en el ejercicio del poder soberano del pueblo de Colombia?", se pregunta el Senador. En el mismo sentido, Robledo asegura que el TLC viola el artículo 227 de la Constitución, pues este establece que la integración de Colombia debe ser especialmente con los países de América Latina y el Caribe, "y ya se vio cómo el acuerdo con Estados Unidos desquició a la Comunidad Andina-CAN-", dice.

Por el contrario, en el documento de defensa que presentó el gobierno se asegura que cuando el Estado colombiano solicita a Estados Unidos dar inicio a las negociaciones, lo hace en ejercicio de su soberanía nacional. Además, "en sentencias anteriores la Corte ya había analizado el tema, concluyendo que cuando se perfeccionan este tipo de tratados, la soberanía del Estado es relativa, pues este no puede invocar su condición soberana para dejar de atender las obligaciones que se desprenden del pacto", explica Marcel Tangarife, uno de los abogados que preparó el documento del Gobierno.

Por su lado, el escrito del Consejo Gremial Nacional deja claro que, aunque la Constitución Política da un mandato de preferencia para mantener relaciones comerciales con América Latina, eso no significa que no se puedan firmar acuerdos con otros países. "La Corte ya lo dejó claro en las sentencias de constitucionalidad de los acuerdos comerciales con Polonia, Hungría, República Checa y Costa de Marfil", explica el Consejo Gremial.
 
En el mismo sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá asegura, en su escrito de defensa, que el TLC cumple con los artículos 226 y 227 de la Constitución pues se trata de un instrumento jurídico internacional que ayuda a cumplir los fines del Estado en particular y a promover la prosperidad general mediante la consolidación de la expansión del comercio y el crecimiento de la inversión extranjera.

Adicionalmente, Tangarife explica que quienes han argumentado que la Corte deberá declarar inconstitucional el TLC por no estar acorde a las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), no han tenido en cuenta que ya en varias sentencias la Corte ha reiterado que estas no hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, el organismo no tiene que analizar si un tratado de Libre Comercio viola o no viola las normas de esta comunidad.

Propiedad Intelectual-PI- y derechos laborales
Estos dos temas siguen siendo los más controvertidos del acuerdo y ambos fueron sujeto de un mayor desarrollo en el protocolo modificatorio. Sin embargo, en el escrito que presentó De Justicia, que dirige el ex magistrado Rodrigo Uprimny, se asegura que a pesar de que algunas cláusulas de propiedad intelectual (PI) fueron enmendadas por el Protocolo, menoscaban el derecho fundamental a la salud. "Las tres cláusulas —vínculo patente-registro sanitario, extensión de la patente por demoras injustificadas y datos de prueba con exclusividad— constituyen una barrera a la entrada de genéricos y un consecuente incremento de los precios de los medicamentos, lo que a su vez acarrea un mayor gasto y por ende, una menor capacidad del Estado para garantizar el acceso a las medicinas y de los ciudadanos para adquirirlas", puntualiza el documento.

En este punto, la defensa del Gobierno explica que los capítulos de PI de los Tratados de Libre Comercio son una tendencia universal y están acorde a las normas ADPIC (El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). "Colombia incluyó en el protocolo algo que está ya dentro de sus normas. Por ejemplo, la protección de los datos de prueba está incluido dentro del G3 en el Acuerdo de Cartagena, declarados exequibles por la Corte Constitucional", explica Tangarife. Por otro lado, las razones de salud pública que permitirían no cumplir con las normas de PI en casos excepcionales también quedaron incluidas en el Tratado.

Por el lado de los derechos laborales, De Justicia asegura que, aunque sin lugar a dudas la introducción de una cláusula laboral en el protocolo modificatorio es un avance significativo en relación con el texto del TLC, la cláusula aún presenta un problema de constitucionalidad, consistente en que excluye algunos derechos laborales reconocidos en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Constitución colombiana. Entre ellos la exclusión más problemática es el derecho a la libertad sindical que garantiza que los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir organizaciones que consideren convenientes sin injerencia alguna del Estado. También Fabio Arias, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), asegura que el hecho de que solo pueda haber demandas y querellas entre los gobiernos no garantiza la vigencia y aplicación de los convenios de la OIT.

Tangarife dice aquí que el Protocolo adoptó mecanismos que garantizan los derechos laborales y compromete a los dos países para respetar algunos convenios fundamentales de la OIT que Colombia ya ha suscrito. El Protocolo lo único que hace es dejar implícitas estas observaciones que ya deben ser respetadas porque hacen parte de nuestra legislación. "El hecho de que los derechos de libertad no se hagan explícitos en el tratado no quiere decir que este vaya a violarlos".

Aunque se quedan en el tintero otros temas que según los escritos deberían ser revisados por la Corte a profundidad, como el de solución de controversias, seguridad alimentaria, expropiaciones indirectas y cláusula de menoscabo (ver recuadro), lo cierto es que la misma jurisprudencia de este órgano avala la gran mayoría de disposiciones que fueron negociadas en el TLC entre Colombia y Estados Unidos. En cuanto a la forma, el acuerdo cumplió con todos los requisitos y trámites previstos en la Ley 5ª del Congreso. De fondo, parece estar a 120 días de ser declarada exequible.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?