Opinión

  • | 1999/12/03 00:00

    Venezuela: revancha contra las élites

    Una crisis política profunda es un salto al vacío en materia económica. Los empresarios colombianos deberían aprender de esta experiencia.

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Es casi un hecho que el 15 de diciembre quedará ratificada por referendo la nueva Constitución venezolana. Con el mandato popular de purificar el sistema político, la Asamblea aprovechó para subvertir el orden económico. En lugar de establecer instituciones favorables a la iniciativa privada y a la transparencia, decidió cenar numerosas posibilidades de inversión y consagrar el centralismo y la intervención del gobierno en la actividad económica. He aquí los principales problemas:

Reversa de las reformas. Quedarán consagradas orientaciones fuertemente nacionalistas y antimercado que son una reversa a las reformas de la última década. Se protegerá la industria nacional de la competencia extranjera. Se promoverá la autosuficiencia alimenticia como estrategia de seguridad nacional. Se establecerá que las disputas entre gobierno e inversionistas extranjeros sean resueltas solo en las Cortes de Venezuela. Se obligará al gobierno a ofrecer pensiones sin hacer ganancias, eliminando cualquier posibilidad de una reforma seria del sistema de pensiones. Se prohíbe en forma explícita la privatización de los servicios de salud.

Rigideces laborales. Se imponen rigideces complicadas para las relaciones laborales, incluyendo pagos obligatorios por antigüedad y cesantía. Se impide cualquier forma de despido injustificado, sin precisar qué se entiende por tal cosa. Se establece que la jornada laboral no podrá exceder 8 horas diarias ni 44 semanales.

Control de la industria petrolera y los excedentes del sector. Se reserva al Estado toda actividad relacionada con exploración, explotación, refinamiento o distribución del petróleo o sus derivados. Queda grabada en piedra la tendencia reciente de utilizar la empresa pública de petróleos, PDVSA, como canal expedito de financiamiento del gobierno central sacrificando su sostenibilidad de largo plazo.

Promesas fiscales. La Constitución crea diversas obligaciones fiscales de difícil cumplimiento. Las más costosas serán el derecho universal de servicios de salud públicos gratuitos y las pensiones públicas para todos, contribuyan o no.

Según observadores locales estas obligaciones exigirán aumentar el gasto público en 8% del PIB. Colombia debería aprender de esta lección algo muy sencillo. Si el público decide que los políticos son los culpables de los grandes problemas sociales (y en buena medida lo son), habrá apoyo popular no solo para renovar el sistema político, sino también para cambiar el sistema económico. Por consiguiente, una crisis política profunda es un salto al vacío en materia económica. Los empresarios deberían adelantarse a ese momento, promoviendo ellos mismos la purificación del sistema político.
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