Una visión del futuro de Colombia

| 2/16/2001 12:00:00 AM

Una visión del futuro de Colombia

Más allá del diálogo político y la negociación, para alcanzar una paz duradera, es urgente retomar una agenda de reformas, más compleja y costosa que la del pasado reciente.

por César Gaviria Trujillo

Colombia, que hace menos de una década parecía un país en camino de la modernidad, se ha colocado a la zaga de sus pares en América. Muchos, en otras latitudes, dudan de su viabilidad misma como Nación.



Nuestras instituciones democráticas están en peligro. La incapacidad del Estado democrático para resolver los problemas sociales, económicos y políticos genera escepticismo y desencanto. Muchos ciudadanos están pasivos ante las actividades de delincuencia, de la guerrilla, la barbarie del paramilitarismo, los actos de terrorismo demencial de unos y otros, el narcotráfico, la impunidad, la miseria y la corrupción. Este es un desafío descomunal para la democracia colombiana y para la paz.



No podemos sentarnos a esperar que los sectores no democráticos, de la derecha o de la izquierda, nos dicten con las armas la agenda política, económica y social de la Nación. Es contraproducente y equivocado flagelarnos y expresar frente a la guerrilla que los colombianos somos incapaces de transformar nuestras instituciones políticas y económicas democráticamente, o que somos indiferentes frente a la desigualdad, la pobreza o frente a las debilidades de nuestro Estado democrático.



No es solo en los campos de batalla ni en la mesa de negociación donde hemos de ganar la disputa con los violentos. En nuestras fuerzas políticas y sociales debe existir una voluntad férrea para transformar nuestro sistema. Es con más participación popular, mejor distribución del ingreso, políticas efectivas contra la miseria y la desigualdad, y mayores oportunidades sociales y económicas como responderemos a las demandas y aspiraciones de los colombianos y como lograremos la paz.



Más allá del diálogo político y la negociación, para alcanzar una paz duradera, es urgente retomar con vigor una agenda de reformas, aunque sea más compleja y costosa que la del pasado reciente.



Las instituciones democráticas, su credibilidad y legitimidad, se debilitan con las enormes brechas en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Es la hora de retomar el camino de las reformas del Estado en su conjunto. Solo con un Estado fuerte, eficaz y prestigioso, podemos consolidar nuestra democracia. La verdadera revolución en Colombia no se logra con las armas, sino haciendo que el Estado funcione.



Se requiere fortalecer al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades sociales. La educación y la inversión en la capacidad productiva de los individuos deben ser el pilar de nuestro crecimiento económico. Hay que hacer de nuestro sistema educativo, por una parte, la principal herramienta para la búsqueda de la igualdad y simultáneamente tenemos que hacerlo avanzar hacia estándares internacionales de rendimiento. Así mismo, se tienen que impulsar las estrategias de conectividad que buscan dar un mayor acceso a internet a todos. Solo con la acumulación de capital físico y humano podemos mejorar la distribución del ingreso y derrotar la miseria.



Tenemos que reformar nuestras instituciones y políticas públicas para que los recursos produzcan resultados. Este fortalecimiento debe hacerse de tal suerte que los recursos no terminen desperdiciándose en la maraña burocrática, ni terminen en manos de los corruptos. Tenemos que reformar nuestras instituciones y políticas públicas para que los recursos que en ellas comprometamos produzcan los resultados de los que nuestra sociedad está urgida. Hay que remontar los obstáculos que se interponen para conseguir que el cierre o disminución de las plantas de algunas entidades públicas nos permitan trasladar recursos de un área pública a otra.



Así mismo, tiene que ser posible el diseño de políticas para que los subsidios estatales lleguen a los ciudadanos más pobres y no se queden en las burocracias de las entidades públicas que destinan los recursos a sectores económicamente privilegiados y políticamente poderosos.



Sigo creyendo en la necesidad de modernizar la justicia, afianzar la Corte Constitucional --aunque sin su activismo económico reciente-- y consolidar la descentralización. La descentralización no ha sido excesiva, como sí el mucho gasto adicional de la Nación y el optimista supuesto de que la economía tenía asegurado un crecimiento del 3%. Creo en un esquema que autorice a las municipalidades a crear su propia tributación, para evitar que el que gasta no sea consciente de las dificultades para financiar ese gasto. El dinamismo de las finanzas de Bogotá, gracias a sus esfuerzos de generar sus propios recursos, es un verdadero ejemplo. Pueden ensayarse muchas fórmulas, reduciendo la discreción al endeudamiento local, o simplificando los criterios de asignación de recursos, o clarificando las responsabilidades locales y nacionales, o ampliar a 4 años el período de los alcaldes, pero nunca quebrar el proceso de descentralización.



Hay que mejorar nuestro sistema de seguridad social. En pensiones, es necesario pasar cada vez más de un sistema de reparto a uno de ahorro. Hay que profundizar las reformas, continuar con el proceso de ampliar la cobertura y aumentar las edades de retiro. Hay que aprender del sistema de salud que se derivó de la Ley 100 y que ha logrado incrementar significativamente la cobertura, con gran solidaridad y redistribución, llegando a los sectores más pobres por medio de subsidios directos. Estos logros, que reconoce la comunidad internacional, son el fruto de un sistema pluralista de prestación de servicios entre el sector privado y el sector público, el cual permite al usuario tener derecho a la escogencia y la competencia. La vinculación del sector privado en el cumplimiento de esta función social debería tomarse como un ejemplo de cómo la eficiencia en la utilización de los recursos de la sociedad, puede lograrse por caminos distintos a canalizar todos los recursos por medio del Estado.



El tema fundamental, sin embargo, es la necesidad que tiene Colombia de acelerar su tasa de crecimiento económico para reducir el desempleo y la pobreza.



La verdad es que el optimismo desbordante que trajeron las reformas adoptadas a comienzos de los 90, sobre nuestras posibilidades de crecimiento, se vieron frustradas a todo lo ancho de América Latina.



Lo que asegura la prosperidad y el crecimiento económico y, en consecuencia, la paz social es la estabilidad y la fortaleza de las instituciones y no tanto el régimen de comercio exterior, cambiario, tributario o el modelo económico.



La globalización implica tanto oportunidades como riesgos. Dar la espalda o enterrar la cabeza como el avestruz no son estrategias inteligentes para aprovechar las posibilidades y superar los retos de un mundo globalizado. No importa qué tan tentador resulte tratar de enmendar los actuales problemas evitando la competencia, es más importante reconocer que los costos de abstraerse y no participar en la economía global son más altos que los transitorios beneficios del excesivo proteccionismo. Tenemos que prepararnos para competir en la economía global que nos ofrece oportunidades comerciales, de inversión, de desarrollo tecnológico, de intercambio cultural y acceso a la información y al conocimiento.



Es imperativo avanzar en los acuerdos comerciales que expanden los mercados a nuestros productos y nos abren un horizonte dentro de un mundo de creciente competencia global.



Colombia debe continuar expandiendo sus mercados con un acuerdo con el MERCOSUR, con el acceso al régimen de la Cuenca del Caribe, con la extensión de los beneficios del ATPA y, sobre todo, con la negociación del ALCA. Hacia adelante, no solo hay que eliminar las recientes sobretasas sino en pocos años bajar más los impuestos al comercio exterior y adoptar un esquema arancelario más uniforme, como en los países latinoamericanos que están a la vanguardia.



Hay que dar más espacio a la iniciativa privada en la provisión de servicios de infraestructura, y crear de nuevo las condiciones para un rápido crecimiento del empleo y la inversión privada. Hay que darle un marco jurídico claro que permita aprovechar las fortalezas del sector privado para ayudar a resolver los problemas de los pobres en vivienda, educación y recreación, tal como se ha venido haciendo de manera exitosa en salud.



Hay que resembrar la confianza en que el país puede volver a crecer a tasas del 5 ó 6%, a pesar de la persistencia de algunos factores de violencia. El mundo entero ha sido testigo de que eso fue posible en Colombia por décadas. Renunciar a esa posibilidad es entregarles las llaves de nuestro crecimiento a los adalides de la violencia.



Frente al desempleo es necesario avanzar hasta donde sea posible en concertación con los empresarios y trabajadores, para mejorar la flexibilidad laboral y preparar mejor a productores y trabajadores para su inserción en la economía global.



Solo recuperando el camino y acelerando el ritmo de las reformas económicas, políticas, institucionales y sociales podrá Colombia salir del marasmo. Solo retomando ese sendero reformista con liderazgo democrático, construyendo un Estado moderno y eficaz, responsable en lo social y promotor de la iniciativa privada, podrá el país encontrar su camino al desarrollo con paz y equidad. Solo con más reformas y más democracia podremos responder a las renovadas expectativas de nuestros compatriotas.
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