Opinión

  • | 1998/11/17 00:00

    Una sola cabeza

    En el manejo de la política de la competencia hay demasiadas autoridades y criterios. Hay que unificar la dirección para defender al consumidor.

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La libre competencia económica fue consagrada por el artículo 333 de la Constitución del 91 como "un derecho de todos que supone responsabilidades". Las personas tienen derecho a participar en los mercados en condiciones de igualdad y los consumidores tienen derecho a escoger bienes y servicios en condiciones de libre competencia. La Constitución propone, además, la intervención del Estado para evitar que se obstruya o se restrinja la libertad económica y para controlar "los abusos que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional".



Al aplicar la política de la competencia, el Estado debe buscar el mejoramiento de la eficiencia del aparato productivo nacional, la libre participación de las empresas en los mercados y la disponibilidad de mayor cantidad y variedad de bienes y servicios, de mejor calidad, a un mejor precio. De la aplicación de esta política depende la diferencia entre el capitalismo salvaje y la economía social de mercado.



Si bien Colombia cuenta con legislación sobre este tema desde la Ley 155 de 1959, la verdadera aplicación de una política estatal sólo se inició con la Constitución del 91. El Presidente Gaviria expidió el Decreto 2153 de 1992, que reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio y actualizó la legislación sobre promoción de la competencia.



Desde entonces hubo una explosión legislativa sobre el tema. Se creó una multitud de entidades en distintas áreas de la actividad económica, todas con la misma importancia, que aplican normas disímiles y criterios diversos sobre los mismos fenómenos. Durante su campaña, el actual Presidente prometió aplicar la legislación de promoción de la competencia existente y crear los nuevos instrumentos que ésta necesitase.



Para cumplir sus programas, el gobierno deberá proponer la unificación de la legislación de la competencia, así como la creación de una autoridad única que aplique uniformemente las normas. Se ha propuesto crear una Comisión Nacional para la Promoción de la Competencia, independiente del gobierno, que tendría a su cargo la aplicación de la política estatal de libre competencia en todas las áreas económicas.



Por economía y especialidad, las investigaciones serían instruidas por las respectivas autoridades de inspección en cada sector y correspondería a la Comisión Nacional la decisión de los casos mediante actos administrativos susceptibles de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.



La creación de esta comisión sería un avance sustancial en la defensa de los derechos de los consumidores.



* Director del Centro de Estudios de Derechos de la Competencia - CEDEC.D
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