Opinión

  • | 2008/04/11 00:00

    Una propuesta para la salvación de Ingrid

    Para producir efectivamente soluciones se podría dar el primer paso de ordenar el despeje y nombrar unos comisionados para iniciar conversaciones al momento en que entreguen viva a Ingrid.

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Un manual sobre cómo actuar ante un asaltante de un banco que tiene algunos rehenes señala que la autoridad lo primero que debe hacer es informarse de la situación interna, de las características personales del delincuente y de sus propósitos.

No es lo mismo si son dos o diez los rehenes, si son celadores o mamás con bebés, si están en una sola sala con el asaltante o encerrados en un cuarto y solo uno o dos bajo su visión directa, etc...

Más importante aún es saber si el personaje es un megalómano que quiere hacer que hablen de él mostrando que es capaz de un gran golpe, si es un enfermo de paranoia o un ser perfectamente razonable, si ha preparado el golpe con gran meticulosidad o si actúa por circunstancias de desesperación económica, etc...

Y, sobre todo, a qué es a lo que aspira: a un padre que no tiene para una operación urgente de una hija y consideró esa acción como su última instancia, se le podrá proponer la pena mínima posible y garantizar que se solucionará el problema de la cirugía que desea; pero si es un psicópata violento que ve como enemigo a la autoridad y aspira a demostrar que ella es incapaz de combatir el delito, o si el individuo padece de crisis demenciales transitorias, debe entenderse que se está ante un enfermo mental y actuar intentando aplicar la psicología para resolver la situación...

La premisa es que el propósito del delincuente no sea hacerle mal a quienes retiene y que dentro de su cálculo está su liberación. Según como actúe la autoridad puede encontrarse un posible acuerdo, o presionarlo a una acción desesperada con resultado fatal para las víctimas.

Por eso el principio es concentrarse en la suerte de los cautivos y no en la culpabilidad de los delincuentes; en parte porque esta no está en discusión, y en parte porque pensar en ella no ayuda en nada a un final acorde con el objetivo prioritario -que tampoco está en discusión-, como es preservar la vida de quienes están en poder del asaltante.

Algo similar pasa con la guerrilla. Oírla no significa ceder ante ella, pero sí es la necesidad mínima para buscar acuerdos humanitarios a favor de los rehenes.

La actitud del gobierno, sin embargo, ha sido desconocer completamente todos estos pasos y, lo que es peor, contrariarlos sistemáticamente.

Se ha dedicado la autoridad a señalar la perversidad de la guerrilla y a hacer énfasis en su carácter de delincuentes hasta llegar a la calificación máxima de 'terroristas' que, como sinónimo de 'el mal', ya elimina cualquier otra consideración, y ha desechado -y logrado que se deseche- el principio de que la prioridad es la vida de los retenidos.

La divulgación de lo que llama 'campos de concentración' o la repetición de las pruebas de supervivencia como prueba de los sufrimientos que causan, puede mostrar que la guerrilla es 'el malo', pero no ayuda a que se encuentren vías para al menos dialogar sobre la situación de esas personas. Lejos de propiciar o al menos permitir una posible interlocución, se ha mantenido en que como 'no hay conflicto armado' no hay lugar a tratamiento diferente del de perseguirlos como criminales;

Bajo el argumento de que no se debe aceptar que las armas lleven a una negociación, se ha negado a evaluar siquiera a qué aspira la insurgencia -y ha logrado que a la ciudadanía tampoco le interese-: mientras la guerrilla se ve a sí misma -o por lo menos se presenta- como el caso del padre y la cirugía de la hija, asumiendo que no hay más solución para cambiar las injusticias de este país que forzar unas reformas a nuestro Estado y a nuestra sociedad gracias a la acción que realizan, el Gobierno sigue dándoles una especie de clasificación de 'demencia que los convierte en degenerados', y no busca la estrategia y el tratamiento apropiados para intentar una salida afortunada, sino simplifica el problema a 'lo esencial es acabarlos'.

En fin, todo lo anterior se puede resumir en que el Gobierno no sigue ninguno de los pasos que la ortodoxia señala cuando se piensa en el problema de los rehenes, porque lo que tiene es una obsesión contra la guerrilla; por eso es inconsecuente con el propósito de buscar la liberación de los retenidos, pero totalmente consecuente en impedir que ese eventual propósito se convierta en obstáculo para su único objetivo cual es 'matar la serpiente'.

Estamos ahora ante el caso de Ingrid, en el que su mal estado físico y la presión internacional obligan al Gobierno a hacer o por lo menos aparentar que hace algo. Pero la habilidad y la capacidad de imaginación y de audacia del Gobierno no se orientan a la liberación misma, sino a manejar su imagen mediante declaraciones y 'decretos' que no cambian nada pero que pretenden mostrar que el gobierno cede en busca de una solución, cuando es lo contrario:

No cede ni cambia en que no hay diálogo alrededor de nada con la guerrilla: toma decisiones unilaterales dejándoles como opción someterse o quedar como quien no permite soluciones;

Se mantiene en que tiene que mostrar primero la guerrilla un 'acto de buena voluntad', solo que ahora tiene que ser la liberación de Ingrid 'y de algunos o todos los otros secuestrados';

Como en todos los casos anteriores, queda para la guerrilla la incertidumbre de qué implica como resultados: sería después de la liberación que discutiría cuántos y cuáles guerrilleros se soltarían; y el Gobierno solo puede pedir la suspensión de la pena (o liberación transitoria) a la rama judicial, la cual es autónoma en sus decisiones;

Dice que en lo que cede es en que serán liberables los culpables de 'crímenes atroces' o de 'delitos de lesa humanidad'; pero resulta que tales categorías no existen en los códigos penales colombianos;

Afirma que 'renuncia' a exigir que no vuelvan a delinquir, pero explicando al mismo tiempo que porque es innecesario hacerlo, ya que de un lado no existe nadie que por no asumir ese compromiso pueda delinquir, y de otro la ley misma pone como condición para suspender la pena esa declaración explícita;

Lo único nuevo es la creación de un fondo de US$100 millones para promover la traición en las filas guerrilleras, y la orden a las fuerzas armadas de realizar 'localizaciones humanitarias (¿

)' que no se sabe por qué las denomina así ni en qué consisten. Es claro que para la otra parte esto es lo contrario a lo que supuestamente busca el tal decreto.

Liberales Plan B ha propuesto que para producir efectivamente soluciones se podría dar el primer paso de ordenar el despeje y nombrar unos comisionados para iniciar conversaciones al momento en que entreguen viva a Ingrid; habiendo aceptado su 'inamovible', si no la liberan es porque o está muerta o porque esa exigencia era solo un pretexto para nunca avanzar, y el gobierno entonces no estaría obligado a mantener la desmilitarización. Lo que ha impedido esta solución ha sido la posición de Uribe de 'no se puede dialogar con terroristas', 'no volveremos a dar un despeje', 'no se pueden dejar en las manos de la guerrilla los habitantes de esos municipios', 'no se pueden intercambiar criminales contra víctimas', etc.; lo cual es solo un pulso con la guerrilla donde el Gobierno no podía permitir que ella gane; la inminencia de la posible muerte de Ingrid cambia eso y lo convierte en un gran acto humanitario.
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