Opinión

  • | 2004/02/06 00:00

    Una papa caliente

    La idea de nombrar a un militar como jefe del parque Islas del Rosario abre la posibilidad de militarizar el Sistema de PNN como parte de la política de seguridad democrática.

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El escándalo suscitado por la salida injustificada de la prestigiosa bióloga Clara Sierra de la jefatura del parque Islas del Rosario y el anuncio de la Ministra del Medio Ambiente sobre las conversaciones con el Ministro de Defensa para nombrar a un militar en ese cargo, así como la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, a la fumigación con glifosato en los Parques Naturales Nacionales, PNN, donde se localicen cultivos ilícitos, plantean varias inquietudes sobre el futuro de las áreas protegidas en nuestro país.

Sin duda, se trata de un tema de enorme importancia para Colombia y la comunidad internacional. Los parques nacionales -cerca del 10% del territorio colombiano- albergan la más cuidadosa selección de los ecosistemas del país, hacen parte del patrimonio ambiental de la nación y del conjunto de áreas protegidas del mundo. Son nuestro patrimonio colectivo y además banco genético de la extraordinaria biodiversidad colombiana -segunda en el mundo- y de la cual dependerá nuestro desarrollo futuro, una vez fortalezcamos nuestra capacidad biotecnológica. Muchos de ellos son simultáneamente territorios o resguardos indígenas lo que hace aún más sensible el tema.

La sola idea de nombrar a un militar como jefe del parque Islas del Rosario lleva a pensar en la posibilidad de la militarización del Sistema de PNN como parte de la política de seguridad democrática. No faltarán argumentos que digan que esta es la única forma de protección de estas áreas, dejando de lado los avances logrados en el trabajo con las comunidades vecinas y las entidades regionales, modelo hoy reconocido mundialmente como una de las mejores estrategias de protección efectiva de estos particulares territorios, como se evidenció en el pasado Congreso Mundial de PNN en Sudáfrica. A esto se suma la Resolución del CNE, por medio de la cual se autoriza la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato en los PNN, eliminando de esta forma la exclusión que ha existido sobre estos territorios.

En materia de PNN, este tema es inédito y seguramente despertará una gran polémica, no solo nacional sino internacional. Desde ya se especula que, una vez se inicien las fumigaciones, la cooperación internacional retirará el apoyo actual por varios miles de millones de pesos del cual dependen en gran parte el funcionamiento y los programas que se vienen desarrollando en los PNN.

Los colombianos siempre hemos defendido este patrimonio natural. Recordemos algunas batallas que se han librado, como cuando se trató de convertir el parque Tayrona en un gran complejo turístico, o esa otra que se produjo cuando en una de sus más hermosas bahías se quiso construir un puerto carbonífero. Las voces de protesta también fueron masivas ante la propuesta de convertir el parque Isla Gorgona nuevamente en isla prisión. En todos los casos, los colombianos

salimos victoriosos y logramos mantener la integridad de nuestro patrimonio colectivo.

Nadie pone en duda las gravísimas implicaciones que tienen los cultivos ilícitos, pero tan nefastos como ellos serían las fumigaciones para erradicarlos de estos santuarios de la naturaleza. No cabe duda de que las fumigaciones masivas han desplazado los cultivos ilícitos a muchos de nuestros PNN. Urge buscar fórmulas creativas para evitar ambas amenazas y qué mejor que, además del debate público que amerita el tema, sea el Congreso de la República el foro donde se estudie y analice la situación, ojalá en horario televisivo.

Sería paradójico que mientras los gringos, que han tenido una fuerte controversia en el comité de apropiaciones del Senado sobre la conveniencia de utilizar los recursos estadounidenses para la fumigación en áreas de PNN, se preocupan y debaten el tema, nosotros pasemos agachados.

El asunto, además, se constituye en una papa caliente para la Ministra del Medio Ambiente, quien ojalá se pronuncie al respecto. Luego de haber manejado el Plan Colombia, no hay duda de que el país querrá conocer la visión que la máxima autoridad ambiental del país tiene sobre la defensa de nuestro patrimonio natural y del interés colectivo.
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