Opinión

  • | 2006/12/07 00:00

    Una Navidad amarga

    Existe la coyuntura para una profunda depuración de la institucionalidad del país. Ojalá nuestros dirigentes entiendan que por encima de los intereses económicos, partidarios o individuales, está Colombia.

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¿Qué tanto afectarán los escándalos de la parapolítica el buen desempeño de la economía? Una pregunta que se deben estar haciendo los sectores económicos, sociales y políticos del país, y muchos de los inversionistas extranjeros.

La respuesta solo la tendremos a medida que se vayan produciendo los acontecimientos. Es difícil predecir los alcances del escándalo. Esto hasta ahora comienza. Para algunos comentaristas, la época de los carteles de Medellín y Cali y el proceso 8.000 parecen ser tímidos referentes de lo que se avecina. Así por lo menos lo ha venido interpretando Alberto Casas en la W al decir que se trata de la mayor crisis que haya vivido el país desde el 9 de abril.

Y lo que se inició con la detención de unos diputados de Sucre ya tocó las tres ramas del poder. En el Legislativo, tres congresistas de la bancada uribista están en la cárcel, varios más están en proceso de investigación, y próximamente muchos otros serán llamados a declarar ante la Corte Suprema de Justicia. En el Ejecutivo, el caso más sobresaliente es el llamamiento a juicio del ex director del DAS. Al cierre de esta edición, también se encuentra prófugo de la justicia el ex embajador en Chile, Salvador Arana, hoy buscado por la Interpol y ha tenido que salir de su cargo, de manera abrupta, el director del Instituto Nacional de Concesiones quien participó en la reunión del Nudo de Paramillo en la cual, según el senador De la Espriella, se firmó un acuerdo entre los jefes paramilitares y un importante número de políticos y empresarios. A esta situación no escapan la rama judicial y los entes de control, ante las revelaciones sobre las relaciones del Presidente del Consejo de la Judicatura y su esposa, que a su vez es la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, con uno de los capos de la mafia italiana recientemente detenido y que, según las investigaciones, manejaba negocios de Salvatore Mancuso.

A medida que se fueron conociendo estos hechos, los mercados se resintieron y el nerviosismo fue evidente, así por lo menos lo dejó ver el alza del dólar, luego de varias semanas de caída de la divisa, también la Bolsa de Valores y la desvalorización de los TES, situación que para algunos analistas es algo pasajero, gracias a la solidez que viene mostrando nuestra economía.

Sin embargo, todo parece indicar que en las próximas semanas la crisis continuará ahondándose una vez la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía arrojen nuevos resultados, producto de sus indagatorias e investigaciones; salga a la luz pública el misterioso acuerdo del Paramillo y se inicien las declaraciones de los jefes paras recluidos en Itagüí quienes han amenazado con prender el ventilador, algo que de todas formas tendrán que hacer si pretenden evitar la extradición y acceder a los beneficios que les otorga la ley de justicia y paz. Sin verdad, no habrá beneficios. Y verdad es lo que exige el país. Una verdad que permita depurar y fortalecer las instituciones. Una verdad que —como dijo el Consejo Gremial Nacional en su comunicación al Presidente de la República— debe estar en manos de la justicia, y el liderazgo político del Jefe de Estado orientado al cumplimiento de ese fin supremo.

Sin duda, el optimismo que muchos han pronosticado para 2007 con tasas de crecimiento cercanas o mayores al 6%, empieza a ensombrecerse ante las crecientes revelaciones sobre los nexos entre paras, políticos y altos funcionarios del gobierno.

He ahí la paradoja que enfrenta el país: cómo establecer la verdad, depurar la institucionalidad y mantener el buen desempeño de la economía. Pretender que estos tres factores se desarrollen simultáneamente es prácticamente imposible. Es el momento de actuar con cabeza fría y con visión de largo plazo. Por primera vez en mucho tiempo, se presenta una coyuntura singular para una profunda transformación y depuración de la institucionalidad del país. Ojalá nuestros dirigentes estén a la altura de las circunstancias y entiendan que para lograrlo es necesario hacer sacrificios pues, por encima de los intereses económicos, partidarios o individuales, está Colombia.
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