Opinión

  • | 2010/03/19 00:00

    Un terrible despertar

    Un análisis y una evaluación del modelo que hemos aplicado muestran que abandonamos el camino de buscar generar riqueza y nos dedicamos a acabar con la que teníamos.

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Como si estuviera despertando de un embrujo, el país empieza a ver lo que deja la era Uribe.

Para comenzar porque no es tan claro el resultado de la 'seguridad democrática' contra las Farc o respecto a la violencia.

Las primeras siguen vivitas y haciendo presencia en la forma que siempre lo han hecho; o sea, buscando que se les dé personería mediante actos de fuerza, de los cuales solo resultan daños para la población civil y justificaciones para que el Gobierno siga intentando soluciones represivas, aumentando la capacidad de violencia del Estado e imponiendo un control social de extrema derecha.

La reducción de guerrilleros de 20.600 a 12.900 en siete años y contra un aumento del pie de fuerza entre policía y fuerzas militares de 250.000 efectivos y un costo de casi $6.000 millones para disminuir cada miembro de las filas subversivas, no solo sería poco satisfactorio sino señalaría que las necesidades para completar el trabajo -tanto en tiempo como en recursos- están muy por encima de lo sensato para el país. Solo queda como éxito el 'poder transitar por las carreteras' protegidos por decenas de tanques.

Y una inseguridad y una violencia igual o más grande en las ciudades, mientras las mismas estadísticas que hablan de disminución de homicidios (22.000 a 16.000 entre 2002 y 2007) y secuestros (del orden de 3.000 a 700) dan cuenta de un número equivalente o mayor en desapariciones forzosas (29.000 en el periodo y 11 diarios el año pasado), las cuales suponen al mismo tiempo secuestro y homicidio pero con otro nombre. O algo similar en relación a la desaparición de los antiguos paramilitares convertidos hoy en "Bacrim" o "Bandas Emergentes".

Y en cuanto a la institucionalidad, difícil minimizar lo que significa la desaparición de los partidos, los 'choques de trenes', la cooptación de los órganos de control, la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en el Congreso. La idea de que la sentencia de la Corte 'salvó la democracia' parece hacer olvidar que un Presidente acaparó todo el poder en detrimento de la descentralización administrativa y política, comprometió la independencia judicial, atacó a la Corte Suprema de Justicia y quiso perpetuarse por medios ilegales en el poder; que se sentó el precedente de modificar la Constitución para un caso particular; que de ahora en adelante es de presumir que el periodo presidencial será en la práctica de ocho años; que no se ha ajustado el resto de la Carta a esta situación, manteniendo el elegido la capacidad de imponerse sobre los otros poderes y sobre los órganos de control; que se hundió la reforma política que era necesaria para depurar las malas costumbres; que se impidió la Ley de Víctimas dejando en el limbo la suerte de millones de colombianos; que están pendientes las reformas o las leyes reglamentarias del campo laboral, del sistema electoral, del régimen territorial, del modelo tributario y fiscal, de la estructura de los servicios de salud, las pensiones, etc.

Pero aún más grave puede ser la perspectiva económica con indicadores que dicen que en el continente tenemos el desempleo más alto, la mayor desigualdad, un crecimiento entre los más bajos, la disminución del comercio exterior más grande y, en general, muestran una situación más que preocupante.

Pero esto son solo las manifestaciones de una estructura que vale la pena entender para saber en qué estamos.

Un país avanza en desarrollo económico en la medida enque se dedica a las actividades con más valor agregado, y pasa de la extracción de recursos naturales a la explotación agropecuaria, a las industrias manufactureras, a los servicios, a la producción y explotación de conocimiento -innovación y tecnología-.

Un análisis y una evaluación del modelo que hemos aplicado muestran que abandonamos el camino de buscar generar riqueza y nos dedicamos a acabar con la que teníamos.

El presupuesto para investigación fue reducido al mínimo histórico (con casos como el escándalo de Carimagua donde se generaba el conocimiento para la explotación de la media Colombia de los Llanos Orientales) y, en la educación, el aumento de los cupos disminuyó el per cápita por estudiante y, como no se multiplica la formación de docentes de un día para otro mediante un simple decreto del Gobierno, la calidad cayó en picada (igual con la salud y el supuesto salto de cobertura de 18 millones a 44 millones de usuarios).

La industria recibió el golpe de la desaparición del mercado venezolano y la competencia de productos extranjeros favorecida por la revaluación del peso.

Las gigantescas y escandalosas utilidades de la banca no provienen de la canalización del ahorro hacia el sector productivo sino de operaciones especulativas con el dólar o con títulos del Estado (el total de préstamos ha disminuido).

La explotación agropecuaria sí se guió por algo como un modelo proyectado a mediano plazo, volcándose en subsidios para convertir el campo en un productor de agrocombustibles. Sin embargo, si algo es claro es que además de lo cuestionable de regalar dinero a los más ricos (ver Agro Ingreso Seguro), los resultados no son satisfactorios: en los últimos diez años ha sido el sector de menos crecimiento de la economía; el Fondo Nacional del Café, que hasta hace diez años poseía un patrimonio de US$2.000 millones, hoy está reducido a una décima parte, y la última apuesta a los puntos 'Juan Valdez' está al borde del fracaso, con lo cual el poderoso gremio cafetero, del cual dependía la economía colombiana, hoy recurre como en sus inicios a partidas del presupuesto nacional para cumplirles a sus afiliados (el año pasado tuvimos la cosecha menor de los últimos treinta años y hoy la zona muestra el mayor desempleo del país); peor suerte ha corrido la floricultura, que con las heladas y la revaluación del dólar ha tenido quiebras masivas reflejadas sobre todo en una hecatombe en el empleo; y el siguiente rubro en importancia, el arroz, padece lo que puede ser la mayor crisis de su historia, con el agravante de que si aún sobrevive es porque tiene el arancel más alto entre todos los que gozan de esa protección.

Y el primer renglón se volvió la explotación y exportación de recursos no renovables; es decir, nos concentramos en la actividad que menos valor agregado tiene y que lejos de generar nueva riqueza simplemente se limita a agotar lo que tenemos. Hoy el país depende del petróleo y del carbón y en menor medida del níquel y del oro. Si tomamos el conjunto del PIB sin incluir el aporte del crecimiento de esta actividad, tenemos que en vez de aumentarse ha disminuido. Y nuestra otra dependencia del recurso natural, que es nuestra mano de obra en el extranjero, en forma de remesas, se redujo a la mitad.

Pero aún más grave es que vendimos para destinar al gasto todas la grandes empresas que se habían formado a lo largo de nuestra historia, tanto la privadas como las públicas (de las veinte más grandes solo Ecopetrol y EPM son de mayoría colombiana); y entregamos nuestros mercados -y lo que ellos rentan- a la inversión extranjera (telefonía, energía, hipermercados, radio, cigarrillos, etc.), además del ahorro nacional para que ella lo maneje (bancos, fondos pensionales), de forma tal que la suerte de nuestra población está sujeta a lo que convenga en el mercado a las empresas trasnacionales (incluyendo las colombianas).

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