| 10/12/2004 12:00:00 AM

Un problema económico

Javier Fernández Riva

La solución del gigantesco problema de desmovilizar los ejércitos irregulares requeriría toda la ayuda posible de la política económica. Pero creo que recibirá lo contrario.

por Javier Fernández Riva

En su más reciente artículo en Semana María Isabel Rueda dice que nos "embutieron" a los paras. La verdad, no estoy seguro de que, cuando se trata de los capos, perdón, de los comandantes, alguien nos los embutió o, sencillamente, la "sociedad" comienza a sentir que hacen parte de ella en forma natural, con el derecho que les da el dinero. En cambio, me parece que el término usado por la periodista refleja bien lo que los capos lograron hacer con sus tropas: encajárselas al gobierno, que ahora solo piensa en cómo no atorarse.

Para los comandantes la movida es genial. Una vez decidieron acogerse a la dichosa impunidad, abandonando las actividades directas de narcotráfico para poner a trabajar sus capitales en actividades de menor riesgo, era ruinoso seguir manteniendo las antiguas tropas. Dudo mucho que pensaran pagar prestaciones o indemnizaciones por despido injustificado. Ni falta que hace, cuando el Estado se encargará de desarmar, dispersar y darles una pitanza transitoria a los desmovilizados.

¿Dispersar? Sí, porque es obvio que el gobierno no tiene la capacidad para meter a la cárcel a los desmovilizados. Para no mencionar la injusticia que sería condenar a prisión a los paramilitares rasos mientras los grandes capos se pasean por todo el país como Pedro por su casa. La alternativa, esto es, la propuesta de Alonso Lucio de integrar los antiguos combatientes irregulares al Ejército generó gran escándalo y garantizó una respuesta negativa tajante de los militares y el gobierno.

La solución de integrar a la tropa rasa al Ejército me parece sensata. Lo más parecido a tener a los desmovilizados en la cárcel es tenerlos en el Ejército, en zonas precisas, y vigilados. Creo que el costo que la comunidad tendrá que pagar en la alternativa de subsidiar a los desmovilizados vestidos de civil será por lo menos igual al que tendría incorporar a la mayoría de ellos al Ejército. Pero los costos sociales serán mucho mayores.

El primero de esos costos será el despilfarro del capital humano potencial de la mayoría de los reinsertados, muchos de los cuales se frustrarán y tornarán a la delincuencia tras intentos fallidos de integrarse a la vida civil sin haber recibido previamente una reeducación, y sin poder mostrar en su hoja de vida una etapa honorable que los haga elegibles para cargos civiles. El segundo costo importante será el deterioro de las ya terribles condiciones de seguridad para el resto de la población, cuando muchos de los reinsertados deriven hacia actividades criminales comunes. El tercero será el mensaje de desaliento que recibirán quienes sigan enrolados en las filas irregulares.

Incluso bajo las condiciones macroeconómicas más favorables, hay inmensos riesgos de que la cosa acabe mal, al no haberse aceptado el paso natural de reeducación y reentrenamiento de los desmovilizados bajo una disciplina militar. Sin embargo, una vez rechazada la opción de incorporar los desmovilizados al Ejército, habría que reconocer que Colombia enfrenta uno de los desafíos más delicados de su historia y poner la solución de ese problema en un alto lugar de la agenda económica. Que el proceso que se inicia con los 3.000 tenga éxito, esto es, que pueda extenderse eventualmente a los más de 30.000 miembros de los ejércitos irregulares, o que fracase y cunda el desaliento, tendrá consecuencias de fondo sobre el futuro del país.

Lo menos que debería esperarse es que, si Colombia todavía tiene posibilidades de crecer económicamente un poco más rápido esas posibilidades fueran plenamente aprovechadas para facilitar la incorporación productiva de los reinsertados. Pero acabo de constatar, en los más recientes informes del Banco de la República, que la autoridad monetaria considera que el país está creciendo muy rápido y que es necesario comenzar a moderar el crecimiento.

Reitero: en mi opinión la desmovilización masiva de los ejércitos irregulares es, principalmente, un problema económico. Normalmente yo diría eso con optimismo: sería cosa de definir prioridades sociales y asignar eficientemente los recursos escasos. Pero, con el récord singular de destrucción de empleo y producción de nuestras autoridades económicas, estaría más tranquilo si el problema siguiera siendo principalmente militar.
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