Opinión

  • | 1995/02/01 00:00

    Un mal político

    La corrupción tiene profundas implicaciones sobre la economía del país.

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Dentro de las malas noticias que permanentemente arroja Colombia, se destacan las numerosas denuncias de corrupción. Y Colombia, ciertamente, no está sola. El uso indebido de los recursos públicos y privados es frecuente y muchas veces usual en varios países, especialmente en aquellos que no cuentan con un desarrollo avanzado de sus instituciones y su marco regulatorio. La corrupción enoja a muchos por la inmoralidad y reclama acciones que la desestimulen y castiguen.

La corrupción desalienta el desarrollo económico cuando disminuye la competitividad de la producción. En el caso de los recursos públicos, la corrupción resulta en una menor eficiencia del gasto público. Es equivalente a una estafa al contribuyente, quien debe pagar más impuestos por la hidroeléctrica mal construida, cuyo presupuesto final resultó varias veces superior al inicial. Países donde la corrupción es extensa no pueden competir tan fácilmente en los mercados internacionales. No obstante, en algunos casos (en que el desarrollo de los sectores informales), la corrupción puede ser el resultado de la necesidad de aliviar las restricciones institucionales al desarrollo económico.

Las diversas definiciones propuestas de corrupción indican la amplitud de situaciones que abarca el concepto. En un artículo especialmente profundo sobre el tema, el conocido economista Vito Tanzi(1) define la corrupción como la falta de cumplimiento con el principio de la relación distante (Arms-length relationship), según el cual las relaciones personales o familiares no deben jugar un papel en las decisiones de funcionarios del sector público o de la empresa privada. El cumplimiento con este principio es el supuesto implícito de la mayoría de los hermosos modelos que los economistas empleamos para destacar las virtudes de la competencia y de la intervención estatal. La realidad, todo el mundo lo sabe, es que las consideraciones personales o familiares moldean las decisiones económicas de manera sustancial, especialmente aquellas originadas en el sector público.

Tanzi distingue dos casos extremos de sociedades. En una, las relaciones entre personas son distantes y, por lo tanto, se prestan poco para el desarrollo de la corrupción. En otra, todo el mundo se interesa en los asuntos de los demás y los contactos y visitas entre personas son frecuentes, configurándose así un ambiente propicio para el cambio de favores: "Hoy por ti, mañana por mí". En este tipo de sociedad, el llamado "capital social" de una persona, o sea la cantidad de "deudas" a favor de otras personas a quien la primera ayudó en su momento, es un concepto muy importante en el desarrollo de las relaciones económicas y es parte de la materia prima de la corrupción. Los diversos países se ubican en algún punto dentro de los dos extremos descritos. Si bien la distinción entre los dos tipos extremos de sociedades suele caracterizarse como de origen cultural, debemos suponer que el comportamiento o cultura depende en alguna medida de los incentivos prevalecientes en el ambiente que alberga a cada sociedad.

Lo que nos lleva a preguntarnos cuál es una agenda apropiada para combatirla corrupción. Si bien esta agenda es probablemente muy compleja, hay algunos aspectos fundamentales que merecen destacarse. En primer término, resulta importante que la sociedad cuente con un conjunto de reglas nítidas que permitan visualizar cuál es un comportamiento corrupto. Para ello debe evitarse, por ejemplo, promulgar regulaciones carentes de criterios precisos de decisión, como ejemplifican las mal aventuradas legislaciones de incentivos industriales. En segundo término, el marco regulatorio e institucional, por más preciso que éste pueda ser, debe minimizar las oportunidades que ofrece a la corrupción. En general ello significa, especialmente en el caso de países atrasados, contener el tamaño y la intervención del Estado, concentrando sus esfuerzos en actividades claramente públicas como la administración de justicia, y no en actividades como el manejo de empresas comerciales, donde las pérdidas no tienen dueño, o en el control de precios. Por lo demás, resulta importante que el marco regulatorio e institucional tenga una gran transparencia y difusión, así como una amplia aceptación ciudadana que conduzcan a que la misma ciudadanía participe vigorosamente en la fiscalización de la gestión pública, incluida aquella de los fiscalizadores oficiales.

Con un marco regulatorio e institucional apropiado en los términos anteriores, sí vale la pena preguntarse cuál es la política apropiada de represión del delito para desalentar las actividades de corrupción a que siempre estará sujeta cualquier sociedad. Con reglas claras, un Estado fuerte en las áreas legítimas que le corresponden, y una ciudadanía motivada para fiscalizar, el cálculo de las penas y de la actividad fiscalizadora adecuadas se torna significativo. En la ausencia de estas condiciones, se corre el peligro de que la represión del delito genere aún más corrupción.

En últimas, sin embargo, la voluntad estatal para desarrollar acciones efectivas que desalienten la corrupción depende de la presión política que presente la ciudadanía. Hoy por hoy, el interés ciudadano en los efectos deletéreos de la corrupción es cada vez más intenso y afecta más decisivamente la suerte política de los gobiernos. El fortalecimiento de la presión ciudadana que se genere con la libertad y el desarrollo humano en las democracias legítimas constituirá finalmente el ingrediente esencial para disminuir el desperdicio de recursos a que conduce la corrupción.
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