Esta es la clase de libro que hubiera deseado escribir, y al no ser mío no tengo por qué tener recato al recomendarlo. Les sugiero a mis lectores la obra Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia, de la profesora Cristina de la Torre. La autora es docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia y el trabajo se inserta en el esquema de esa entidad y de todas las universidades serias del mundo, donde los catedráticos producen publicaciones que aportan o desarrollan algo en la rama que enseñan.
En el contexto de su especialidad, la ciencia política, se había dedicado a lo que más ha caracterizado la actualidad latinoamericana, siguiendo desde hace más de una década la evolución de los modelos de gobierno del subcontinente. Naturalmente es un interés compartido por estudiosos y politólogos de varias partes del mundo, por lo cual no era solo una investigación sobre una persona, sino enfocada científicamente para ubicarla como un sistema referencial no dependiente de casos particulares.
La aparición de gobernantes como Menem, Bucaram, Collor de Melo, Chávez o Fujimori generó toda clase de preguntas en relación con lo que estaba pasando en los respectivos países -y en Suramérica en general-, pero también con respecto a las características comunes o la tipificación que se podía dar a esos procesos y a sus sistemas resultantes: por un lado, la coincidencia de algunos elementos como la implantación del 'modelo neoliberal' o 'Consenso de Washington' y el efecto de la 'globalización' y la intervención del FMI era obvia, pero sin ser igual de clara la relación causa-efecto que vincula lo uno y lo otro; y por otro, lo que aparece como particularidades de cada caso invitaba a buscarles raíces similares que permitieran dar una explicación teórica a esa realidad que se repetía y reproducía.
Para bien o para mal de este trabajo, la emergencia de Álvaro Uribe vino a desplazar a Fujimori, quien hasta entonces había sido el paradigma de este sistema de hacer política y de gobernar. Así se cruzó el análisis abstracto con el caso concreto, dándonos lo que en principio, respecto a lo que estamos viviendo, debe ser visto como una interpretación y una perspectiva más de carácter científico que de compromiso político. Según lo presenta el colombianista Pierre Gilhodes, "este trabajo se refiere a un gobierno en pleno desarrollo, no pretende ser exhaustivo pero constituye una aproximación para un necesario debate intelectual. No se sitúa en el terreno de la lucha política aun cuando le aporta".
Como la autora lo advierte, es justo aclarar que es apenas un borrador, una parte de un proyecto de mayor alcance que nace algo prematuramente por el propósito de contribuir a la comprensión del momento que vivimos; el material por su naturaleza es denso, y su valor como ensayo es por el contenido y la oportunidad más que como obra literaria.
Pero justamente es la oportunidad de reflexionar sobre la marcha (tanto de los acontecimientos como de la construcción de la explicación científica) lo que aporta un valor agregado a la obra.
Porque, por mucho esfuerzo que hagamos por mirar desde la distancia nuestra realidad, estamos atrapados en ella; al punto de que me siento obligado a poner pies en tierra volviendo al tema de actualidad.
Parece que por fin saldremos de la interinidad constitucional en la que nos sumergió el proyecto de reelegir al presidente Uribe, porque esa es la escueta verdad.
Habrá que esperar hasta que salga humo blanco de lo que se ha dado en llamar el cónclave de la Corte en pleno. Como alguien mencionara, ya terminaron los 'retiros espirituales' en que cada uno de los Magistrados buscó en su interior la inspiración del Espíritu Santo. Tres razones sustentan el sentido probable del fallo, al cual con infortunadas declaraciones se adelantaron el ministro Pretelt y el senador Ramírez.
La primera, la más precisa y menos discutible, los vicios en el trámite del Acto Legislativo. Es claro que uno de los 8 debates que la Carta contempla no se dio, y que además se votó directamente la conciliación sin siquiera dar lectura a su texto, y mucho menos permitiendo consideraciones al respecto. Esta es una causal insubsanable de inconstitucionalidad, y la presentación del gobierno (según la cual hubo tantos discursos, tanto tiempo de debates, o tantos millones de palabras alrededor del tema) no corrige nada, puesto que el llamado control rígido de forma que la Corte ejerce es para que se dé estricto cumplimiento a la norma procedimental, e intentar sustituir esto con otros argumentos lo único que hace es confirmar esa falla.
Los principios de ética política son otro aspecto. Condiciones de vicio se dan no solo ante lo que prescriben las normas, sino en cualquier relación humana al cambiar las reglas en la mitad del juego o al hacerlo desde el poder en favor propio (legislando para uno mismo y contrariando el principio de que la ley debe ser general y aplicable a futuro); o al comprar conciencias destinando recursos públicos a satisfacer exigencias del electorado de quien cambia su voto (caso Yidis); o cuando artificiosamente se desconoce un conflicto de intereses, votando en casos de impedimentos idénticos al que a uno lo afecta. Son estos vicios de procedimiento más graves que aquellos de simple trámite puesto que sientan precedentes de descomposición que van más allá del caso mismo.
Por último, aunque en derecho cuando hay una causal de nulidad no es necesario estudiar otras, sería de esperar un pronunciamiento respecto a la competencia del Congreso en materia de Reformas Constitucionales. Ya se ha establecido que la Corte valida una reforma cuando se mantienen los elementos fundamentales de la Carta vigente pero no cuando los sustituye. En este caso, tanto en lo relacionado con otorgar al Presidente posibilidades que hoy no están contempladas, como con delegar en el Consejo de Estado atribuciones ajenas a su órbita, se está alterando lo que es la doctrina política y la estructura de la Constitución, ya que ellas giran alrededor de la división de poderes y los controles que la garantizan; el punto no es la profundidad del cambio (cuánto se modifica el poder presidencial o el de la justicia administrativa), sino si uno de los poderes (el Congreso) puede imponer cambios a la distribución que establece el Estatuto Superior, o sea, si tiene una posición de poder sobre los otros poderes.
El contraargumento, político y no jurídico, es que las encuestas señalan que la ciudadanía respalda mayoritariamente la reelección del doctor Uribe, argumento que nos saca del propósito de los Actos Legislativos, puesto que la reforma deja de ser el fin para convertirse solo en un medio, y del esquema democrático que nos rige, al proponernos un régimen plebiscitario en el que por su naturaleza no se tramitan estas reformas en el Congreso. La máxima de 'el pueblo es soberano' con la que se pretende legitimar las falencias jurídicas del Acto Legislativo se aplica pero al revés: el constituyente expidió una Constitución y creó una Corte para que velara por su integridad; si se apela al poder del 'pueblo soberano', solo él puede sustituir esa Constitución o relevar a esa Corte de ese deber.