Opinión

  • | 1999/03/26 00:00

    Un aprendizaje difícil

    El modelo del banco central independiente necesita un mayor apoyo de la colectividad.

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La controversia sobre la flexibilidad que debería tener la banda cambiaria ha revelado la dificultad que existe para precisar cuál debería ser la política en esta materia. Gracias a los artículos de algunos de los mejores economistas del país, la opinión pública aprecia ahora mejor que antes las interdependencias entre déficit fiscal, tasas de interés, tipo de cambio, empleo y crecimiento. Así, el modelo analítico que integra estos elementos terminará siendo el centro de atención, en particular sus restricciones institucionales internas. Por esto, la controversia debe ser bien recibida. Sin embargo, detrás de ella hay otra discusión que podría terminar por ser aún más importante en términos de sus consecuencias de largo plazo.



Se trata de la relacionada con el marco institucional que subyace a la discusión sobre la amplitud de la banda. Ese marco institucional es el que desde 1991 separó las responsabilidades macroeconómicas asignándoles al Banco de la República el manejo monetario y cambiario, y al Ministerio de Hacienda el manejo fiscal. Desde ese momento, quedó planteada una solución constitucional bajo la restricción de responsabilidades separadas frente a posibles desalineaciones entre la tasa de interés y el tipo de cambio. Ese nuevo marco constitucional fue un gran avance y la mayoría de los economistas colombianos lo seguimos apoyando.



Aunque este marco ha resistido pruebas difíciles, la verdad es que sólo ahora enfrenta su desafío decisivo. Nada menos que responder al clamor de una tasa de desempleo que seguirá subiendo, de un crecimiento económico que seguirá bajando y de una incertidumbre cambiaria que no desaparecerá. Frente a este panorama, la presión será enorme para bajar las tasas de interés y/o para devaluar en busca del crecimiento en las exportaciones. El ajuste fiscal vía menor gasto podría pasar a ser secundario o, peor aún, sucumbir al asedio de presiones inspiradas en expansiones keynesianas. Resistir estas presiones será la verdadera prueba para la autoridad monetaria y para el Ministerio de Hacienda.



Sin duda, éstos son dilemas difíciles. Pero esto no es lo realmente importante. Lo de fondo es que se suponía que no había que llegar a esta encrucijada. La separación constitucional de responsabilidades partía del supuesto de que, cuando el desfase fiscal llevase la tasa de interés a niveles que amenazaran tanto el crecimiento como la estabilidad financiera, la lógica colectiva daría apoyo político a la corrección fiscal. Pero no ha ocurrido así. No ha habido suficiente apoyo político para la corrección fiscal. Los últimos ministros de Hacienda, todos y desde luego el actual, han cumplido una encomiable tarea en busca de que el ajuste fiscal prevalezca sobre el cambiario y sobre una desordenada corrección mediante la recesión y el desempleo. Pero su poco éxito sugiere que todavía no están dadas las condiciones para pensar que los supuestos del modelo constitucional sean del todo válidos.



¿Quiere esto decir que el marco constitucional de separación de responsabilidades debería ser cambiado? No. Esta sería la peor de las conclusiones. Si, como lo afirman la mayoría de los expertos en economía institucional, éstos son procesos y "juegos" de aprendizaje, la pregunta es qué lección se puede extraer. Una muy clara y con un doble contenido. Se logró un gran avance al separar institucionalmente el manejo monetario del fiscal. Pero se subestimó el poder que tendrían los intereses específicos sobre los de la colectividad. La lección que el país está aprendiendo es que en el sector público se han creado condiciones propicias para que prevalezcan los intereses de grupo sobre el interés colectivo. Se está descubriendo que hay debilidades institucionales para evitar que los pasivos de la banca oficial se conviertan en costos fiscales.



Todo esto fue un error. Pero no fue grave. Al menos no lo es todavía. El riesgo que ahora se corre es el de que la presión política obligue al Banco de la República a tratar de estimular la economía inyectando liquidez, ampliando la banda cambiaria y resignándose a la apuesta faustiana que le ofrecerá crecimiento y empleo con moderado aumento de la inflación y controlada devaluación.



El nuevo y más grave error sería no reconocer que las fallas no están ni en el Banco de la República ni en el Ministerio de Hacienda, sino en la incapacidad institucional del país para resolver el problema fiscal en su origen. Si se amplía la banda y si el colapso de la economía finalmente baja las tasas de interés, pero se deja intacta la causa política del déficit fiscal, será poco lo que se habrá ganado.



¿Cómo salir de esta encrucijada? La respuesta a esta pregunta tiene tres elementos. Primero, no ver esto como un problema del "debería ser", sino como uno de economía política. Es decir, nada se gana descalificando moralmente a los rent-seekers del sector público. Corresponde entender en qué condiciones ellos pueden determinar endógenamente las políticas públicas del país. En segundo lugar, aprovechar las facultades que la Ley 489 de 1998 le confirió al ejecutivo en materia de reestructuración del sector público. En tercer lugar, informar a la opinión pública sobre los casos más extremos de "captura" de los recursos públicos. La divulgación de esta información contribuirá a completar los mercados económicos y los mercados políticos y a mejorar la interacción entre los dos.



Por último, mientras no se perciba que hay un enorme potencial de dividendo político en enfrentar esos intereses, será muy difícil que el país haga la necesaria corrección fiscal, evite la volatilidad cambiaria y pague el precio de un ajuste vía una desordenada recesión. Hasta ahora, el incentivo del premio político a ese liderazgo está por ser reconocido y aprovechado.
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