Opinión

  • | 2007/11/23 00:00

    Toma más actualidad el caso del Palacio de Justicia

    ¿Hasta dónde llegará este juicio? Esto fue lo planteado por los familiares de los desparecidos, al exigir que se sindicara a los generales hasta ahora no llamados y al Presidente Belisario Betancur.

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Con motivo del 22 aniversario del holocausto (hoy diríamos hecatombe) del Palacio de Justicia, se han suscitado distintos temas y explicaciones.

Ante todo, la pregunta de '¿por qué ahora ' o '¿por qué hasta ahora' aparecen los juicios. Lo primero se responde con lo segundo: ni la verdad histórica ni la verdad judicial podían ser ocultadas indefinidamente; pero, desde el punto de vista del 'establecimiento', tampoco se podían profundizar antes de que, como lo dice la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema, su revelación no fuera "sino con fines académicos e históricos, y no judiciales" (por la figura de la prescripción, ningún delito es enjuiciable después de 20 años de cometido).

Quienes asumían que lo anterior hacía que ese proceso de buscar la verdad no tendría consecuencias, se encontraron con la sorpresa de que sí procedían los juicios contra los mandos del operativo adelantado por las fuerzas oficiales. Esto también tiene su explicación clara: el juicio que se les abre no es por torturas, ejecuciones extrajudiciales, homicidio fuera de combate, eventuales secuestros, etc., aunque quedó establecido que esos se cometieron durante la 'retoma' (pero que están cobijados por la prescripción), sino por la desaparición forzada de los trabajadores de la cafetería.
 
La tipificación de ese delito, consistente en el hecho de que la víctima no aparezca, hace que sea una modalidad de delito continuado, es decir que se sigue ejecutando mientras no se sepa la suerte del desaparecido, razón por la cual no ha prescrito. Absurdamente, se había asumido que el juicio no se debía adelantar mientras se investigaba dónde podían estar los restos de la víctimas, pero la prueba de salida con vida del magistrado auxiliar Horacio Urán (quién había sido presentado como muerto en el combate), de Carlos Rodríguez (jefe de la cafetería) y de Cristina Guarín (quien hizo un reemplazo ese día), y la confirmación de la captura de la guerrillera Irma Franco y su manejo por las fuerzas oficiales, desencadenaron la acción de la Fiscalía.
 
La otra característica de la 'desaparición forzada' es que el responsable solo se puede encontrar por deducción de indicios (usualmente las personas que se lo llevan o con las últimas que se sabe tuvo contacto); en este caso, al excluir la posibilidad de que las hubieran sacado los guerrilleros, y al ser absurdo proponer que se trataba de una 'autodesaparición' (como hizo alguna vez el Presidente Turbay respecto a 'autotorturas'), lo elemental es que los responsables fueron las fuerzas oficiales.
 
Y como en razón del principio de 'obediencia debida' los subalternos ni pueden incumplir una orden ni ser llamados a responsabilidad por sus consecuencias, desde el punto de vista penal es automático que los sindicados sean los oficiales de las fuerzas armadas en la línea de mando del operativo (y en principio a lo largo de la jerarquía hacia arriba, mientras no se demuestre una decisión autónoma o una insubordinación). El parecido con los casos de lesa humanidad -que tampoco prescriben- da actualidad al tema.

Y lleva a la siguiente inquietud: ¿hasta dónde llegará este juicio? o ¿hasta dónde debe llegar? Esto fue lo planteado por los familiares de los desparecidos con el que llamaron "Muro de la Impunidad" en la Plaza de Bolívar, al exigir que se sindicara también a los generales hasta ahora no llamados y al Presidente Belisario como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (lo cual absolvería la famosa pregunta de si hubo minigolpe o solo vacío de poder).

Pero toma actualidad el tema de Palacio también alrededor del debate sobre el delito político, o más correctamente sobre sus delitos conexos. Posterior a la amnistía e indulto otorgado por el Congreso a los miembros del M19, la juez sin rostro (en ese momento no se sabía que era una dama) encargada de las investigaciones consideró que el incendio no era un delito conexo con la sedición o rebelión y en consecuencia llamó a juicio a la cúpula de esa organización.
 
Para esa época no existía Corte Constitucional y la jurisprudencia sobre interpretación de la leyes establecía que en caso de que una ley pudiera entenderse de diferentes maneras el sistema para resolver su sentido sería sucesivamente su tenor literal, su inserción dentro del contexto del resto de la misma, el acudir a la historia de su formación en los debates, etc. O, en últimas, que la máxima autoridad exegética sería una de las funciones del Legislativo; en razón de esto una sesión especial del Congreso determinó que el incendio sí estaba 'subsumido' (fue el término utilizado) en el delito de rebelión y por lo tanto sí era cobijado por el indulto.
 
Hoy, la Corte Constitucional, como máximo intérprete, considera que el homicidio no es conexo al delito político (o como dicen, que este último solo podría considerarse como tal cuando se produzcan desfiles de protesta no autorizados y/o, como lo plantea el Comisionado de Paz, que el delito político no existe).

Y el tema es aún más de actualidad en referencia a la intervención del Presidente Uribe ante las palabras del presidente de la Corte Suprema con motivo de la ceremonia de aniversario. Se debe partir de la base de que ni era de su competencia ni fue procedente dicha manifestación (porque no es función del Presidente de la República calificar la actuación del presidente de la Corte, ni se puede considerar que delitos establecidos como las desapariciones forzadas se realizan 'actuando como institución en defensa de la Constitución').

Pero además, la afirmación de que no se pueden equiparar las Fuerzas Armadas oficiales con los grupos terroristas o subversivos es plenamente válida, pero no solo en cuanto al respeto y la legitimidad que se le debe reconocer sino también en cuanto a la gravedad de los delitos que se cometen: no es discutible que quien actúa a nombre de la sociedad y con el poder que esta le ha dado es mucho más grave que el de quien lo hace al margen de ella, y así lo entiende toda administración de justicia.
 
De ahí que, según la perspectiva que se tome, para unos lo que mostró el doctor Uribe es cómo se descontrola y reacciona ante los 'golpes' que recibe (la judicialización de Rito Alejo a quien ha exaltado y defendido a pesar de las acusaciones por paramilitarismo; la sindicación contra el senador Zapata, en alguna forma uno de los pocos estandartes que le quedaban en Antioquia después de su primo Mario; el reciente informe sobre ejecuciones extrajudiciales emitido por la comisión internacional ocupada del tema; o el mismo resultado de su intervención en las elecciones en Bogotá y la consecuente denuncia); para otros lo que prueba son sus habilidades políticas al 'lograr'' matar dos pájaros de un tiro': por un lado continúa así su estrategia de cuestionar a la Corte que le estorba al ejercer su función de control y contrapeso como lo asigna la Constitución y al insistir en juzgar a los parapolíticos (que mal que bien son vistos por muchos -en especial internacionalmente- como en alguna forma sus aliados), y por otro se acerca más a las Fuerzas Armadas en el mal momento que pasan, cuando a sus miembros los llama la Justicia para responder por vínculos con los paramilitares, por el genocidio de la UP y por el mismo caso del Palacio de Justicia.
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